María fue procesada por abandono de persona seguido de muerte. Al momento de su detención estaba amamantando a su beba de 2 meses de la que fue separada.

Su concubino, Demetrio Ayala, padre de varios de los chicos, vendió las pocas pertenencias que tenía la familia y desapareció sin hacerse cargo de los hijos. Vecinos y familiares de María denunciaron que Ayala es una persona muy violenta, sin embargo, el juez de instrucción, Roberto Saldaña, no investigó su responsabilidad en el hecho, aunque sí consideró su testimonio para incriminar aún más a María.

Federico Rodríguez, un fiscal polémico con denuncias de violencia contra las mujeres, fue quien sostuvo la acusación. Tanto él como Saldaña se opusieron a la excarcelación alegando el riesgo de fuga.

Durante el proceso tuvo que soportar todo tipo de agravios por parte del juez y del fiscal, y tras 20 meses en prisión, María finalmente fue absuelta por el tribunal, que no encontró pruebas para condenarla y ordenó su libertad.

La causa María Ovando, además de desnudar la terrible situación de vulnerabilidad y de riesgo en la que viven miles de familias en la provincia de Misiones (y en el país en general), pone de manifiesto cómo el derecho penal es utilizado como una herramienta disciplinadora de los sectores más vulnerables, tornándose aún más perversa su utilización –en este caso – por la condición de mujer pobre y analfabeta.

El estado fue rápido para encarcelar a esta madre, pero no fue tan eficaz a la hora de brindarle ayuda y contención. Al parecer, la gente olvidada se empeña en vivir demasiado lejos, tanto que no figura en los mapas de los gobernantes.

Hay que tener presente que la pobreza no es el resultado de la buena o mala suerte de la gente, sino que es el producto de las decisiones que toman – o dejan de tomar – las autoridades. Y esta pobreza no solo es en sí misma una violación a los derechos humanos sino que es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de otras violaciones de derechos humanos, pues la marginación social impide defenderse y hacer valer los propios derechos.

En este sentido, resulta indiscutible que nadie puede existir y realizarse plenamente como ser humano si no se le garantizan las condiciones mínimas de dignidad vital, por ejemplo, los derechos referidos al trabajo y salario adecuado, educación, salud, vivienda y seguridad social, y el estado está jurídicamente obligado a adoptar medidas de acción positiva en ese sentido.

Hoy María está en libertad. Si bien ya pudo ver a algunos de sus hijos, todavía le queda realizar una serie de trámites para recuperar la tenencia de los menores. Durante su detención, trabajó en la panadería del penal, aprendiendo el oficio y sostiene que a eso se quiere dedicar en el futuro. Su abogada adelantó que evalúan realizar una presentación ante el estado provincial para que le entregue una casa en Posadas, donde ella quiere vivir junto a sus hijos y nietos, alejada de Colonia Delicia, el lugar donde murió Carolina y donde María fue estigmatizada.

El caso de María Ovando es el resultado de una grave criminalización de la pobreza. No es la historia de una mujer que abandonó a su hija, es la de un Estado que abandonó a una mujer golpeada y a sus doce hijos sumidos en la más extrema miseria.