Pymes: No se trata de empresas “pequeñas” o “grandes”

Dic 03, 2017 La Quinta Pata Opinión Comentarios desactivados en Pymes: No se trata de empresas “pequeñas” o “grandes”

Comunicado de Apyme a raíz de las declaraciones del presidente Macri.

Al plantear la falsa disyuntiva entre empresas Pymes “buenas” o grandes “malas” el Presidente de la Nación omitió la clave del verdadero debate que deberíamos sostener los argentinos: qué proyecto de país queremos construir.

Las Pymes no son pequeñas unidades que “un día serán grandes”, sino que forman parte de un vasto entramado productivo junto con los trabajadores, las cooperativas, la economía social, las economías regionales y distintas manifestaciones del empresariado nacional. Estos sectores, a juzgar por las políticas implementadas desde su asunción, están excluidos de la agenda del actual Gobierno

Las Pymes padecen ahogo financiero (producto de la caída de ventas y del incremento de sus costos), intimaciones y embargos por parte de los organismos de recaudación tributaria, disminución y encarecimiento del crédito, invasión de productos importados, desprotección de la industria local, aumentos de insumos, desmesurados ajustes en luz, gas y combustible. Estos factores determinan un estado de emergencia que el Gobierno ha ignorado sistemáticamente, a pesar de haber sido planteada en varias ocasiones el Congreso Nacional, ministerios y organismos.

Por este motivo, las palabras del presidente Macri, aunque suenen infantiles, no son inocentes. Comenzando por el Poder Ejecutivo, los puestos claves del actual gobierno están ocupados por CEOS de grandes corporaciones nacionales y transnacionales.

Consecuentemente, en dos años de gestión, las principales medidas han significado una gigantesca transferencia de recursos desde el conjunto de la población y el entramado productivo local (95% Pymes) hacia la cúpula empresarial y el sistema financiero especulativo. Desde el Banco Central, responsable del auge de la “bicicleta financiera” por medio de las Lebacs, se decretó la eliminación de las líneas de crédito productivo, uno de los últimos vestigios de políticas industrialistas y orientadas a las Pymes.

Hoy vemos con preocupación el sesgo regresivo del paquete de leyes que propone el Gobierno bajo el signo del “reformismo permanente”, eufemismo de la implementación de un fuerte ajuste de las cuentas públicas, de acuerdo con la política de endeudamiento externo y las recomendaciones del FMI.

Si bien se dio una recuperación de la actividad en los últimos meses, la demanda masiva en el mercado interno sigue sin alcanzar los niveles de 2015, la inflación continúa en niveles altos (muy por encima de la meta fijada por las autoridades económicas), y la política monetaria restrictiva con que se pretende combatirla impacta de lleno en el mecanismo de autofinanciamiento de la inversión Pyme, a causa de su incidencia plena sobre la demanda interna, principal fuente de ingresos del sector.

De llevarse a cabo las reformas mencionadas, no cabe esperar otro resultado que un mayor “enfriamiento de la economía”, lo que se suma a las altas tasas, mayores aumentos tarifarios, desregulación de importaciones y mayores beneficios para las empresas transnacionales en perjuicio de las de capital nacional, en su gran mayoría Pymes.

En este marco hacemos una enumeración de los principales temas en debate que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Reforma laboral

Los distintos puntos de la reforma laboral, aun con los cambios “atenuantes” realizados al texto original del proyecto (aún no se conoce el definitivo) legaliza condiciones de mayor inestabilidad laboral, baja de indemnizaciones, precarización y menores ingresos. Estas reformas suelen realizarse en nombre del empresariado en su conjunto, con acento en las Pymes.

La realidad es que si bien hay cuestiones puntuales que deben debatirse, como la litigiosidad laboral, las Pymes tienen más para perder que para ganar con estas reformas. Para las Pymes, el trabajador no es una “variable de ajuste” sino una inversión.

Cuando una Pyme piensa en reducirse es porque está en juego su subsistencia, no su rentabilidad. Mayormente, cierra las persianas es con los trabajadores adentro. Si no hay mercado, precarizar el trabajo no soluciona la situación de las Pymes sino que la empeora, ya que con mayor caída del empleo y del poder adquisitivo se continúa deteriorando la demanda, y con ello la fuente de ingresos de las Pymes, que son más del 90 de las empresas existentes.

Reforma previsional

La propuesta oficial es una fórmula de movilidad con una indexación que será más baja que la actual al utilizar el índice de precios general, pero sin considerar que la canasta de consumo de estos sectores está por encima de los índices promedio de inflación. El perjuicio será entonces por partida doble: el aumento de las jubilaciones será más bajo y por un coeficiente de ajuste que las hará retroceder aún más en poder adquisitivo.

La caída nominal de los haberes sería de 9 a 13 por ciento el año próximo, según diferentes supuestos incorporados en cálculos realizados por especialistas. La pérdida anual alcanzaría por lo menos a casi 11 mil pesos para quienes cobran la mínima, incluyendo el aguinaldo.

De este modo, al tiempo que se deteriora la calidad de vida de la población, se afectará aún más el mercado interno.

Por otra parte, se profundiza la política económica de ajuste recesivo. El “ahorro” previsional por más de 100 mil millones de pesos por año previsto con la modificación de la fórmula de movilidad. El ahorro fiscal que se genera de este modo se destina a financiar el Acuerdo Fiscal con las Provincias, además de aumentar los recursos de la Provincia de Buenos Aires (con el consiguiente apoyo político para la gobernadora Vidal.

Estas medidas están en línea con las recomendaciones del FMI. La distribución del gasto público en el Presupuesto 2018, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, concentra en el rubro Servicios Sociales el 69 por ciento del total, de los cuales tres cuartas partes corresponden a Seguridad Social. Con el rubro intereses de la deuda en fuerte aumento, desde la perspectiva del Gobierno y los acreedores “no hay forma” bajar el déficit significativamente si no es a través de la reducción del gasto en Seguridad Social.

Los cambios acordados con el senador Pichetto para la fórmula de movilidad se han demostrado aún más perjudiciales para los haberes jubilatorios.

Reforma impositiva

Se trata de una reforma de carácter regresivo. Por otra parte no resuelve el problema del estrepitoso déficit fiscal que sigue creciendo mes a mes tal como informan los datos oficiales. El enorme “agujero fiscal” generado por la supresión de retenciones sobre las exportaciones de cereales y la minería aplicadas por decreto recién asumido el Gobierno no se cubre con nuevos impuestos a los que más ganan o más tienen, que es el criterio de fuerte progresividad que debería contener nuestro sistema tributario, característica básica que siempre hemos defendido desde nuestra posición.

Hay dos impuestos que dan progresividad a cualquier régimen tributario: el impuesto a las ganancias (quien más gana más paga) y al Patrimonio (quien más tiene más paga).

El Impuesto sobre los Bienes Personales (grava los patrimonios) fue reducido y va rumbo a su casi total desaparición según lo normado por la Ley 27260 (Reparación Histórica y Blanqueo). Ahora en el proyecto se dispone la reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25 por ciento en forma progresiva para las empresas que reinviertan sus utilidades. Este proyecto resultaría coherente si sus beneficiarios fueran las Pymes, pero resulta inaceptable que se beneficie a los grandes ganadores del modelo con esta medida.

Las medidas que amplían el déficit fiscal aseguran la necesidad de nueva deuda. Tanto la ampliación del déficit como el ajuste del gasto son necesarios para que se anulen posibles objetivos de desarrollo y los préstamos sólo sean generadores de más deuda y más pagos para los acreedores, nuevos gerenciadores del país.

Ley de Responsabilidad Fiscal

A partir de los acuerdos en curso se busca instituir un nuevo esquema de distribución de recursos y cambios impositivos en el nivel provincial.

La redistribución de fondos federales beneficia a la Provincia de Buenos Aires (históricamente perjudicada), a costa de los fondos previsionales y de la mayor parte de las restantes provincias. Se suma una fuerte presión sobre todas las jurisdicciones subnacionales para que reduzcan severamente su presión fiscal. Esto produce un efecto negativo en el mercado interno y en las economías regionales, ya que implica además un esquema de ajustes en el gasto y en el sector público. También se asegura de este modo la dependencia económica respecto de la administración central, siendo ésta la que decide a qué distrito favorecer con ayudas que refuercen políticamente a sus gestores locales.

Reforma del Ministerio Público

Se ve con preocupación el intento de reforma cuyo efecto será quitar facultades al Ministerio Público Fiscal, organismo clave para garantizar una Justicia independiente. APYME participó en el Congreso Nacional en defensa de la Libertad, el Estado de Derecho y la Democracia, junto con organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas, sociales, y referentes del periodismo, la cultura y el ámbito académico y científico.

La entidad advierte que la restricción de las libertades, derechos y garantías que está llevando a cabo el Gobierno con el aval de sectores judiciales, políticos y corporativos tiene un claro fin intimidatorio para impedir el reclamo y la libre expresión de los amplios sectores sociales y productivos afectados por la actual política económica.

Con esta reforma se impedirá el acceso a la Justicia para los sectores sociales y económicos perjudicados por el modelo económico.

Modificación de la ley de Compre Nacional

El proyecto de “Compre Argentino” consiguió dictamen en el plenario de las comisiones de Obras Públicas, PyMEs y Presupuesto de la Cámara de Diputados. El proyecto del Ejecutivo sufrió cambios por parte del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, que apoyaron al oficialismo en la votación. El FpV y la izquierda presentaron dictámenes de minoría.

El margen de preferencia a las ofertas de bienes nacionales para las Pymes, que pasa del 7 al 15 por ciento, por encima del proyecto original que ponía un techo del 12 por ciento. Para las grandes empresas se pasa de un 5 al 8 por ciento.

También se incluye un piso de reserva de mercado del 20 por ciento para bienes nacionales en compras por debajo de 1.300.000 pesos y para obra pública de vivienda y edificios públicos en hasta 100 millones de pesos. Para ser considerado un bien nacional y por lo tanto susceptible de recibir los beneficios, al igual que la norma actual, el máximo contenido importado es del 40 por ciento.

Otro de los cambios consiste en la incorporación de una cláusula que permite recotizar a las Pymes en compras de hasta 20 millones de pesos en los casos en donde pierdan la compulsa frente a una empresa grande o un importado por hasta el 20 por ciento de la mejor oferta. En ese caso, la pyme tiene una segunda chance de cotizar.

APYME adhirió al dictamen de minoría presentado, junto con otros bloques, por Carlos Heller. Allí , entre otras modificaciones, se especifica que “los sujetos obligados, deberán reservar en sus contrataciones, un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) como mínimo para la provisión de bienes de origen nacional producidos y/o comercializados por empresas calificadas como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de conformidad a la Ley Nº 25.300, sus modificatorias y complementarias, y/o por Cooperativas inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), o en el organismo que en el futuro lo reemplace. A los fines del cómputo del porcentaje, no deberán computarse las obras civiles, la locación de servicios ni los insumos primarios. Para el supuesto en que la reserva de mercado no pueda ser cubierta por los sujetos referidos en el párrafo anterior, aquélla deberá ser cubierta por aquellas empresas que produzcan bienes de origen nacional”.

Una diferencia fundamental de plantea este dictamen se refiere a los sujetos obligados por la ley a dar preferencia a bienes de origen nacional. A diferencia del proyecto oficial, se incluyen las empresas del Estado y prestadoras de servicios públicos.

Reforma del mercado de capitales

La propuesta del oficialismo se denomina Ley de Financiamiento Productivo e introduce cambios sobre la creación de Fondos Comunes de Inversión, los descuentos de facturas electrónicas de las Pymes y la posibilidad de indexar por inflación la póliza de los seguros.

Debe observarse, en relación con el énfasis en el “crédito productivo”, la decisión del BCRA de que a partir de enero de 1918 se elimine gradualmente la línea de financiamiento productivo, que ya había sido de alguna manera degradada.

La cuestión de fondo de este proyecto es modificar artículos claves de la actual ley, fuertemente objetados por los grandes grupos económicos.

El conjunto del proyecto reduce el control del flujo de capitales y de su participación en las empresas, al tiempo que reduce los controles de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La normativa limita las facultades de esta entidad de intervenir en empresas, de remover miembros del directorio de una sociedad y de nombrar veedores. Si se aprueba la ley, se deberá solicitar una intervención judicial previa, al tiempo que la sociedad tendrá derecho a presentar su estrategia de defensa.

En ese sentido, el proyecto elimina el artículo 20 de la actual ley, por el cual la CNV puede intervenir una empresa y designar veedores con poder de veto si encuentra que la dirección empresaria toma decisiones en perjuicio de los accionistas minoritarios.

También tiende a loa “autorregulación” de los mercados al dejar sin efecto otro punto de la actual ley, que en el art. 19 dice: “El organismo podrá requerir a los mercados y cámaras compensadoras que ejerzan funciones de supervisión, inspección y fiscalización sobre sus miembros participantes”.

El proyecto legaliza la operación de la banca privada, sospechada desde hace años de desarrollar una ingeniería financiera que permite a los grandes capitales privados eludir el pago de impuestos.

Se avalará el uso de letras hipotecarias, que les permitirá a los grandes inversores privados comprar en forma de instrumento financiero los créditos para la vivienda que se entregan a través de los bancos. Se trata de un mecanismo similar al que generó en 2008 el estallido de la crisis financiera en Estados Unidos con las hipotecas subprime.

Se reduce de dos años a seis meses el período de incompatibilidad por el cual un miembro del sector privado no puede formar parte de la CNV.

Reforma de la Ley de Defensa de la Competencia

Bajo objetivos loables como “disuadir conductas anticompetitivas, actualizar el marco regulatorio, independizar el accionar de la autoridad de la competencia, alcanzar las mejores prácticas internacionales”, en el dictamen de la mayoría, que unifica los proyectos de Carrió y Negri, aparecen disposiciones que no coinciden con esos objetivos, y que más aun, significan un claro retroceso en el ámbito de los derechos de los consumidores. Como cuestión de fondo, se intenta derogar la ley actual, en la que se autoriza a la autoridad de aplicación y a la Comisión de Defensa de la Competencia a realizar las tareas requeridas para investigar casos de abuso en las cadenas de valor, etc. Por este motivo, los cambios que se proponen constituyen un retroceso que no hace más que apoyar la lógica de las asociaciones de grandes empresarios que fueron los que estuvieron en contra de la sanción 26.991 del años 2014, Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que modificó la Ley de Abastecimiento. Esta ley no pudo ser puesta en práctica justamente porque esas asociaciones de grandes empresarios presentaron amparos para evitar que el Estado tenga conocimiento de lo que ocurre en las cadenas de valor.

Aumentos de tarifas

Recientemente se conocieron los nuevos cronogramas aumentos en gas y electricidad, impuestos mediante audiencias meramente informativas, ya impugnadas por nuestra entidad en línea con la postura de la Multisectorial contra el Tarifazo y asociaciones de usuarios. Se trata de un ámbito de nula participación de los distintos sectores afectados, donde no se discuten realmente las razones de los aumentos sino que se busca legitimar los cuadros acordados por el Ministerio de Energía con las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras.

En las recientes audiencias, además del cronograma de aumentos irrazonables e injustificados, se anunció la reducción de las bonificaciones por ahorro, tanto en energía eléctrica como en gas. Esto significa que para quienes venían ahorrando respecto de la facturación del año anterior, el aumento será mucho más significativo, ya que los nuevos esquemas de ahorro son de casi imposible cumplimiento.

La combinación entre la suba de la energía mayorista y la recomposición del VAD supondrá en diciembre un aumento que para el 90 por ciento de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur será de un 57 % por ciento en dos tramos (diciembre y febrero) , mientras que el 10 por ciento restante llegará hasta un 70 por ciento. Sin embargo, para quienes venían siendo beneficiados por la bonificación que premiaba el ahorro el aumento será mucho mayor.

La situación del gas es similar. Tomando en cuenta el incremento del precio mayorista y el ajuste en el VAD, el aumento promedio para los usuarios del Area Metropolitana de Buenos Aires será del 45 por ciento con un pico del 58 por ciento para las categorías más bajas. Esos ajustes están calculados tomando el incremento del gas mayorista sin el descuento por ahorro, pero los R1 que venían ahorrando un 15 por ciento de gas con respecto a 2015 no tendrán que afrontar un aumento de 30 por ciento para el gas proveniente de la cuenca neuquina sino del 160 por ciento.

Reunión ministerial de la OMC

Integrada por 164 miembros (países y asociaciones aduaneras) la OMC es la entidad emergente de la hegemonía neoliberal de los años ‘90. En su cuarta Conferencia Ministerial, en 2001, dio inicio la Ronda de Doha cuyos objetivos explícitos, impulsados por las grandes corporaciones multinacionales, son “la incorporación de los países en vías de desarrollo en los beneficios de la liberación del comercio mundial así como la ampliación de esta liberalización”. Hasta ahora las discusiones giraban en torno a subsidios, aranceles y apertura de mercados no agrícolas. conjunto de los países de capitalismo avanzado requieren como “compensación” a sus rebajas de subsidios que los de menor desarrollo amplíen la apertura de sus mercados industriales y comerciales y liberalicen sus legislaciones sobre inversiones extranjeras.

En la próxima cumbre ministerial en BA aparece un nuevo campo de disputas: comercio electrónico (e-commerce). El sector más interesado es el de la tecnología de punta, que incluye a cinco de las siete empresas más grandes del mundo. El intercambio internacional de datos será tal vez el eje principal de las discusiones de la XI° Conferencia Ministerial, que, según como se resuelva, acrecentarán nuestra dependencia tecnológica y debilitarán aún más la soberanía de naciones como Argentina. Hoy los miembros de la OMC no disponen de mandatos para redactar nuevas normas sobre comercio electrónico. Estas empresas buscan flexibilizar las normas para el comercio de datos. Las empresas de base tecnológica buscan consolidar sus prácticas de autorregulación y flexibilizar a nivel mundial las leyes de protección de datos personales, para ello necesitan presentarlas como medidas que obstaculizan el comercio (bajo el rétulo de “obstáculos de localización”. Uno de los principales argumentos de quienes proponen normativas que favorezcan el comercio electrónico es que impulsarían el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en este campo Sin embargo puestas las Pymes a competir lo más probable es que las principales corporaciones tecnológicas hagan valer su poder monopólico.

Acuerdo de Libre Comercio Mercosur – Unión Europea

Sin que hayan trascendido las cláusulas, ya que las negociaciones no se realizan a la luz, es de conocimiento público que se está avanzando en un acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea. Su principal consecuencia será restringir severamente toda política de protección a sectores industriales de nuestros países, a cambio de una entrada más libre de bienes primarios y sus manufacturas (por ejemplo, biodiesel) en el mercado europeo. De este modo se pondría en peligro por ejemplo el arancel externo común que valla a la industria automotriz hoy estructurada en el Mercosur.

Por otra parte es dudoso que la Unión Europea ponga en peligro su sector agropecuario, que tiene gran importancia en varios países pero que parece imposibilitado de competir con las ventajas comparativas del Mercosur, en lo referido a cereales, oleaginosas y ganadería.

Mientas debe exigirse el estado público de los términos y plazos de las negociaciones, es necesario señalar el aspecto político de este acuerdo.

Fracasado el intento del ALCA en 2005, y ante el evidente crecimiento del proteccionismo estadounidense, la única opción que parece quedar es la Unión Europea, ya que BRICS no está en la agenda de los actuales gobiernos de Brasil y Argentina (sobre todo por la presencia de la Federación Rusa).

El acuerdo será al mismo tiempo un poderoso instrumento de disciplinamiento interno, dado que habrá grandes restricciones a políticas de promoción o asistencia a sectores expuestos. Esto contendrá tanto a sectores empresarios como sindicales, y finalmente operará el mercado, objetivo que aúna los puntos de vista los actuales gobiernos conservadores de Argentina y Brasil.

Todas las medidas enunciadas y descriptas coinciden con los reclamos y sugerencias de corporaciones y organismos internacionales. Esos actores están diseñando nuestro futuro, que sin dudas no será de prosperidad para las Pymes y el trabajo local. No hay dudas de no se trata de empresas “buenas” “malas”, sino de si queremos un país para unos pocos sectores de grandes exportadores, multinacionales y especuladores, o por el contrario, construir un país industrializado e inclusivo, con una inserción soberana y beneficiosa en el contexto internacional.