También resulta preocupante el cuestionamiento al juez Ramón Pérez Pesce por otorgar hábeas corpus, en el marco de discursos que cuestionan las garantías y los derechos humanos, con una idea desviada de la seguridad que pretende confrontarla con las garantías constitucionales y la plena vigencia del estado de derecho. Las avanzadas de este tipo de cuestionamientos es el tradicional derechoso diputado Cassia y con señales similares de elementos como Osvaldo Quiroga, padre de un joven – Matías – asesinado alevosamente en un atraco. Aquel y este, «emperrados» en que el garantismo para los reclusos sea arrasado de raíz. Por eso los periódicos exabruptos contra jueces como Pérez Pesce.

Tampoco se han realizado las investigaciones pertinentes relacionadas con la destrucción del friso con los nombres de nuestros compañeros frente a Tribunales, ni los actos de persecución contra los abogados querellantes y el fiscal de los juicios por delitos contra la humanidad que se terminaron en la sentencia condenatoria de los genocidas el día 22 de marzo.

En todos estos hechos que nos parecen graves y coincidentes en marcar un perfil autoritario y ajeno completamente al acuerdo para la seguridad democrática, política respaldada por el gobierno nacional, no existe coherencia en los funcionarios del gobierno provincial del ejecutivo tanto de la cartera de seguridad como la deseable respuesta por parte del área de derechos humanos.

Con respecto al oscurantismo religioso, especialmente el católico, también bajan desde la cima del gobierno, o sea del mismo gobernador, señales de que una especie de espíritu santo beatifica algunas decisiones como la de mandar a los legisladores justicialistas que voten en contra del llamado protocolo por el aborto, promovido por el ejecutivo nacional. Y lo peor también, las incursiones en algunas aulas escolares de la educación pública, como lo que se acaba de denunciar en el diario digital MDZ, debido a la pluma de su redactor Alejandro Frías, quien relata que, por ejemplo, en una salita de una escuela que no identifica, al parecer campea el catecismo. Uno de esos chiquitos llega a su casa y al momento del almuerzo dice que hay que rezar, como dice la maestra. Y lo mismo ocurre en otras circunstancias, llegando a la conclusión los padres, con mucha bronca, que en esa escuela se arrasa con la ley que dice que la escuela pública es gratuita, obligatoria y laica. Para colmo, reciben también un formulario en que entre otros datos requeridos es sobre «qué religión practican». Es que se ratifica nuestra denuncia ya realizada hace tiempo, de que el catolicismo apunta fundamentalmente a entrometerse en la educación pública apuntando, lógicamente, a la fácil penetración ideológica en conciencias «tiernitas», como son los alumnos primarios.

Ojo, no nos alineamos en una crítica desestabilizante, ni mucho menos. Entendemos que la institucionalidad en manos del gobierno provincial se aproxima muy íntimamente a las políticas populares y nacionales. Por el contrario, estamos en la misma vereda pero con exigencias para que lo bueno se profundice y lo malo se elimine.