Entendámonos: las Malvinas son argentinas y el reclamo es legítimo. Lo ilegítimo es que una causa justa sea utilizada para tapar y poner en segundo plano la imposibilidad de mantener los subsidios a los servicios y la canasta básica, de resolver el desastre del sistema ferroviario o de hacer aceptar el intento de congelar virtualmente los salarios al proponer un tope de aumento por debajo de la inflación real.

YPF, por supuesto, debe ser un instrumento para el desarrollo nacional, nunca debió ser privatizada como lo fue con los gobiernos peronistas de Menem y de Néstor y Cristina Kirchner. Si ahora esta expropia las acciones de Repsol y construye una empresa privada con control del estado es porque la factura de la importación energética llegó a ser casi igual al excedente argentino en la balanza comercial y continuaba creciendo, ya que Repsol no exploraba ni explotaba nuevos yacimientos ni reinvertía sus enormes ganancias.

Repsol sigue siendo una empresa mixta, ahora con mayoría de capital estatal y todavía con participación importante de capitalistas privados. No ha sido convertida en empresa estatal ni desprivatizada, como sugiere tanto la prensa española como la argentina. La acción, aunque tardía, parcial e insuficiente, es necesaria y debe ser apoyada. Sin embargo, para que YPF funcione bien hay que tener los capitales necesarios para explorar y explotar nuevos yacimientos de gas y de petróleo, hay que tener los técnicos y las técnicas que potencien la producción y la refinación, porque la relativa mejoría económica en los últimos años hizo crecer el consumo domiciliario y las necesidades energéticas. El autoabastecimiento energético no se logrará en un día. Además, Argentina tiene reservas petroleras pero cuya extracción es muy costosa, y dañina para el ambiente, y además sus necesidades serán cada vez mayores.

Otras son, pues, las soluciones. En primer lugar, Repsol causó daños por acción u omisión. No hay que pagarle nada, ni los 10 mil millones de dólares que pretende ni los que podría pagar el gobierno. Ese dinero debería volcarse a la exploración y explotación petrolera recurriendo a los conocimientos y capacidades de todos los petroleros expulsados por la privatización de YPF. Al mismo tiempo Argentina debería buscar una integración energética con el resto de los países latinoamericanos, compensando con la cooperación industrial las diferencias que puedan existir en las cuentas de importación-exportación de combustibles y establecer el control de cambios y el monopolio del comercio exterior para no dejar a este en manos de las grandes empresas extranjeras y para evitar la fuga de capitales. El patrioterismo es el argumento de los canallas para engañar imbéciles. Que los siervos en España del gran capital lo esgriman para ocultar su crisis y la desocupación. En Argentina, por el contrario, el consenso necesario para anular las contramedidas del gran capital se debe lograr diciendo la verdad y actuando con firmeza.

La Jornada, 22 – 04 – 12