Lo que comenzó en junio como un anuncio de auxilio de hasta 100.000 millones de euros al estado español por parte del fondo de rescate europeo y para ser destinado a recapitalizar a los bancos, se trocó en una inyección directa de esos fondos a las entidades en problemas.

Pero este acuerdo alcanzado hace dos semanas que, aparentemente, no obligaba al estado español a realizar ningún ajuste, se transformó rápidamente en el mayor ajuste aplicado en el país.

La elevación de la actual alícuota del IVA en 13 puntos porcentuales en algunos productos, del 8 al 21 por ciento, es uno de los ejes del plan, conjuntamente con una reducción del gasto estimada en 65.000 millones de euros.

El golpe al consumo y a la demanda que supondrá la entrada en vigor de esta medida el próximo 1 de septiembre, se complementa con una reducción de los aportes patronales a la seguridad social de un punto porcentual este año y otro más en 2013.

Pero el conjunto del paquete configura una típica «reforma económica» como la aplicada en la década de los ´90 en Argentina y la mayoría de los países de América latina, así como en otras regiones de la periferia capitalista.

Destacan entre el resto de decisiones la elevación de las retenciones de impuestos a los profesionales independientes; la liberalización de los horarios comerciales; la supresión del aguinaldo de los empleados públicos a fin de año, y el aviso de nuevas reformas previsionales para bajar las jubilaciones.

Todo esto se complementa con un esquema, todavía no concretado, de una liberalización (privatización) de los sectores ferroviario, aéreo y de transporte terrestre, además de una reducción del subsidio de desempleo.

Apenas conocidos los lineamientos del ajuste, el economista y Premio Nobel de Economía 2001 Paul Krugman estimó como un «sinsentido» las penurias que el ´plan´ de Rajoy, aguijoneado por Europa, impondrá a los españoles.

Y la idea de Krugman cobra sentido si se toma en cuenta que la banca española sobrevive merced a los préstamos del Banco Central Europeo (BCE), mientras la economía se hunde en un fango recesivo que ha llevado el desempleo a un record histórico del 22%.

Con un sistema bancario técnicamente quebrado, una productividad de las más bajas de Europa, la construcción paralizada tras el estallido de la burbuja, la impagable deuda del sector financiero y público español proyecta solo un futuro de recesión de largo aliento.

La lógica del «paquetazo» conocido esta semana responde a la que manejan Alemania y sus socios del norte europeo y que consiste en conceder en cuentagotas el auxilio a los bancos, pero a cambio de que el Estado español «ahorre» para garantizar la devolución del dinero del fondo de rescate.

Pero esta lógica, la misma que llevó a Grecia al infierno en el que se encuentra hoy, está empujando al gobierno español a una rápida pérdida de su base electoral y a sectores crecientes del mundo laboral a enfrentar esta política en las calles.

La movilización de los mineros de Asturias y León contra el cierre del sector debido a la quita de subsidios públicos y las protestas de los empleados públicos por la reducción de sus salarios y sus aguinaldos, muestran que peligra la paz social en España.

El índice de riesgo-país y el costo de la colocación de la deuda soberana en los mercados reflejan, en buena parte, la desconfianza de los inversores en el curso de la economía y en la capacidad política del gobierno para frenar la crisis de la deuda.

La «dramática situación» de España, como la definió ayer la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, podría concluir en otra de características explosivas si España se desliza rápidamente hacia un rescate de su economía y exige un ajuste todavía más radical.

Télam, 14 – 07 – 12