Absolución de Milagro Sala: un insólito caso que quedó en la nada

Dic 10, 2017 La Quinta Pata Nacional Comentarios desactivados en Absolución de Milagro Sala: un insólito caso que quedó en la nada

Apuntes para entender cómo se arman causas contra la líder de la Tupac. Acusaciones sin pruebas, testigos que no recuerdan nada. Igualmente, Milagro Sala seguirá presa, aunque no tenga una condena en su contra. La Corte Suprema exigió que su detención sea domiciliaria.

Por Enrique de la Calle

Esta semana, los jueces que integran el Tribunal Oral Criminal N 2 resolvieron absolver a Milagro Sala en lo que se conoce como «la causa de las bombachas». En la misma se investigó si la líder de la Tupac y opositora al gobernador radical Gerardo Morales cometió el delito de «amenazas» contra agentes de una comisaría.

El caso es insólito y tiene todos los elementos clásicos de una causa armada. Y repite una lógica de muchas de las causas que se llevan adelante contra Sala, quien está arbitrariamente detenida en una prisión de Alto Comedero desde enero de 2016. Fue la primera dirigente opositora presa en el país sin condena.

¿En qué consiste la causa de las bombachas? Por el robo de unas prendas femeninas, demoraron en una comisaria a la hija de una militante de la Tupac. Milagro Sala llamó a la comisaría y discutió en términos acalorados con dos agentes. El hecho ocurrió en octubre de 2014.

Un hecho menor, excepto en la tierra de Morales. Los dos agentes denunciaron a Sala por «amenazas»; los abogados querellantes fueron Gastón Morales (¡hijo del Gobernador!) y Luciano Rivas, actual secretario de Gobierno provincial. Cuando Morales asumió el Ejecutivo provincial, y para disimular un poco, los abogados renunciaron: quedaron a cargo de la acusación otros colegas vinculados a ellos. Total normalidad.

Hasta acá un capítulo más en la historia de persecución de Morales sobre Sala. ¿Y las amenazas? Los agentes que denunciaron a la líder de la Tupac (Ángela Silvina Cabero y Rubén Eduardo Vázquez) reconocieron en las audiencias que no se tomaron en serio los dichos Sala y según recuerdan otros agentes ambos continuaron en sus tareas sin sobresalto. Por supuesto, no existe ningún registro de las supuestas amenazas. A la República donde vamos no se requieren pruebas.

Pero hay más: en su alegato final, la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, describió que luego del intercambio entre Sala y los agentes ni Cabero ni Vázquez (los «amenazados») informaron ni a sus superiores ni al fiscal de turno. ¿No se preocuparon en ese momento por las amenazas?

Entre los testigos propuestos por la fiscalía, que pidió 4 años para Sala, Gómez Alcorta ironizó sobre dos casos. El primero, refiere a una mujer que hace 13 años sufrió un ACV y perdió la capacidad del habla. En la audiencia no recordó el hecho en cuestión. Sin embargo, el Tribunal aceptó por buena su declaración de octubre de 2014, que fue realizada sin la presencia de ningún funcionario judicial y que nunca fue ratificada durante todo el proceso. Dale que va. Como sea, en aquella declaración la mujer habló de «insultos», no de amenazas.

El otro caso es el Pablo Llampa, quien fue citado a prestar declaración dos veces: en la segunda, se le exigió que recordara lo que en la primera no pudo. A pesar de la insistencia del fiscal, el testigo se mantuvo en su postura.

Con esa seriedad en la instrucción se llegó a un nuevo juicio oral en una causa contra Sala. «Todos sabemos que si esta causa no hubiera tenido los nombres de Milagro Sala y Gerardo Morales nunca hubiera llegado a etapa de juicio oral”, insistió Gómez Alcorta.

Cuando los jueces pusieron un poco de sensatez y absolvieron a la líder popular, que debió enfrentar con entereza otra afrenta contra su persona, Gómez Alcorta dialogó con la prensa: «Se fulminó la farsa de este proceso organizado por Morales».

Y recordó el contexto: «La finalización de este segundo proceso judicial contra Milagro Sala se da un día después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera que el Estado nacional debe cumplir de forma cabal y en modo urgente con la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la dirigente social debe abandonar la cárcel». Hasta el momento, la Justicia provincial sigue desoyendo a la CIDH y, ahora, a la Corte Suprema. Todo vale en la República de Morales.

Fuente: APU