Empresarios militantes del horror genocida (II)

Oct 21, 2012 La Quinta Pata Nacional Comentarios desactivados en Empresarios militantes del horror genocida (II)

Agustín Sur

Según los obispos católicos latinoamericanos (y curas del tercer mundo) reunidos en Puebla, México, en 1979, el capitalismo «es una doctrina condenable porque consiste en la exaltación incondicionada del orden y de la seguridad como valores absolutos (…) sin cambios, incluso con resistencia al cambio. El orden y la seguridad incambiados de una sociedad plagada por la injusticia, las desigualdades, las discriminaciones, los privilegios, la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas; la opresión, el analfabetismo y la desculturización. Una sociedad con todas sus carencias, pero que al mismo tiempo sobrevalora el tener sobre el ser de las personas, a las que se empuja para que encuentren su identidad en la adquisición de bienes que no pueden comprar. Una sociedad dominada por la angustia tantálica de masas acuciadas y a la vez frustradas por el ilimitado espejismo consumista».

Las políticas de la dictadura genocida, un orden y una seguridad que solamente alteró la cuantificación de las injusticias y las desigualdades y necesitó de la represión para estratificarse. Pero esta ideología no es estrictamente militar. Se ha dirigido a la formulación y a la estructuración de un estado jerárquico, autocrático, autoritario que ha utilizado el terror, la represión, para garantizar la realización de sus objetivos. Considera a los seres humanos como meros objetos alienados de la propia realidad, partícipes de un juego en el que los únicos que conocen el destino final son quienes se consideran informados por esta ideología.

Es entonces que se comprueba, como factores primeros de una historia de represión y muerte, como lo fue la Argentina de los ‘70, a los sectores civiles, el del poder real, como lo son los que ostentaban – y ostentan – el poder económico y financiero.
En Mendoza, gran parte del estamento empresarial estuvo a tono de sus pares del resto del país en cuanto a su complicidad y participación concreta en el terrorismo de estado. Los agrupados en la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, aprobaron, apenas producido el golpe, un mensaje de la entidad haciendo público su apoyo y exhortaba a sus afiliados y a todo el empresariado mendocino en general a «cumplir fielmente las disposiciones impartidas en los comunicados dados a conocer por la junta de comandantes de las fuerzas armadas, que han asumido todo los poderes de la nación. En cumplimiento de sus funciones específicas es un deber ir acompañando de auténtico sentido y carácter patriótico, afirmando nuestra fe en el gobierno argentino, procediendo con real vocación de servicio…»

Estas apoyaturas a la dictadura dejaron su saldo de excluidos, torturados, asesinados, desaparecidos, exiliados. En las grandes empresas se confeccionaron «listas negras» y los nominados fueron despedidos, amenazados, y si eran cuadros gremiales, dirigentes de base, «marcados» y denunciados por «subversivos», convirtiéndolos en víctimas, tan solo por representar la lucha de las reivindicaciones legítimas de sus representados, los trabajadores. En el sector público las exclusiones – víctimas de todo nivel – se ensañaron especialmente en la docencia. En la empresa estatal Giol, las medidas fueron drásticas y en octubre del ‘76 fueron encontrados asesinados los dirigentes obreros de SOEVA (Sindicato de Obreros y Empladaos Vitivinícolas) Antonio García y Héctor Brizuela, que pertenecían al plantel de obreros de dicha empresa. Empleados y obreros de un frigorífico que se declararon en huelga fueron detenidos de inmediato en Pescarmona (hoy Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA –IMPSA). En las fábricas de portland Minetti y Corcemar, las persecuciones y despidos estuvieron a tono con la intensidad de la represión de los primeros momentos. Hubo empresarios que solventaron financieramente a los llamados «grupos de tareas» o paramilitares. Algunas víctimas aventuraban que los hornos de las cementeras se habrían utilizado como crematorios de cadáveres de personas que aún hoy están desaparecidas. Esos empresarios financiaban medios de movilidad, armamentos y municiones, viáticos y centros de entrenamiento. Uno de estos campamentos fue visualizado en una zona cercana a la ciudad de General Alvear, mencionando algunos vecinos el nombre de un conocido médico de la zona, de apellido Bruni, como uno de los principales líderes de esos paramilitares. Y claro, este siguió siendo, en su vida pública, una honrada persona. En la fábrica Modenfold, trabajaban los ciudadanos chilenos Juan Humberto Hernández Zaspe y Manuel Jesús Amaya Martínez, que fueron secuestrados y siguen aún desparecidos. Estaban en la «lista negra» de la empresa.

El terrorismo de estado fue la herramienta básica para que el poder económico-financiero de la Argentina fuera parte de la estrategia del imperialismo yanqui de imponer universalmente (la globalización) el neoliberalismo. Mascarones procesistas de esa entrega, como expresiones máximas, fueron Domingo Cavallo y Martínez de Hoz con otras apoyaturas no menos fundamentales, como lo fue el político, en la figura de Carlos Menem. Analizados a fondo sus costados ideológicos, son también una alta expresión de la traición a la patria, una figura que también cabe a los sectores militares de la dictadura, la que, lamentablemente, no ha sido encuadrada como categoría de crimen de lesa humanidad.