Pero el hecho de que sea imposible cortar de un solo golpe con la dependencia del mercado mundial y del capital financiero no significa que no haya más remedio que exportar más commodities, como la soja, apelar a la megaminería depredadora, dedicar tierras aptas para alimentos al cultivo de biocarburantes para la contaminante industria automotriz. Se puede, en cambio, adoptar medidas y leyes de reforma que, a la vez, reduzcan la dependencia del puñado de grandes empresas que controlan la economía y creen las condiciones para una restructuración del ambiente y el territorio según las necesidades nacionales (preservación del ambiente, creación de trabajo calificado, reordenamiento del territorio y de la utilización de los recursos que son hoy esclavos del lucro empresarial y del mercado mundial).

Por ejemplo, en vez de pisotear los derechos indígenas, las autonomías y la constitución imponiendo la construcción del segundo tramo de la carretera del TIPNIS por su trazado actual, el gobierno boliviano habría podido abrir ese camino por otra región porque, aunque la construcción hubiese sido más larga, cara y dificultosa, habría preservado en cambio su credibilidad ante un sector importante de las mayorías populares, habría demostrado romper con el decisionismo autoritario y el neodesarrollismo, habría evitado dividir al movimiento campesino y fomentar al predominio del interés propio sobre la construcción colectiva de un nuevo estado. La carretera así construida habría cumplido con su papel en la circulación de mercancías y en la apertura de Bolivia al comercio (capitalista) en los dos océanos pero habría reforzado un elemento potencialmente anticapitalista: la solidaridad de los diversos sectores populares bolivianos, la autonomía, la construcción de poderes democráticos locales.

La expropiación del sector financiero es también una medida burguesa, tal como lo es una reforma agraria profunda que dé tierra en Brasil a millones de campesinos. Igualmente burgués es el monopolio estatal del comercio exterior, con el fin de utilizar para el desarrollo nacional parte de las ganancias del mismo y romper el poder de los pocos oligopolios que controlan las exportaciones, o el control de cambios (para evitar la exportación de capitales). También es burguesa una ley de protección del agua y de los bienes comunes, así como una ley de fomento de la agricultura familiar, que al asentar a los trabajadores en la tierra, reduciría las migraciones, y mediante la rotación de cultivos y su diversificación y un uso racional del agua, protegería el ambiente, además de abaratar el abastecimiento alimentario nacional. Todas estas medidas, si cuentan con el respaldo de una movilización popular, reducen el poder de las clases dominantes y cambian la relación de fuerzas en el país. Todas ellas aumentarían, al mismo tiempo, la producción y la productividad, así como el aprendizaje popular de una planificación local de recursos y necesidades para ampliar los espacios conquistados. Una ley de control obrero sobre la contabilidad empresarial permitiría igualmente reducir las suspensiones y despidos y racionalizar la producción industrial, dando las bases para una restructuración desde abajo del aparato productivo.
La transición no puede quedar en manos de unos pocos iluminados. O la imponen sus beneficiarios o no será posible.

La Jornada, 12 – 08 – 12