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Feb 10, 2013 La Quinta Pata Solidaridad Comentarios desactivados en Por el cese de la persecución judicial a Eduardo Sosa
Los empresarios de Coro Mining, cuyo proyecto extractivo (mina San Jorge) fue rechazado por la comunidad de Uspallata y por el estado mendocino en 2011, decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero. En este caso nos referimos a Eduardo Sosa (presidente de la ONG Oikos Red Ambiental).
Efectivamente, la empresa Coro Mining inició una querella contra Eduardo Sosa, aduciendo que algunos de los argumentos en los que este fundaba su rechazo al proyecto San Jorge lesionaban el buen nombre de algunos de sus directivos. Vale la pena mencionar que Sosa nunca se refirió a ningún directivo en particular y que sus argumentos, lejos de ofender a nadie, señalaban hechos que son del dominio público. Por otra parte, ¿qué legitimidad tiene una empresa como Coro Mining para denunciar por “daño moral” a una persona, después de haber generado grandes conflictos y divisiones en la comunidad de Uspallata? Aquí el único daño moral lo ha provocado Coro Mining, a través de la contaminación social de Uspallata, que oportunamente hemos denunciado.
Pero no debe extrañarnos el accionar de Coro Mining, ya que este es una copia de lo que hacen otras transnacionales mineras en diversos lugares del mundo: intentar amedrentar por todas las vías posibles a quienes se ponen en su camino. En este sentido entendemos que la demanda a Eduardo Sosa es un ataque a todos los mendocinos que a lo largo y a lo ancho de la provincia nos opusimos, nos oponemos y nos opondremos a las mentiras de los grandes capitales megamineros.
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Por este motivo, esperamos que la justicia actúe correctamente y no permita que Eduardo Sosa sea condenado. Esto representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la justicia. Asimismo, solicitamos que los legisladores trabajen para aprobar leyes que eviten en el futuro que corporaciones multinacionales atenten contra la libertad de expresión de los ciudadanos y los defiendan de los embates que buscan restringir este derecho.
Además, le hacemos saber a todas las megamineras y demás empresas que contaminan, saquean y corrompen que este pueblo y sus ciudadanos no les tememos, que cada vez somos más, y estamos más organizados. Y que no vamos a permitir que acallen nuestras voces.
¡No a la criminalización de la protesta!
¡Fuera la megaminería y el modelo extractivo de Argentina y América Latina!
¡Al igual que el agua, la tierra y energía: la justicia tampoco es una mercancía!
Adhesiones:
Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP); Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza; Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes Lujan de Cuyo; Asamblea Maipucina por el Agua; Asamblea de Las Heras por el Agua; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán; Autoconvocados de San Carlos; Asamblea por el Agua de San Rafael; Asamblea de Tupungato por el Agua; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata; Asamblea por el Agua de Guaymallén; Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes; Fundación Cullunche; Partido Socialista; Sur para la Emancipación; PCR; PTP; Coalición Cívica-ARI.
También:
MIR; Unión de Trabajadores Rurales y Sin Tierra (UST); Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI); Vía Campesina.
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