Esta reducción del consumo domiciliario y, por consiguiente del monto de los impuestos que el estado recauda, afecta las finanzas estatales. Porque, aunque la soja bata récord y esté a 630 dólares la tonelada, quienes la exportan son solo unas pocas empresas que evaden impuestos mediante triangulaciones y paraísos fiscales. Las ventajas de los altos precios del grano y del bajo precio petrolero para la producción son por lo tanto para ellas, o sea para los que son productores masivos, acopiadores y exportadores trasnacionales y no para las arcas estatales.

Los países centroamericanos viven, sobre todo, de la exportación de mano de obra súper explotada que, como dijimos, ahora les rinde menos. Los países exportadores de petróleo ven afectados sus ingresos por el estancamiento del precio del combustible debido a la baja demanda industrial resultante de la crisis. Los países importadores de alimentos y de petróleo, como la mayoría de los africanos, Cuba o los del Caribe, están apretados crecientemente por el aumento de su factura de importación alimentaria. Incluso los pocos países dependientes que son grandes exportadores de alimentos tienen problemas porque sus otras exportaciones caen y el aumento del precio del trigo o de la soja no compensa esas dificultades en la balanza de pagos.

De ahí la desesperación de todos los gobiernos –»progresistas» o no– por producir cada vez más metales preciosos, atrayendo la inversión de las grandes mineras canadienses o estadounidenses, que están en abierta competencia con la agricultura y la ganadería de las zonas pobres, las cuales son mucho menos lucrativas que la gran minería pero aseguran más empleo local y no afectan tan drásticamente el ambiente como la extracción minera.

De ahí también los conflictos sociales con los pobladores de esas zonas, que desean conservar el uso del agua para la agricultura y para los pueblos así como los bienes comunes (tierra, aire no contaminado, bosques, paisaje). Por eso actualmente, desde Centroamérica hasta Chile y Argentina, a lo largo de las zonas montañosas, las «puebladas» (luchas de toda una comunidad) y las rebeliones campesinas e indígenas se enfrentan con la represión gubernamental de gobiernos que tienen una concepción extractivista y desarrollista y un decisionismo vertical y autoritario.

Se llegó al extremo de que la presidenta de Argentina vetó una ley de protección de los glaciares, fuente principal de agua para el país, para no afectar los intereses de las transnacionales mineras y que algunos gobiernos de las provincias andinas reprimen ferozmente protestas antimineras como la de Tinogasta o Faimallá absolutamente legales y legítimas. El presidente peruano Ollanta Humala fue elegido entre otras cosas gracias a sus declaraciones de que entre la sed y el hambre de los peruanos y el oro optaría por su pueblo, pero ahora reprime, con alto costo en heridos, muertos y presos en Cajamarca, una de las zonas donde más apoyo obtuvo, para favorecer el proyecto minero Conga, violentamente resistido por los pobladores y las autoridades locales. El mismo Evo Morales no solo enfrenta a los pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), violando lo que establece la constitución, para construir por su territorio una carretera hacia Brasil sino que también fomenta la minería, entrando en conflicto con los comuneros. El mercado mundial, no el ambiente y el desarrollo humano, es la preocupación principal incluso de gobiernos que dicen luchar contra ese mismo mercado y que se declaran populares. Este giro económico a la derecha les debilita y prepara otros giros políticos derechistas. Nuevamente están en peligro los avances antes duramente conseguidos.

La Jornada, 22 – 07 – 12