Juicios: “no sé de qué carajo se me acusa”

Sep 18, 2011 La Quinta Pata La Pata Semanal Comentarios desactivados en Juicios: “no sé de qué carajo se me acusa”

Ramón Ábalo

Como un caballero andante, sin Rocinante, cruzó raudamente la alta cordillera andina y herido en sus fibras más íntimas, desde su dura reclusión en Las Condes, el perseguido mendocino y ahora ya ex-juez Otilio Roque Romano lanzó ante los medios periodísticos chilenos su dramática duda existencial: «No sé de qué carajo se me acusa». Pero ágil de reflejos, logró que la administración estatal del país hermano le extendiera una visa provisoria de hasta ocho meses para pernoctar en esas tierras sin sobresaltos.

Ya se sabe que las alturas andinas suelen provocar trastornos psíquicos, hasta el delirio, lo que seguramente ha sido lo que ha afectado al prófugo Otilio, acusado, puntualmente, por algo más de cien causas por crímenes de lesa humanidad. Ese trastorno en sus neuronas le ha bloqueado la memoria y el pobre padece de una especie de amnesia parcial. Si intenta curarse, con que regrese a Mendoza, el tribunal oral y público le va inyectar el remedio correspondiente. Por de pronto, el juez de instrucción Walter Bento ha ordenado que se le detenga, lo que recién podría cumplirse cuando el consejo de la magistratura, que ya lo ha suspendido, decida su defenestración total de su estado judicial. Se recuerda que Romano, hace un año atrás, amenazó públicamente matar a Bento y al fiscal especial Palermo y luego suicidarse. No cumplió ninguna de las dos amenazas y lo que sorprende es que ya desde entonces no esté tras las rejas por amenazas de muerte, con el agravante de que se refería a referentes de alto nivel de la judicatura. En fin… Algo más que el consejo ha concretado es la quita del sueldo, que era, nada menos, de $ 40.000 mensuales, con lo que se ha de sentir, ahora sí, como un paria perseguido.

La decisión de Bento, como asimismo la apelación del fiscal especial Palermo y los querellantes ante el Consejo para que dé curso a la orden de detención sin la necesidad de esperar su decisión – del consejo – de destituir al Otilio, por ahora solamente suspendido y sin goce de sueldo. Los tiempos favorecen el designio del prófugo de eludir la justicia por tiempo indeterminado, sin embargo, con una agilización de medidas, como las que señalamos, pueden precipitar una decisión similar de la judicatura y, por ende, del estado y el gobierno chilenos, para que Romano, finalmente, haga frente a los cargos ya estructurados jurídicamente en Mendoza. Difícilmente pueda escapar, y debe estar más que preocupado si se llegara a concretar lo que ya se está afirmando, de una reunión cumbre de Cristina con Piñera. Si ello ocurriera, en la agenda estaría resaltando este tema en el más alto nivel político de ambos países, y entonces el prófugo estará sentenciado y obligado a cumplir condenas. Se habla de rispideces en las relaciones de Argentina y Chile por la visa a Romano, pero lo más probable es que no sea tan así, porque hay una visión de los apuros que tiene el mandatario chileno con su pueblo, ya que los índices sociales se contradicen profundamente con los índices de la macroeconomía, y lo inesperado le está ocurriendo: las rebeldías de sectores juveniles y del trabajo para que esos índices, en la práctica sean revertidos. Además, esas rebeldías que atruenan las calles y los espacios, constituyen la señal más peligrosa para el régimen: es que comienzan a romperse las tradicionales estructuras políticas, clásicas del sistema capitalista ya en crisis en todo el mundo, y con un alto cuestionamiento en los países de la región, en su mayoría, con nuevos formatos que alteran las tradicionales políticas antipopulares y antinacionales representadas por vetustos partidos bajo la tutela de las corporaciones económicas y financieras, como también culturales. En Latinoamérica, al menos, la impunidad criminal ya no tiene terreno fértil para prevalecer. Menos para Romano. Ni para Menem ni para Cavallo, uno y otro haciendo equilibrios para no caer tras las rejas. Ni terreno ni tiempos.

Carlos Rico no puede dejar el país
Lo que el gobernador Jaque prometió al comienzo de su gestión «vamos a disminuir el delito un 30%», se convirtió en un exabrupto al nombrar como ministro de seguridad, para concretar esa promesa, al abogado conservador Aguinaga, quien, a su vez, nombró como segundo de él al comisario retirado Carlos Rico, un hombre que venía del riñón represivo de la dictadura, pues, él mismo lo reconoció, había cumplido, en el ámbito de la Policía de Mendoza, específicamente, en el D2, tareas de «docencia» en la temática «antisubversiva». Nada menos, lo que impulsó a los organismos de derechos humanos a pedir su cabeza, mucho más cuando cundió la versión de víctimas del D2, antro de la represión policial, que Rico era un cotidiano «visitante» de ese centro clandestino de detención. No le quedó más remedio a Jaque que despedirlos. En paralelo con la decisión de Bento de meter en cana a Romano, resolvió que Rico no puede salir del país, ya que está imputado por eso del D2. Al menos aquí en Mendoza, la justicia no es tan indolente.

La Quinta Pata, 18 – 09 – 11