En afán de tener respuestas a tanto drama, husmear en estas tramas de una justicia que no era tal, nos metía en el pasado de esa institucionalidad de negación total. Y en el mismo marco de la excepcionalidad democrática, que era esta de los golpes de estado, nos encontramos con ejemplos mayores y ancestrales a esta realidad de una estructura del estado basada en la discriminación social, política e ideológica. Buceamos en el inicio del golpismo con fecha del 6 de septiembre del 1930. Lo promovió y encabezó el general Uriburu, hombre de la extrema derecha, imbuido de la ideología fascista y que vociferaba que el gobierno debía ser ejercido por las minorías supuestamente superiores en saberes y condición social, menospreciando a las mayorías «analfabetas, inmersas en la desidia y la vagancia». Estos conceptos discriminatorios tuvieron su cumbre con la decisión de la suprema corte de justicia el 10 de ese mes de setiembre, reconociéndolo como presidente de la nación mediante una célebre y cuestionada acordada, que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto, que los justificaba con pretensión de darles una pátina de legitimidad jurídica.

Y hay algo más; en un texto titulado «Estado y derechos humanos, instrumentos jurídicos para la represión política» del doctor Carlos Zamorano, abogado, ex-preso de la dictadura y actual co-presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, encontramos párrafos del pensador marxista argentino, el doctor Alberto Kohen, quien expresa «que el poder judicial refleja las necesidades de aplicar coactivamente la norma por las clases dominantes…Este derecho consagra la propiedad privada en nombre de la igualdad ante la ley la libertad contractual, sometiendo el poder del estado a la ley, «su» ley, que ahora es presentada como expresión de la «voluntad general». Una vez que surge históricamente el estado, «cobra la apariencia de imparcialidad y neutralidad, como representación de la ley (supuestamente) frente a todas las clases». Zamorano resalta que Kohen recuerda que la constitución de 1853 «fue el compromiso de la burguesía y los terratenientes, bajo el predominio de estos últimos, para la organización nacional en los moldes del régimen de producción predominante», es decir agro-ganadera, por lo que necesitan presentar «sus» intereses como los de «todo el pueblo». Y ello, agregamos nosotros, bajo el paraguas de las normas jurídicas. De un estado, de un poder «situado por encima de la sociedad a efectos de amortiguar el conflicto: así nacieron el ejército, la policía, cárceles, magistraturas, legislación, todos instrumentos de la violencia de la minoría opresora sobre una mayoría de oprimidos», pensamiento este del jurista argentino S. Schmerkin que también transcribe Zamorano en el dicho trabajo.

Por eso la democratización de la justicia, como lo pretenden los proyectos de leyes – ya aprobados por el congreso en una primera instancia – del oficialismo tienden a atenuar la visión de clase de un poder que responde a las minorías y hace de «la igualdad ante la ley», un privilegio de aquellas. Estos privilegios son los que defienden los que desaforadamente transpiran odio contra lo que, en realidad, serán lentos avances hacia una justicia para todos.