Noticias de lesa humanidad

May 03, 2015 La Quinta Pata Nacional Comentarios desactivados en Noticias de lesa humanidad

Reunión de abogados, fiscales y funcionarios por los obstáculos en los juicios de lesa humanidad

“Hay una preocupación que es legítima”

El miércoles se realizará un encuentro convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para tratar las demoras.

Convocados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actores estatales y de la sociedad civil que participan en los procesos judiciales por los delitos de la última dictadura se reunirán el miércoles en el marco de la Mesa de Diálogo Institucional y Social creada el año pasado por la Procuración General de la Nación. Fiscales, querellantes, abogados de organismos de derechos humanos y funcionarios de los tres poderes tratarán las demoras que atraviesan los juicios en varias jurisdicciones, la resistencia de la corporación judicial a avanzar con las imputaciones de civiles que participaron del terrorismo de Estado, como empresarios o jueces, y también el modo de encarar las causas elevadas que esperan turno en tribunales orales de todo el país. “Hay más de cien juicios en agenda y hay que prepararlos. Pero necesitamos una respuesta de la estructura judicial que realmente nos permita avanzar y concretar todos los procesos”, explicó el fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría. “La sensación de impunidad se volvió a instalar y eso motiva una legítima preocupación de querellantes y víctimas”, admitió.

La Mesa de Diálogo nació con el fin de fortalecer y ampliar las relaciones de la Procuraduría con distintas agencias estatales y de la sociedad civil. En los hechos reemplazó a la Comisión Interpoderes que había creado en 2009 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y que tuvo un rol destacado al interpelar a los magistrados que obstaculizaban el avance de los procesos. Durante 2014 se realizaron dos encuentros en Buenos Aires y el tercero en Tucumán, desde donde se había demandado federalizar las discusiones. En noviembre recibió a querellantes y familiares de víctimas de Santiago del Estero que habían reclamado sin suerte ser recibidos por la Interpoderes.

04-04-15

Por Jorge Auat

Titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-269730-2015-04-04.html

Mesa de diálogo institucional y social.

(Ideas Sueltas)

Sin plasmarlo en un documento final hubo consenso generalizado de la existencia de un cambio en la justicia Federal, un retroceso evidente que frena los juicios, tratando de ser una especie de “punto final” de los mismos. A pesar del discurso encendido y político de Lorenzetti en la inauguración del año judicial, donde expreso que los juicios y la política de D. H. no son parte de ningún sector sino una política de estado, no se avanza en juzgar al sector civil de la dictadura. O sea a los empresarios beneficiarios de la política económica y verdaderos autores intelectuales del golpe cívico militar.

Con argumento falaces especialmente desde La Cámara de Casación Penal, expresado a través de su presidenta Doctora Ana Figueroa y del Consejo de la Magistratura por su presidenta Gabriela Vázquez: de falta de fondos o de no acuerdos por no llegar a consensos en la designación de jueces para integrar los tribunales o el rápido dictado de falta de méritos en dichos empresarios (Blaquier, Massott, Magneto, Ernestina de Noble, Escribano etc.) se nota el párate en los juicios.

La pregunta directa que surge es: ¿hasta dónde seguir? hay algún límite para esto? Si nos paramos desde el dolor de las víctimas y no miramos desde arriba la respuesta es rápida y clara. Tal vez el único sea el biológico. O sea no tiene que haber límites a los procesos judiciales, a la investigación, tratando de ir hacia una nueva justicia que ponga freno a la impunidad, que democratice el único poder que todavía no recibió los vientos de cambio democráticos.

Es interesante plantear que podemos avanzar hacia un nuevo contrato social (y en esto también) seremos pioneros a nivel internacional de un NO Rotundo a la Impunidad y que la justicia llegue y sea para todos .Una nueva ética por parte del estado y la sociedad que se note hasta en contratos, concesiones , beneficios impositivos o de cualquier otra índole hacia las empresas claramente implicada en violaciones a los D.H ( Ford, Mercedes Benz, Clarín Papel Prensa City Bank, HSBC etc.) que redunde en más y mejor trabajo , más y mejor democracia

Por parte de los Org. de D. H.se hace necesario redoblar los esfuerzos de militancia hacia la sociedad, volver a la calle y desde ahí, articulando con las diferentes agencias estatales (fiscalías, procuradurías, centros de documentación) encontrar nuevas políticas de presión sobre los tribunales, cámaras de casación jueces o sea la justicia en su conjunto para continuar con esta política y que verdaderamente se transforme, como dice Lorenzeti en una política de estado. Sin importar lo que hoy circunstancialmente digan algunos candidatos, como terminar con “el curro de los derechos humanos”. En esto es fundamental el respeto a los dichos de los sobrevivientes y víctimas y que a los abogados querellantes no les gane la buena conciencia.

Redoblar también los esfuerzos en la búsqueda de los compañeros desaparecidos, que el tiempo trascurrido no se naturalice y sea un freno en tratar de encontrarlos. Crear un espacio donde toda la documentación que ande dispersa se concentre, se sistematice y puede ser utilizada en cualquier momento para los juicios.

15-04-15

Por Fernando Rule, Keno Paris y Oscar Guidone.

Fuente Propia.

La investigación sobre los represores detenidos en el penal de Marcos Paz

Causa López: procesaron a penitenciarios por obstaculizar una línea de investigación

Un juez de La Plata dictó la resolución contra seis oficiales del SPF por omitir el control de los registros sobre visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Los fiscales apelaron porque consideran que la conducta fue aún más grave.

La investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por obstaculizar la pesquisa por la desaparición de Jorge Julio López avanzó en La Plata con el procesamiento de seis de los siete acusados por «omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio», el menos grave de los tres delitos -prevé una multa e inhabilitación de hasta un año- que les fueron imputados en la causa por diversas irregularidades detectadas en el registro de las visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre 2006 y 2007. Los fiscales de la Unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en esa ciudad Rodolfo Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira formularon un recurso de apelación para que la Cámara Federal amplíe el procesamiento por tipos penales vinculados al incumplimiento de los deberes de funcionario público que alcanzan los cuatro años de prisión.

El procesamiento fue dictado el 11 de marzo pasado por el subrogante titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Laureano Durán. La medida alcanzó a los entonces jefes de la Sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego Antonio González y Rubén Atilio Medina; su superior inmediato y jefe de la División de Seguridad Interna de la cárcel, Aníbal Anselmo Cuenca; el director de Seguridad, Héctor Horacio Altamirano, y los directores del establecimiento Diego Daniel Díaz y Carlos Alberto Grassini.

Durán consideró que los funcionarios son responsables del delito previsto en el artículo 249 del Código Penal por un total de 127 inexactitudes constatadas en los registros, aunque la imputación formulada por los fiscales incluye además los tipos penales de los artículos 248 y 255. Esto es, incumplimiento de los deberes de funcionario público por las conductas de no ejecutar ni cumplir con lo que las leyes establecen (248) y por omitir, rehusarse hacer o retardar algún acto (249), como también por sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar, total o parcialmente registros confiados a la custodia de un funcionario público (255).

La causa tuvo su origen en una serie de irregularidades descubiertas en la Unidad Penitenciaria Federal II de Marcos Paz durante los allanamientos llevados a cabo en el marco de la línea de investigación sobre los detenidos por crímenes de lesa humanidad y su entorno por su presunta vinculación en la segunda desaparición forzada sufrida por Jorge Julio López el 18 de septiembre de 2006.

En aquel procedimiento se investigó una denuncia radicada el 14 de marzo de 2007 por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense en la cual se daba cuenta de una directiva ilegal dada por una autoridad de la cárcel de Marcos Paz para que se beneficiara a detenidos por crímenes de lesa humanidad con un trato privilegiado hacia ellos y sus visitantes, a la hora de las visitas, las llamadas telefónicas y en el nivel de control que se les dispensaba.

En efecto, durante el allanamiento pudo establecerse que había números telefónicos intervenidos en la investigación del caso López que no se correspondían con los que efectivamente utilizaban los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad. «No se informó [por parte del SPF] la totalidad de números ni fue exacta la ubicación de los que sí fueron informados», recordaron los fiscales al momento de pedir la indagatoria de los penitenciarios en octubre pasado.

En julio de 2008 el entonces juez federal platense Arnaldo Corazza dictó la falta de mérito de los imputados porque consideró que no existían «elementos probatorios suficientes». La investigación siguió su curso a partir de fines de 2009 en manos en la Unidad Fiscal, que logró dar con nuevos documentos que fortalecen la hipótesis sobre la existencia de aquella orden ilegal: se trata de diferencias en los libros de visitas del penal (conformado en el ingreso a la cárcel) y del pabellón donde están alojados los imputados y condenados por delitos durante la época del terrorismo de Estado (labrado en el lugar de alojamiento). Por el tenor de la información que contienen, ambos libros deberían ser idénticos, porque reflejarían el tránsito que hizo la visita desde el acceso principal de la cárcel al pabellón del imputado que la recibe.

«Resulta imposible determinar qué personas concurrieron a visitar a los detenidos y quienes se encontraban autorizados en función de haber cumplido los trámites obligatorios de registración. Lejos de importar una falta inocua vinculada a vicios meramente administrativos, la conducta desarrollada por los imputados entrañó consecuencias que, en el contexto aquí expuesto, revisten suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López», señalaron Molina y Nogueira en octubre pasado.

El juez Durán dio por probados los hechos con un total de 127 inexactitudes constatadas en los registros, pero difirió con los fiscales en la calificación. Consideró que «en su rol de funcionarios públicos penitenciarios, no evitaron la comisión de las irregularidades detalladas».

El recurso

Para los fiscales, «no deben tomarse aisladamente las discrepancias en la registración sino que, como sostuvimos inicialmente, esas discrepancias –además de configurar un delito per se– son una clara muestra que la denuncia de la SDH describe precisamente la conducta de los imputados».

En ese sentido, Molina y Nogueira remarcaron que «no puede soslayarse el contexto en el que se produjeron las irregularidades» y recordaron los pormenores de «la denuncia que dio origen a la causa», que «planteaba que los detenidos por delitos de lesa humanidad se encontraban alojados en dos Módulos de Enfermería de la Unidad, en los cuales existía un teléfono que les brindaba la posibilidad de llamar a cualquier otro número dentro del complejo y, posiblemente, a cualquier número extramuros. Dicho teléfono, a su vez, no era vigilado por el personal penitenciario. Por otro lado, y en lo que aquí interesa, se sostenía que las visitas de los mentados internos no cumplían con el trámite de acceso reglamentario, ya que entraban al penal por un acceso distinto al resto de los visitantes y, sumado a ello, no eran requisados en cuanto a los elementos que ingresaban a los pabellones».

Los fiscales remarcaron: «Si pretendemos desarrollar una investigación que requiere como prueba la utilización de los libros de visitas del penal –como es el caso de la investigación por la desaparición de Jorge Julio López– hay 127 oportunidades en que no podemos saber quién ingresó al penal y quién no lo hizo». Por eso, los representantes de la Unidad Fiscal pusieron de relieve que «tal cúmulo de situaciones, nos impide sostener que las consecuencias gravosas de los actos se alcanzaron por medio de la casualidad o el desatino» porque «es imposible pensar que una persona de la formación y experiencia de los imputados –recordemos que son todos ellos Oficiales Jefes– no pudo siquiera prever el resultado de sus acciones».

Para los miembros del Ministerio Público, «el escenario creado por los imputados en el penal de Marcos Paz, donde se modificaba la ubicación de las líneas telefónicas, se permitía el uso irrestricto del teléfono a ciertas personas, se autorizaba el ingreso sin control de los visitantes, etc., permite sostener sin lugar a dudas que la falta de adecuación entre los sucedido y lo registrado responde directamente a tal estado de cosas».

En ese sentido, al referirse al verbo «inutilizar» previsto en el artículo 255 del Código Penal -que estipula hasta cuatro años de prisión-, los fiscales sostuvieron que «la inutilización [de la prueba] no ha sido casual, sino que ha sido guiada por la voluntad de quienes tienen un rol jerárquico y dominaron (en cierta medida) el curso de dichas acciones». Molina y Nogueira remarcaron que «la falta de adecuación de los datos con la realidad les quitó [a los registros] sustancia, los tornó huecos, vacíos y faltos de solidez, los convirtió en simples cuadernos sin fundamento, razón o prueba».

En este marco, los fiscales puntualizaron «un aspecto que ha sido totalmente omitido por el juez de grado»: la conducta, señalaron, «entrañó consecuencias de suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López, como así también lo tendrá para cualquier otra causa en la que sea necesario pesquisar las visitas usufructuadas por los internos del penal, por cuanto resulta imposible determinar con precisión quiénes y cuándo concurrieron a visitar a los detenidos alojados en los pabellones de lesa humanidad».

1.04.2015

Fuente: fiscales.gob.ar

El último verano ( para conocer a Rodolfo Walsh)

Era la noche del 24 de marzo de 1977. Sobre la angosta mesa de madera que usaba como escritorio y despejábamos para comer, estaban las primeras cinco copias de la “Carta de un Escritor a la Junta Militar”. Salimos de la casa y nos quedamos parados bajo el cielo sin nubes, luminoso de estrellas. Rodolfo empezó a señalarlas, dibujando en el aire las constelaciones, como tantas otras veces desde el muelle ya perdido sobre el río Carapachay. Su contemplación nunca fue pasiva. Había estudiado el mapa del cielo y le gustaba ubicar las formaciones celestes mientras hablaba de años luz y dimensiones sobrehumanas como aquellas en las que décadas atrás había imaginado el espacio tridimensional de un tablero de ajedrez para escribir el relato sobre una partida entre los dioses. Ahora, los dioses no existían, pero sí los mapas terrenales que siempre lo acompañaron. Necesitaba conocer con precisión obsesiva los territorios en los que vivía, anticipar los itinerarios por calles y lugares, conocer desde la perspectiva del mapa el espacio donde se iba a mover.

Ahí estábamos en medio de la noche, en ese campito de media hectárea donde vivíamos desde hacía unos tres meses, escuchando el suave siseo de los altísimos eucaliptus y del frondoso y antiguo laurel que marcaba el límite entre lo que iba a ser el jardín y la quinta.
–Quisiera plantar una doble hilera de álamos plateados desde la entrada a la casa. Cuando el viento mueve las hojas, suenan como lluvia fina –dijo recordando el campo de su infancia, en el sur bonaerense.

Dudé de que alcanzara el tiempo.

A la derecha, en un rincón, se pudría lentamente el mantillo que iba a abonar la tierra. Una capa de hojas, una capa de tierra y una capa de bosta que salíamos a recoger con una pala y una bolsa por las calles sin asfaltar de San Vicente siguiendo las huellas de los caballos al paso. Había aprendido a preparar el mantillo en un librito sobre horticultura que compró para que yo lo estudiara. Pero su curiosidad pudo más y cuando lo abrí ya estaba subrayado con alguno de los marcadores de colores que usaba para leer.

A la izquierda estaba el cuadrado de tierra húmeda y removida en el que esa misma tarde habíamos voleado las semillas de lechuga, la primera puesta en acción del proyecto de quinta que había ideado, con gallinero incluido. Como el terreno podía dar para algo más, quería averiguar sobre cultivos intensivos y llegó a fantasear sobre la producción de azafrán y la posibilidad de tener un tractorcito japonés multifunción.

Delante del almácigo de lechugas estaba el antiquísimo aljibe de ladrillo con su doble arco de hierro oxidado que descubrimos cuando llegamos a esa casa por primera vez. Aunque estaba seco, planeó recuperarlo en poco tiempo. La imagen del aljibe parecía una puesta en escena del cuento “Juan se iba por el río”, la historia de un argentino del siglo XIX que entre 1966 y 1967 Rodolfo había empezado a escribir como una novela, en realidad, un nuevo cauce del cuento “Cartas”, publicado en Un kilo de oro en 1967. En ese tiempo, su interés por la historia argentina había ido desplazando a la literatura. De sus periódicas recorridas por las librerías, volvía con libros como La historia del alambrado, Vida de muertos de Ignacio Anzoátegui o ejemplares de la colección El Pasado Argentino de Hachette, entre ellos las crónicas de los viajeros europeos del siglo XIX y el muy marcado Estampas del pasado de Busaniche. Rodolfo era un lector insaciable; leía con un lápiz en la mano y discutía con los autores, haciendo acotaciones a pie de página o en los márgenes.
Apoyada en el tronco del laurel estaba la estaca con la que días antes habíamos destruido un hormiguero. Había leído sobre ranchos invadidos por ejércitos de hormigas que obligaban a los gauchos a abandonarlos, convirtiéndose en taperas, y decidió librar también esa guerra contra la incontenible fuerza colectiva de la especie. Para conocer a fondo el mundo de las hormigas quiso que en alguna de mis idas a la Capital comprara el libro de Maeterlink. Aunque no lo conseguí, todos los días al anochecer, cuando las hormigas vuelven con su carga, las seguíamos con el farol para encontrar la boca principal del hormiguero.

–Detrás del laurel, entre las lechugas y el aljibe, va a pasar el túnel –había dicho señalando la trayectoria que íbamos a cavar bajo tierra para poder escapar si nos llegaba a rodear un cerco represivo. Para que los vecinos no sospecharan, quería montar un galponcito, pegado a una pared de la casa, para camuflar el lugar donde empezaríamos a cavar. Algo de tierra iba a ir al mantillo y el resto se diseminaría por el amplio terreno de la casita de San Vicente.

Habíamos llegado a San Vicente en diciembre del ‘76, llevando con nosotros algunos libros, sus papeles inéditos y lo necesario para la nueva vida cotidiana. También llevamos una foto de su hija Vicki que, después de su muerte en un enfrentamiento con el ejército, Rodolfo nunca pudo volver a mirar. Pero sí pudo escribir la noche del día de la insoportable noticia: “El verdadero cementerio es la memoria; ahí te guardo, te acuno, te celebro, y quizá te envidio, querida mía”. Y tres meses después, su “Carta a los amigos”, contándoles quién era Vicki y por qué murió. “No vivió para ella; vivió para otros y esos otros son millones -escribe-Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya y en ese orgullo me afirmo y soy yo quien renace de ella.”

A fines de 1976, convencido de que la derrota militar de Montoneros era irreversible, había planteado a sus compañeros la necesidad de un repliegue para evitar el aniquilamiento. No se trataba de darse por vencido sino de reencauzar la lucha por otras vías. Aunque sus propuestas caen en el vacío, Rodolfo empieza a preparar nuestro propio repliegue sin abandonar su lugar en la organización. “Hay que salir del territorio cercado, Buenos Aires.”

Fue así que iniciamos “la expedición al sur”. Siempre con un mapa a mano, Rodolfo había buscado en un mapa de la provincia de Buenos Aires un lugar próximo a la Capital donde hubiera agua. “Hay que seguir la ruta de las lagunas porque nos quitaron el Tigre. Necesito vivir cerca del agua.” Y encontró la más próxima: la laguna de San Vicente. Aunque los grandes juncales la habían reducido casi a un charco, no se desanimó cuando llegamos hasta allí. Los árboles, el silencio y la placidez de la siesta no lo hicieron dudar de la elección de San Vicente como la primera estación en el largo camino hacia el sur.

Ya instalados en la modesta casita –no había luz eléctrica, ni agua corriente ni gas–, comenzó a organizar su nueva forma de acción política. La concebía como una producción totalizadora que abarcaba la denuncia, el testimonio, el análisis político o ideológico, el relato literario. Y aunque no era un hombre inclinado a hablar de su pasado, sintió la necesidad de escribir también sobre las etapas y cambios de su vida desde una perspectiva distinta a la breve autobiografía que había publicado en 1965. Como nombre de entrecasa llamó “Memorias” –no le gustaba ese título– a esos futuros textos que girarían en torno de su relación con la literatura, con la política y con su propio mundo afectivo –su infancia, las islas, las mujeres, el campo–, el único al que alcanzó a ponerle título, “Los caballos”, antes de comenzar a teclear las primeras líneas.
Había nacido el 9 de enero de 1927 en la isla de Choele Choel, Río Negro, donde su padre, argentino nieto de irlandeses, era encargado de una estancia. Pasó su infancia en el campo, junto con sus tres hermanos varones y una hermana que luego sería monja. La crisis económica de los años ‘30 los golpeó duramente y Rodolfo fue enviado a un internado irlandés para huérfanos y pobres donde aprendió a defenderse con los puños y con su inteligencia. Rebelde, ingenioso y empecinado, esos rasgos de su infancia reaparecen en Mauricio, su personaje del cuento “Fotos”, que “probaba el filo del mundo y rebotaba y se lanzaba otra vez al asalto”. En sus memorias sobre su relación con la literatura, recordaba que su primera experiencia como narrador había sido oral: en ese internado había logrado captar la atención de sus compañeros, contándoles cada noche un capítulo de Los miserables de Victor Hugo, que su madre le había leído durante unas vacaciones en el campo. La intensidad vital de su experiencia escolar se refleja en los tres cuentos de la serie conocida como “De los irlandeses” y en un relato autobiográfico, “El 37”, año en que ingresó como pupilo en una de estas instituciones.

Como aberrante paradoja, estaba emparentado por vía materna con lord Kitchener, militar colonialista inglés nacido en Irlanda, quien organizó el primer campo de concentración del siglo XX en Sudáfrica, durante la Guerra de los Boers, donde murieron de hambre y abandono 20 mil personas. Ministro de Guerra de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, Kitchener fue el Tío Sam de los británicos en la campaña de reclutamiento. El cartel con su imagen fue muy convincente para un tío de Rodolfo, argentino hijo de irlandeses, quien se alistó con los aliados y murió en Salónica. La historia del “tío Willy que murió en la guerra” es el último cuento de la serie de los irlandeses y quedó inconcluso. No escribió sobre Kitchener y le alegró saber que los irlandeses del Eire lo odiaban.

Entre los escritos inéditos que robó de nuestra casa el grupo de tareas de la ESMA había otro relato autobiográfico que tituló “El 27”. En ese texto, escrito pocos meses antes de su muerte, reaparecen imágenes de su infancia, en la que se recorta la figura de su padre en el escenario de lo que Rodolfo llamaba la cultura de la tierra, “que hemos perdido”. Su padre no había sido un intelectual. Pero Rodolfo admiraba y respetaba a ese hombre de pocas palabras y lecturas que tenía el saber de la vida de campo, y dos grandes pasiones: los caballos, con los que hablaba, y el juego. Para alejarlo de naipes y apuestas, su esposa lo obligó a leer un libro: El jugador, de Dostoievski. El padre lo leyó en tres días y se lo devolvió sin decir palabra. Jamás volvió a leer otro libro, y siguió jugando hasta la última apuesta: un galope a campo traviesa con su caballo que rodó al pisar una vizcachera y lo mató. La madre y los hijos tuvieron que dejar el campo. Rodolfo tenía unos 20 años. Solo, para salvar del sacrificio al caballo de su padre, lo montó e hizo un viaje de 200 kilómetros por el sur, desde su casa hasta el campo de un tío donde podía dejarlo. A caballo, en medio de la pampa, ese viaje es casi anticipatorio de otros itinerarios de su vida.

Desarraigado de ancestros irlandeses y de cualquier canon familiar y académico, fue esencialmente un autodidacta que terminó su escuela secundaria a los 22 años y dejó inconclusa la carrera de Letras. Y fue esencialmente un autodidacta en su formación política que, desde su juvenil paso por la Alianza Nacionalista a la construcción de su pensamiento de izquierda, estuvo atravesada por las reveladoras vivencias de sus investigaciones, como los fusilamientos de Operación Masacre, El Caso Satanowsky y ¿Quién mató a Rosendo?. Su rigurosa coherencia entre la idea, la palabra y la acción fue definiendo sus opciones en la lectura de los textos políticos y siempre se dedicó a estudiarlos en función de su trabajo como escritor y periodista, y a partir de 1968, de su compromiso como militante de un proyecto colectivo en el campo del peronismo revolucionario.
En 1965 escribió en su breve autobiografía: “Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. En 1964 decidí que en todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía”. Pero no lo sentía como una determinación mística; podía cambiar, empezar de nuevo. Y en 1967, el cambio llegó de la mano de su amigo Paco Urondo, quien acababa de regresar de Cuba con una invitación para Rodolfo: ser jurado del Concurso de Casa de las Américas y participar en el Congreso de los Intelectuales.

Conocí a Rodolfo pocos meses antes de esa invitación. Tenía 40 años y ya había escrito casi toda su obra literaria y periodística. Gran parte de los últimos seis años los había vivido escribiendo en una isla del Delta, aunque siempre interesado por lo que pasaba en el país y en el mundo. Pero estaba inquieto, algo cansado de las presentaciones de libros, del mundo literario de entonces. Y profundamente conmovido como tantos otros por la muerte del Che. En ese mes de octubre del ‘67 escribe: “¿Por quién doblan las campanas? Doblan por nosotros. Me resulta imposible pensar en Guevara, desde esta lúgubre primavera de Buenos Aires, sin pensar en Hemingway, en Camilo, en Masetti, en Fabrizio Ojeda, en toda esa maravillosa gente que era La Habana en el ‘59 y el ‘60. La nostalgia se codifica en un rosario de muertos y da un poco de vergüenza estar aquí sentado frente a una máquina de escribir…”. Pero la nostalgia y la culpa no opacan su lucidez y semanas más tarde termina de escribir “Un oscuro día de justicia”, otro cuento sobre el internado de irlandeses que gira en torno del poder que humilla, la dignidad del rebelde, el dolor de la derrota, y la esperanza inquebrantable en la astucia, la sabiduría y la paciencia de un pueblo para convertir un revés en victoria.

La primera vez que fui a su casa vi sobre la pared una gran foto en blanco y negro de La Habana y ahí supe que había vivido dos años en Cuba y trabajado en la agencia Prensa Latina. Pero nunca se explayó sobre las razones de su alejamiento de la isla. No era cubano, no había combatido en la Sierra Maestra; había llegado a La Habana después del triunfo de la Revolución. Profundamente respetuoso de los que forjan y actúan, a su regreso a Buenos Aires mantuvo un silencio de seis años que sólo quebró con dos líneas en esa breve autobiografía: “Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso”. Recién en 1969, cuando ya se había producido su reencuentro con Cuba, menciona en el prólogo de “Los que luchan y los que lloran” al sectarismo como uno de los motivos que en 1961 explicaban la salida del director de Prensa Latina, Jorge Ricardo Masetti, de la agencia cubana. Y quizá también la de él. Aunque en Masetti había otra razón, quizá más crucial, vinculada a la gestación de la guerrilla rural en Salta. No había sido, en esos primeros años de la década del ‘60, la opción de Rodolfo. Sus procesos de cambio fueron lentos pero rigurosos.

Aquel enero del ‘68 en La Habana, donde se reencontró con sus amigos y compañeros de Prensa Latina y Casa de las Américas, y su participación en el Congreso de los Intelectuales, donde escuchó a los delegados de países que estaban en lucha por su liberación, marcó en forma irreversible el rumbo de su compromiso político. La Habana era la caja de resonancia de un mundo en cambio y los debates sobre el rol de los intelectuales abarcaba desde la creación de nuevos géneros literarios como el testimonio a la participación activa en la lucha revolucionaria. Al regresar a Buenos Aires, comenzó su militancia con las armas de su oficio de periodista y organizó el periódico de la rebelde CGT de los Argentinos donde escribió: “El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra”.

Pero algo le preocupaba. Sabía que estaba iniciando un camino que le iba a absorber casi todo su tiempo. Y su tiempo, como el del país, fue vertiginoso. En 1973 se incorpora a la organización Montoneros. Integrado a un proyecto político-militar, trató permanentemente de hacer tomar conciencia al conjunto de sus compañeros sobre la racionalidad de una lucha político-militar, una lógica, si se quiere una ciencia, que no admitía improvisaciones. Para él, ese proyecto no podía asentarse sólo en la calidad revolucionaria de sus ejecutores, sino fundamentalmente en una correcta comprensión de la fuerza del enemigo, en la solidez de un pensamiento histórico y en la elaboración de una estrategia política global.

Su militancia estuvo signada por esa concepción. Así, ya meses antes del golpe militar del ‘76, Rodolfo veía con gran preocupación ese desenlace. En la edición de 1969 de Operación Masacre advertía: “Las torturas y asesinatos que precedieron y sucedieron a la masacre de 1956 son episodios característicos, inevitables y no anecdóticos de la lucha de clases en la Argentina (…) Que la oligarquía, dominante frente a los argentinos y dominada frente al extranjero, esté temperamentalmente inclinada al asesinato es una connotación importante, que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella”.

Por eso, y pese al tumultuoso proceso político que se desencadenó después de la muerte del Gral. Perón, Rodolfo se oponía a todo argumento que intentara justificar la necesidad de que los militares reasumieran el poder frente al desgobierno de Isabel Martínez. Porque no sólo los históricos aliados de los golpes militares en Argentina esperaban con aplausos ese golpe sino que en el propio campo popular y en la propia organización a la que pertenecía, Montoneros, había quienes consideraban que con la caída de Isabel se aceleraría el proceso revolucionario en el país.

Cuestionando esa concepción y previendo que la represión militar iba a alcanzar a todo tipo de expresión opositora, Rodolfo puso en marcha un proyecto de comunicación alternativa, la Agencia Clandestina de Noticias y Cadena Informativa. Y a fines de 1976, empieza a concebir la idea de escribir una serie de Cartas Polémicas, como él las llamó, que iba a firmar con su nombre y distribuir desde la más estricta clandestinidad. Se trataba de recuperar su identidad y, con ello, toda su trayectoria personal para hacerla valer como un arma en esta nueva etapa. Este proyecto de acción política también se desprendía de su total certeza de que la derrota de la resistencia armada era irreversible.
El 9 de enero de 1977, día en que cumplió 50 años, definió dos apuestas para el 24 de marzo del ‘77, aniversario del primer año de gobierno de la dictadura: terminar el cuento “Juan se iba por el río” y difundir la primera de esas cartas polémicas: la “Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”. Durante tres meses trabajó en ese documento hasta que alcanzó el tono que quería: una reflexión estratégica sobre las razones más esenciales del golpe militar que “instauró el terror más profundo que ha conocido la historia argentina”. Y escribe el eje medular de su denuncia: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Contemporáneo de los hechos que denuncia, ese documento es considerado hoy, 30 años después, el testimonio más lúcido y revelador de esa nefasta etapa de la historia argentina.
El jueves 24 de marzo de 1977 celebramos haber ganado la apuesta. Afuera, junto al laurel estaba lista la precaria parrilla donde el sábado 26 Rodolfo iba a hacer el asado para compartir el festejo con su hija Patricia, su compañero Jorge Pinedo y sus dos hijos, María y Mariano, recién nacido.

El pasto cortado rodeaba la casita. En ese largo verano, varias veces lo había mirado mientras él, con el torso desnudo bajo el sol, aprendía a manejar la guadaña para cortar el yuyaje y limpiar el terreno con el mismo empecinamiento con que durante la noche leía y escribía.

Ahí estábamos en medio de la noche. Desde las sombras del jardín que imaginó, “va a ser un jardín criollo, las plantas mezcladas entre caminitos; no me gusta el parque inglés”, se veía el rectángulo de luz cálida que reflejaban los faroles de querosén en las cortinas –una roja y otra amarilla– que habíamos colgado ese día en las dos ventanas. Lo real y lo imaginado se fundían en una placidez casi perfecta. Rodolfo me abrazó alegre: “Al fin tenemos nuestra casa”. Ambos sabíamos que ese fin, esa casita, era sólo una escala de su compromiso inclaudicable. Igual que todas las noches de esos últimos meses, entramos para tener todo listo ante un posible ataque: cargar las armas y montar las dos granadas de fabricación casera que quedaban en la mesa de luz, al lado del vaso de agua. Como una escena de su obra La Granada, muchas veces temí quedar soldada eternamente a esa latita letal.

Así, poco antes de la medianoche de ese 24 de marzo, primer aniversario del nefasto golpe del ‘76, terminó de teclear las otras cinco primeras copias de la “Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”. “Sin esperanzas de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.”

El día siguiente fue la tarde de su muerte. Un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada lo emboscó en una calle de Buenos Aires. Pero no alcanzaron a evitar el disparo más certero de su mejor arma: media hora antes, Rodolfo había descargado en un buzón de Buenos Aires las primeras copias de la “Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”.

En 1972 había escrito en su diario: “Si yo muriera mañana una parte de mi vida –esta parte de mi vida– podría parecer insensata y ser reclamada por algunos que desprecio e ignorada por otros a los que podría amar. Desde luego esa reivindicación personal no es lo que más importa (aunque no sea totalmente capaz aún de renunciar a ella), lo que importa es el proceso que ha pasado por mí, la historia de cómo yo cambié y cambiaron los demás y cambió el país.

Imagino también un inventario de las cosas que quiero y las cosas que odio: ya lo dije.
Las cosas que quiero: Lilia mis hijas el trabajo oscuro que hago los compañeros el futuro los que no obedecen los que no se rinden los que piensan y forjan y planean los que actúan el análisis claro la revelación de lo escondido el método cotidiano la furia fría los títulos brillantes de mañana la alegría de todos la alegría general que ha de venir un día la gente abrazándose la pareja en su amor la esperanza insobornable la sumersión en los otros.”

Como un hilo tendido hacia el futuro, esas palabras se afirman en mi memoria, el verdadero cementerio donde treinta años después sigo celebrando su vida.

01-04-15

Por Lilia Ferreyra

Fuente: Página12

Nota: NOTA: Lilia Ferreyra, la última compañera de Rodolfo Walsh, periodista de Página/12 desde su fundación, murió este martes, a los 71 años, en la ciudad de Buenos Aires.

El 25 de marzo de 2007, al cumplirse 30 años del asesinato del autor de la "Carta abierta a la Junta Militar", Lilia lo recordó en una nota en el suplemento Radar, que ahora se reproduce en su homenaje. marmoll1948@hotmail.com

Gil Lavedra integra la defensa del ex juez Lona

Juran y después miran para otro lado

El ex juez Ricardo Gil Lavedra aceptó integrar un equipo de tres abogados que tendrán a su cargo la defensa del ex magistrado Ricardo Lona, quien está siendo investigado por delitos de lesa humanidad.

Gil Lavedra, uno de los integrantes del tribunal que en 1985 juzgó y condenó a los jefes militares que condujeron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se presentó ante la Justicia salteña, en la causa en la que se investiga a Lona en relación a la matanza de 11 personas que estaban detenidas en el Penal de Villa Las Rosas, el 25 de marzo pasado. Además del conocido abogado y político radical, Lona nombró a dos integrantes de la matrícula local de abogados para asistirlo en las tres causas que se le siguen por su supuesta participación en hechos de terrorismo estatal.

Se trata de los letrados Nicolás Ortiz (según una fuente judicial, sobrino del ex juez imputado) y Federico Rodríguez Spuch, ambos han sido muy renombrados últimamente debido a que representan a Jean Michel Bouvier, el padre de la joven francesa Casandre Bouvier, asesinada el 15 de julio de 2011 en la localidad de San Lorenzo, junto a su compañera de viaje, la también joven gala Houria Momni.

Desde que en 2005 la Justicia comenzó a pedirle explicaciones a Lona por su acción, o inacción, durante los años de terrorismo en la provincia, el ex juez ha cambiado varias veces de defensores. Si bien comenzó con defensores particulares, en el camino optó por lo que hacen la mayoría de los imputados por delitos de lesa humanidad: la asistencia de defensores oficiales aportados por el propio Estado. Así se mantuvo hasta que mediados de marzo, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Salta le confirmó la prisión preventiva en relación a la Masacre de Palomitas, cometida el 6 de julio de 1976, al costado de la ruta nacional 34, a unos 60 kilómetros de esta ciudad.

Aunque en la práctica su cotidianidad no cambió, dado que contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria desde pocas horas después de que se le dictara la preventiva, en noviembre de 2014, pareciera que el ex juez se decidió por volver a la defensa particular. En opinión de la abogada Tania Kiriaco, querellante en la Causa Palomitas, «Lona ve agotado sus recursos de amistad dentro de la justicia salteña y pone a alguien como Gil Lavedra que es un símbolo de los derechos humanos como defensa».

La letrada recordó los escollos para investigar al ex juez, un hombre fuerte en la trama del Poder Judicial Federal de Salta. Dijo en este sentido que Lona mantuvo “su impunidad dentro de la Justicia a través de sus redes familiares y políticas”, algo que en los últimos tiempos se está dificultando “y por lo tanto cambia al defensor oficial”.

Los abogados Ortiz y Rodríguez Spuch representaron también al ex director del Hospital Militar Salta, Carlos Tozzeto Arias, que el año pasado fue juzgado y sobreseído por la tentativa de destrucción de dos libros con anotaciones de las salas de maternidad y varones desde 1975 a mediados de 1990.

03-04-15

Por Elena Corvalan

Fuente: Agenda de noticias de DDHH.

Se sumaron a la apelación de los fiscales ante casación

Organismos van ante la Corte contra el fallo que benefició a Blaquier

“La falta de mérito deviene en escandalosa denegación de justicia a las víctimas del terrorismo de Estado», sostuvo la Secretaría de DD HH.

Organismos de Derechos Humanos presentaron recursos extraordinarios para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la situación del empresario Carlos Blaquier, procesado por el secuestro de 23 personas en la última dictadura y luego beneficiado por la Sala IV de la Cámara de Casación con una falta de mérito.

A la par de los fiscales ante Casación, Javier De Luca y Ricardo Wechsler, las querellas que participan en la causa contra el empresario azucarero por delitos de lesa humanidad también apelaron a comienzos de esta semana la decisión de Casación y elevaron el tema a la Corte para su tratamiento.

Blaquier y el entonces administrador de la empresa, Alberto Lemos, están acusados por el secuestro de trabajadores y dirigentes sociales en la localidad de Ledesma, Jujuy. La empresa proveyó camionetas e infraestructura a las fuerzas armadas y de seguridad para realizar las tareas las tareas represivas.

Los camaristas Juan Carlos Geminiani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi dieron por probado que se utilizaron los vehículos de la empresa, pero opinaron que no se les puede imputar al empresario y a su gerente el destino o uso que se les dio a las camionetas.
La abogada jujeña María José Castillo, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que el fallo es «absolutamente arbitrario», y «equiparable a una sentencia definitiva por el agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior».
Entre sus argumentos, señaló que «la falta de mérito deviene en una escandalosa denegación de justicia a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, habiendo transcurrido ya casi cuarenta años de los delitos inculpados», y cuestionó que la medida niega «el acceso a la verdad y a la justicia».

El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos, Oscar Rodríguez, en representación de la familia de Luis Ramón Arédez, Omar Gainza y Carlos Melián, también se presentó en queja al máximo tribunal. El letrado consideró que «Casación ha ‘usurpado’ la jurisdicción del Tribunal Oral» ya que su fallo «tiene los efectos propios de un sobreseimiento y se torna irrevisable».
«El Tribunal ha resuelto, sin oír a los testigos, sin ponderar la prueba en su totalidad, transformándose esta resolución en francamente frustrante del procedimiento legal, en un intento de abortar el natural destino que es la sentencia dictada por los jueces naturales del proceso en audiencia oral y pública», sostuvo.

03-04-15

Por Gerardo Aranguren

Fuente: Agenda de noticias de DDHH.

Un agente de inteligencia que no sabía lo que pasaba

“Lo que sabía de la subversión era lo que salía en los medios de comunicación”

En 1976 el suboficial retirado Amado Osman era un experimentado agente de inteligencia que, sin embargo, no sabía qué pasaba ni siquiera en su propio ámbito de trabajo, el Destacamento de Inteligencia 143, con asiento en Salta. De la denominada lucha contra la subversión, de las muertes y detenciones, solo se enteraba por los diarios.

Este fue, en síntesis, el testimonio que dio ayer un ex agente de inteligencia en la continuidad del proceso por delitos de lesa humanidad en el que se juzga a dos ex militares y cuatro policías por crímenes en perjuicio de 18 personas, entre ellas la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Osman fue el tercero de tres testigos: antes declararon Jesús Pérez, que integró el gabinete de Ragone, y la abogada e investigadora Mirta Mántaras.

Osman cursó en la Escuela de Inteligencia del Ejército en 1957 y 1958. A principios de 1970 fue destinado al Grupo Adelantado de Inteligencia de Jujuy, y que dependía del Destacamento de Inteligencia 143. En febrero de 1974 fue destinado a la embajada argentina en Venezuela, hasta fines de marzo de 1976 y en abril de ese año ingresó al Destacamento en Salta, donde permaneció hasta marzo de 1980, un paso insulso, si hay que atenerse a sus propias palabras: cumplía funciones en el área de Administración y, atareado en documentación rutinaria, no se enteraba de lo que pasaba a su alrededor, fiel al principio de inteligencia que mandaba “no conocer más allá de lo que no le interesa a uno”.

Según el ex agente, en la Escuela de Inteligencia solo recibió preparación “cultural y de formación”, y tampoco conoció los reglamentos referidos a inteligencia táctica e instrucciones para operaciones de seguridad que el Ejército se dio para llevar adelante su autodenominada “lucha contra la subversión”.

El militar se excusó de responder las preguntas del querellante Matías Duarte, que representa a la familia de Ragone, desaparecido el 6 de marzo de 1976, afirmando que solo podía hablar sobre “las funciones que yo cumplía”, dado que lo demás no lo recordaba.

“Lo que sabía de la subversión era lo que salía en los medios de comunicación”,sostuvo, recurriendo a una excusa reiterada en la provincia desde que ex miembros de las fuerzas que actuaron en la represión comenzaron a ser citados como testigos. Dijo que nunca supo que hubiera personas dinamitadas en la provincia, y que de la matanza de 11 detenidos en el paraje Palomitas supo “únicamente lo que se publicó en los diarios”.

Osman insistió en que en el Destacamento había compartimentos estancos, a tal punto que “una oficina no sabía lo que hacía la otra”. Aseguró que no puede decir cuál era la “función técnica” que cumplía el Destacamento, en cambio sostuvo que la “función militar” era la instrucción de los soldados para la seguridad, aunque en el Destacamento tenían solo “4 o 5 soldados”.

A pesar de su cerrazón, similar a la de otros ex agentes que declararon en este proceso, se le escaparon algunos datos: el Destacamento tenía “algo más de 10 vehículos”, ninguno estaba identificado como del Ejército, “eran vehículos civiles” de varios colores, azules, rojos, blancos, algunos eran Ford Falcon, y el jefe permitía su uso con simples órdenes verbales. Otro dato: el comandante principal de Gendarmería de apellido Brieger, que era retirado y había ingresado al Destacamento como personal civil, cumplía funciones “en la zona de Caballería”, en una dependencia de Inteligencia. Muchos testigos sostienen haber estado detenidos, y haber sido torturados, en dependencias del Ejército, en la zona de Caballería.

La acción sicológica sobre la población

La abogada Mirta Mántaras sostuvo ayer que la inteligencia militar y la acción sicológica “fueron fundamentales” para llevar adelante el plan represivo ideado por las Fuerzas Represivas que el 24 de marzo de 1976 tomaron el poder.

La abogada, querellante en causas por delitos de lesa humanidad, indicó el Ejército elaboró un Plan de Seguridad, que data de 1972 y que fue luego actualizado, y que establecía objetivos y oponentes y contenía anexos sobre inteligencia, operaciones y acción sicológica.

La especialista indicó que los reglamentos del Ejército fueron aplicados en la denominada lucha contra la subversión, y que tanto estos reglamentos como las directivas que se dieron para organizar la represión, dejan explicitadas la importancia del área de inteligencia: “Todas las directivas dicen no actuará el sector Operaciones si previamente no se hizo inteligencia”, recordó.

“Se hacía acción sicológica sobre la población en general. Después de eso venía la inteligencia”, explicó la abogada. “La inteligencia, la acción sicológica, era la base. Toda la inteligencia, antes de salir”, reiteró.

Tan importante era la inteligencia que existía un reglamento referido a ella, y existía también un manual de acción sicológica: había una acción persuasiva y otra compulsiva, que se llevaba a cabo a través de los medios de comunicación y “perseguía enviar un mensaje no explícito, subliminal, para que la población entrara en terror”. Como ejemplos de la acción sicológica puso también la desaparición de personas, “era una forma de presión muy fuerte para que toda la gente se paralice”; así como los operativos policiales de gran espectacularidad, o el secuestro de alguien muy reconocido, como ocurrió en Salta con Ragone. “Era como decir, miren lo que les va a pasar a todos los demás”.

Mántaras recordó asimismo que la Directiva 1/75, dada antes del golpe del 24 de marzo de 1976, que dividía al país en zonas de seguridad (creando las zonas, subzonas, áreas y subáreas), subordinó las fuerzas policiales y penitenciarias a las dependencias del Ejército de cada lugar.

La especialista, que declaró por videoconferencia desde Buenos Aires, detalló que el plan de seguridad del Ejército estaba definido mucho antes del golpe, así como sus objetivos, “todas las personas que se desempeñaban en el gobierno peronista”, sindicalistas y empresarios, porque los militares tenían “el gran temor” de que se organizara una resistencia civil, y en ese marco se produjeron secuestros en todo el país antes del golpe.

Órdenes ilegales

“Ningún reglamento militar puede tener contenido ilícito, tienen que ser aprobados por el Congreso (…) Ninguno de estos reglamentos militares fueron aprobados por el Congreso, (…) tenían indicaciones concretas que los hacían ilegales”, sostuvo la abogada respecto de los reglamentos que integraban el Plan de Seguridad del Ejército y que constituían en realidad una “máquina de matar” que debía ser desobedecida.

“Cada uno que transmitía la orden accionaba la máquina de matar (…) porque las órdenes eran ilegales. El cumplimiento no solo que no era obligado, sino que era delito”, razonó.

04-04-15