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Ago 15, 2010 La Quinta Pata Nacional Comentarios desactivados en Los chicos del campo no duermen la siesta
La depredación de los recursos naturales y la explotación de los trabajadores son los motivos por los que el Mocase levanta sus banderas de emancipación. Allí están representadas 9 mil familias rurales que son el alma de una lucha sin tregua ante el acoso de los intereses corporativos y el abandono de las políticas de Estado. El movimiento justamente comenzó a gestarse a raíz de los desalojos sufridos por las comunidades y se fue consolidando a fuerza de resistencia y organización.
El conflicto entre las patronales sojeras y el gobierno nacional encontró al Mocase activo sin ceder ni un centímetro en sus convicciones y lejos de las especulaciones. Aislados del “amparo” de la Federación Agraria, entidad que se adjudica la representación de los más débiles, se paró con un discurso contundente desestimando antagonismos excluyentes, planteando que en el eje de discusión no estaban representados ni los hombres ni las mujeres que configuran la base de la pirámide social.
Situados donde estuvieron siempre, al margen, denunciaron y culpabilizaron a ambas partes por las 300 mil familias expulsadas del campo en la última década. Puntualizaron la desaparición de un millón de hectáreas y la concentración de tierras, donde el 10 por ciento de las explotaciones más grandes concentran el 78 por ciento de la superficie cultivable. No obstante sus reclamos fueron eclipsados por los alaridos de los hombres del “campo” y no tuvieron lugar en las pantallas amarillas pero tampoco en las banderas rojas de las agrupaciones que presumen correr por izquierda al gobierno.
En el país, en 1997 la superficie cultivada por soja arribaba a 6 millones de hectáreas; hoy son 19 millones las que quedaron inundadas de yuyo y glifosato. Sin embargo, las consignas del Mocase se mantienen firmes y su lucha aún conserva el valor para resistir al monstruo de la corporación sojera que no solo encuentra amparo en ciertas fracciones políticas, sino que dispone de la anuencia de un poder judicial que rinde culto a los registros catastrales e inmobiliarios de las provincias sin tener en cuenta la preexistencia fáctica y jurídica de los pueblos originarios y campesinos.
Río de Palabras, 15 – 08 – 10
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