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La Teoría del derrame, la que afirma que el crecimiento económico es suficiente para aliviar la pobreza, se resignifica con cada gobierno.
Es que la esencia de esta idea no apunta a desestructurar los poderes económicos para que la economía esté en función del bienestar de las mayorías. En la práctica solo genera mayores ganancias para las grandes empresas que, de darse un período de bonanza, pueden llegar a distribuirse -solo en parte- con intervención del Estado y mejorar circunstancialmente los bolsillos de los más necesitados.
Lo que sucede en general es que las mayores ganancias no se traducen en menores precios o mayores inversiones que generen fuentes de trabajo, sino que se terminan fugando del país.
En este artículo, el economista y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Claudio Lozano, desarma con argumentos la afirmación que desde varios sectores del ámbito económico y desde el propio gobierno de Cambiemos se utiliza para asegurar que el crecimiento de la economía va a traer un aumento de los ingresos en los hogares y, por lo tanto, el fin de la pobreza.
Lo compartimos:
Es común escuchar proyecciones de economistas que dicen que si la Argentina creciera de forma prolongada a un determinado ritmo, el ingreso de los hogares aumentaría y se terminaría con la pobreza. En nombre de ese objetivo nos convocan a acompañar políticas que aumentan la desigualdad para resolver la pobreza en el futuro.
Lo ocurrido con la reciente reforma previsional y el resto del paquete de políticas oficiales va en este sentido: con el fin de ampliar las ganancias empresarias, nos sugieren acrecentar la desigualdad en la búsqueda de la «pobreza cero».
Esta mirada es simplista. La Argentina no es capaz de crecer ininterrumpidamente por sus desequilibrios financieros y productivos. La restricción externa dado el creciente endeudamiento, la cuantía de la fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior, así como la relación directa entre producto e importaciones, demuestran que no habrá décadas de crecimiento sin replantearnos el perfil productivo y el ordenamiento financiero de la economía.
Las políticas en curso resultan no efectivas frente a las problemáticas estructurales, porque la clave que organiza los desequilibrios es la desigualdad. Si no colocamos este tema en el centro de la discusión no existe ni presente ni existirá futuro sin pobres.
Suponiendo que los hogares pobres e indigentes no tuvieran ingresos, la transferencia necesaria vía instrumentos de políticas públicas para terminar con la situación imperante es equivalente al 6% del PBI en el caso de la pobreza, y al 0,5% en el caso de la indigencia. Pero considerando los ingresos que percibe la población pobre y la brecha a cubrir para sacarlos de su situación, la distribución es equivalente al 2,4% y al 0,2% del PBI. En términos del gasto público ejecutado por las administraciones nacional, provincial y municipal, los recursos necesarios para terminar con la pobreza ascienden al 5,9 por ciento.
¿Es posible pensar en una redistribución de ingresos equivalente al 2,4% del PBI o al 5,9% del gasto público consolidado? Claro que sí. Resolver la pobreza se puede y se debe realizar. El conjunto de políticas a instrumentar es discutible, no así la factibilidad de la redistribución. Solo se vuelve imposible si se respeta el compromiso con el statu quo de la desigualdad.
Si la estrategia estuviera orientada a eliminar el fenómeno social de la pobreza sobre la base de reducir la desigualdad, el impacto podría extenderse al conjunto de las relaciones económicas, financieras y fiscales. Redistribuir ingresos requiere de un replanteo progresivo del gasto público y de la carga tributaria, contrariamente al contenido regresivo de las reformas del Gobierno. Insistir en la ampliación de la desigualdad para resolver la pobreza es una contradicción, porque la desigualdad reproduce los desequilibrios financieros y productivos, impide el crecimiento ininterrumpido y perpetúa la pobreza
Fuente: RedEco
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