El local de la CGT en Mendoza que terminó en un despojo a la clase obrera

Ago 15, 2021 La Quinta Pata La Pata Semanal Comentarios desactivados en El local de la CGT en Mendoza que terminó en un despojo a la clase obrera

El siguiente proyecto de declaración presentado por el diputado Carlos Sosa, muestra de cuerpo entero quiénes son los unos y los otros en la trama del ultimado despojo de la sede sindical que se dio la semana pasada, a pedido del superintendente de Irrigación que tomó la decisión de rescindir el comodato con la entidad gremial.

En 1950 el Departamento General de Irrigación por Resolución 760 del 22 de agosto decidió vender al gobierno provincial del gobernador justicialista Blas Brísoli el inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo 1245 de la Ciudad de Mendoza, que fuera su sede hasta 1946 comprada con aportes de los regantes.

En 1951 el gobernador Brísoli firmó los decretos 558 y 1181 por los cuales el Estado mendocino dispuso adquirir este inmueble para destinarlo a la CGT.

En 1953 -bajo la gobernación justicialista de Carlos Evans– las cámaras de Diputados y de Senadores de Mendoza aprobaron el proyecto de ley presentado por los doctores Ernesto Corvalán Nanclares y Alberto Serú García que dispuso la cesión total del inmueble a la CGT Regional, para la puesta en funcionamiento de una escuela sindical.

Acto seguido la CGT Mendoza instaló en ese edificio su sede oficial.
El 16 de setiembre de 1955 se produjo el golpe de Estado por el cual los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu usurparon el poder y derrocaron al presidente Juan Domingo Perón. En Mendoza el gobernador Carlos Evans fue remplazado por los sucesivos interventores militares Roberto Nazar y Héctor Ladvocat y por el interventor radical Isidoro Busquets.

En todo el país comenzó a regir el decreto 3.855/55 que proscribió al justicialismo y ordenó -sin conseguirlo- ‘borrar’ todo vestigio de peronismo.
Al momento del golpe de estado la CGT regional Mendoza estaba conducida por los dirigentes Ignacio Gómez, Eduardo Dean, Guillermo Cusnaider, Ricardo Pierro y Ángel Vona,

En la foto de portada, militantes del Sindicato Argentino de Televisión que se hicieron presentes desde el primer momento en la puerta del domicilio, acompañados por el secretario general de la entidad y diputado provincial del Frente de Todos, Marcelo Aparicio

Tras el golpe de estado, un comunicado con el membrete de la CGT exhortó “a los obreros de la provincia a trabajar y contribuir a la pacificación”, aunque integrantes de la dirigencia cegetista desmintieron posteriormente haber firmado ese texto, según atestigua la investigadora Yamile Álvarez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en su obra La Resistencia Peronista en Mendoza (1955-1960). Una aproximación a su estudio a través del relato de sus protagonistas”.

El 10 de octubre de 1955 el gobierno de facto destituyó a la conducción de la central obrera y el 13 de noviembre ordenó la intervención de la CGT Mendoza -con sede en 25 de Mayo 1245 de Ciudad- “para liberar a los obreros de toda sujeción totalitaria” ya que “es menester una transformación profunda en la estructura gremial, lo que se logrará a través de un proceso de democratización”.

Para ello el gobierno de facto propuso que “los trabajadores puedan decidir con entera libertad, sin coacciones de ninguna clase y sin la intervención de falsos dirigentes que utilizaron los gremios en beneficio de una tendencia política o de sus intereses particulares ejercitando una verdadera dictadura”.

La intervención federal a Mendoza de los militares Nazar y Ladvocat y del dirigente político radical Busquets procedió a la clausura del local de la CGT en calle 25 de Mayo y designó como interventor de la regional obrera al capitán Roberto José Videla.

Sobre este tema el dirigente justicialista Decio Naranjo expresó: “En Mendoza el movimiento obrero se mantuvo en la clandestinidad, no se podía hacer reuniones porque los gremios estaban intervenidos. […] el movimiento obrero fue descabezado porque todos sus dirigentes fueron encarcelados, desde el delegado regional hasta los miembros del secretariado. Paulatinamente los dirigentes de los sindicatos se fueron reuniendo en lugares inadecuados, pero las circunstancias lo obligaban. Normalmente nos reuníamos en Buenos Aires y Perito Moreno, en la casa de un dirigente sindical o en los cafés de la calle San Martín, y cuando había reuniones más grandes, reuniones plenarias, hacíamos circular un ómnibus por la calle San Martín que paraba en determinadas esquinas […] Este ómnibus se dirigía generalmente a una zona del Algarrobal, donde había unos viñedos y abajo de los viñedos nos reuníamos y ahí conversábamos sobre todo lo que teníamos que hacer. […] a la CGT entra un militar a hacerse cargo de la intervención, desde ahí se emite la intervención a todas las organizaciones gremiales”.

Tal como cualquiera puede comprender, en esta época la CGT no podía hacer uso libremente de su sede de calle 25 de Mayo.

En el año 1957 el gobierno de facto intentó una reorganización de la central obrera y el Interventor militar en la central obrera ‘aprobó’ el estatuto provisorio de la Confederación General del Trabajo de la Provincia de Mendoza. El 28 de junio en el salón de actos de la CGT, en calle 25 de Mayo 1245 se reunió el cuerpo de delegados de los distintos gremios acreditados para elegir a los miembros del Consejo Provincial.

El 25 de julio asumieron sus funciones las nuevas autoridades encabezadas por el Secretario General, Marcos Palacios del gremio de Luz y Fuerza: acompañado por el Secretario de Organización, Edgardo Boris de Sanidad Argentina; el Secretario Gremial, Carlos Grilli de la Unión Gastronómica; el Secretario Administrativo, Florencio Farias de la Unión Obrera de la Construcción; el Tesorero, Rodolfo Mahilos de la Federación Vitivinícola; el Secretario de Cultura, Prensa y Propaganda, Ramón Abalo del Sindicato Argentino de Prensa y el Secretario de Asistencia, Agustín Cuevas de la Federación Gráfica Argentina.

Por entonces el movimiento obrero mendocino inició un plan de lucha, a través de paros parciales y totales y actos públicos, en protesta por el alto costo de vida y en demanda de aumentos salariales lo que le costó a la CGT nuevas intervenciones.

Con el triunfo electoral de Arturo Frondizi como presidente, el 23 de febrero de 1958 y el de Ernesto Ueltschi como gobernador de Mendoza el 1 de mayo de 1958 comenzó un muy breve paréntesis democrático que contempló la ley 14.436 de amnistía, el levantamiento de las inhabilitaciones políticas y de las inhibiciones gremiales y una nueva normalización de la CGT.

Todo terminó muy pronto a raíz de la implementación del denominado ‘Plan Conintes’ de ‘seguridad’ y el 13 de junio de 1958, por la noche, desconocidos armados penetraron en el local de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en Avenida Mitre 573 de ciudad y secuestraron para golpear al secretario general, Edgardo Boris.

Desde su sede de calle 25 de Mayo, la CGT Regional Mendoza responsabilizó al gobierno provincial y a las autoridades militares por este secuestro (y el de dos dirigentes políticos del peronismo) y se declaró en estado de alerta.
Todos estos datos los ha dado a conocer la investigadora Yamile Álvarez, en la Revista de Historia Americana y Argentina, Volumen 49, Número 2, Año 2014, UNCuyo, ISSN: 0556-5960, páginas 187 a 216.

Durante todo este periodo la utilización de su sede de calle 25 de Mayo por parte de la CGT estuvo condicionada a los vaivenes de un largo periodo con intermitencias democráticas en escenarios predominantes de gobiernos de facto.

El 31 de marzo de 1972 en la sede de calle 25 de Mayo de la CGT se llevó a cabo el plenario de secretarios generales de la central obrera que se declaró en estado de alerta y movilización y dispuso un paro y concentración ante el descomunal aumento de las tarifas eléctricas, que luego derivó en ‘El Mendozazo’.

El interventor federal de Mendoza, era por entonces el dirigente político del Partido Demócrata, Francisco Gabrielli.

El comunicado de la CGT firmado por su secretario general, Carlos Fiorentini expresó: “Visto que la regional Mendoza de la Confederación General del Trabajo representa a la inmensa mayoría del pueblo, que es sometido a un nuevo e incalificable atropello que afecta a todos los sectores, resuelve: decretar el estado de alerta en todas las organizaciones adheridas a partir de la 0 hora del día 31 (de marzo); decretar un paro de actividades de dos horas a partir de las 10, el martes 4 de abril (…..) aconsejar al pueblo de Mendoza no pagar las facturas enviadas por Agua y Energía; ratificar que se deben mantener las tarifas anteriores; solicitar el apoyo a la marcha popular de repudio que se realizara aproximadamente a las 11, después de la concentración a efectuarse frente a la CGT, 25 de Mayo 1245”

El lunes 3 de abril a las 18.30 frente a la sede de la CGT se reunió la mesa redonda de la Coordinadora Provincial ‘No pague la luz’ para coordinar la protesta a la que se suma el magisterio y organizaciones vecinales y de estudiantes.

El interventor demócrata Gabrielli comunicó que “considerando las disposiciones legales vigentes que derivan de la situación del estado de sitio en todo el país, se comunica a la población que no serán autorizadas las reuniones ni manifestaciones públicas proyectadas”.

“Desde el local de la CGT, una columna compuesta aproximadamente por unos 3.000 cuerpos enfila por calle 25 de Mayo hacia el norte, doblando por Las Heras, para continuar por calles San Martín, Colón y Mitre hasta llegar a la explanada de la Casa de Gobierno. Al pasar por calle San Martín en la intersección con Colón, se sumó a la columna un gran número de maestras, provenientes de su sede sindical. Los cánticos condenaron el alza en las tarifas eléctricas, pero atacaron también al gobierno, personificado en la figura del interventor Gabrielli.

“Hacia las 13:30hs. se informó desde Buenos Aires que la provincia de Mendoza ha sido declarada zona de emergencia por el Poder Ejecutivo Nacional, subordinándose todas las fuerzas armadas al control del Comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, General Luis Gómez Centurión, quien asumió como interventor provincial. A las 13:45hs., por disposición del comandante de la zona de emergencia, las emisoras locales comenzaron a transmitir en cadena con L.R.A. Radio Nacional”, escribió en 2009 la investigadora Gabriela Noemí Scodeller, en su tesis en la Universidad Nacional de La Plata presentada para la obtención del grado de Doctora en Historia bajo la dirección de Inés Izaguirre. El título de la tesis es “Conflictos obreros en Mendoza (1969-1974): cambios en las formas de organización y de lucha producto del Mendozazo: Un análisis del ‘borramiento’ del conflicto como política de la memoria de la historiografía regional y se puede encontrar en Internet en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.449/te.449.pdf.

La investigadora también agregó que “en la tarde del jueves (6 de abril de 1972), efectivos del Ejército allanaron la sede del periódico vespertino El Andino, rompiendo y secuestrando los ejemplares que allí se encontraban, al igual que los que ya estaban en manos de los vendedores. El motivo, según las autoridades policiales, fue la publicación de una noticia “inexacta” por parte del matutino: la realización de un nuevo paro por parte de la CGT para el viernes 7. El periódico “El Regional‟ logró editar en la mañana del día 7 unos 3.000 ejemplares explicando lo sucedido. Según esta fuente, el motivo del allanamiento del día anterior fue impedir la difusión del paro decretado por la CGT para el día viernes. Este diario sufrió inmediatamente la clausura, y uno de sus redactores fue detenido”.
El Mendozazo dejó un saldo de tres muertos (Ramón Quiroga, canillita de 39 años de edad; Susana Gil de Aragón, de 42 años, propietaria de un bar ubicado frente a la plaza departamental de Las Heras y Luis Mallea de 18 años, estudiante). 190 heridos y 480 detenidos y una veintena de vehículos, micros y trolebuses incendiados a lo largo de una semana de disturbios. Cuando la policía se vio superada, entraron en acción Gendarmería y el Ejército, produciéndose a partir de allí la ocupación militar del territorio.
A pesar de los vaivenes institucionales de la provincia y del país y de las dificultades para hacer uso permanente de su sede, la titularidad del local de la CGT no fue cuestionada hasta la llegada del denominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ que instauró en el país la mayor dictadura genocida de la historia del país.

Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el interventor militar de Mendoza Jorge Sixto Fernández a través de su ministro de Gobierno, Teófilo Ramírez Dolan, le reclamó a la CGT (intervenida por el coronel Augusto Landa Morón) la ‘devolución’ del inmueble ante el reclamo del Departamento General de Irrigación (intervenido a su vez por el comodoro (RE) Juan Mario Alberto Marino) porque “el gobierno no pagó la operación de compra del inmueble”.

Es decir que el cuestionamiento a la titularidad de la sede de la CGT Mendoza surgió por acuerdo de tres militares que usurpaban puestos en la CGT, en Irrigación y en la propia gobernación de la Provincia.
Poco después el coronel José Tidio Lagomarsino de León, nuevo interventor en CGT de la República Argentina y el comodoro Marino de Irrigación acordaron que la central obrera entregaría el inmueble antes del año 1981. Y que el Juzgado Federal de primera instancia de Mendoza (expediente 24600-4) debía homologar el acuerdo.

Con la vuelta a la democracia el gobernador radical Santiago Felipe Llaver destinó la sede de la CGT al resguardo de damnificados por el sismo de 1985.

En 1990 el gobernador justicialista, José Bordón, firmó un acuerdo con la CGT (cuyo secretario general era Guillermo Luchessi) en el que se ‘restituyó’ la sede a la central obrera, pero ‘en calidad de préstamo’.

En 2013 la CGT (a cargo del secretario general Jorge Córdova) e Irrigación (bajo el superintendente José Luis Álvarez) firmaron un comodato gratuito con el compromiso del mantenimiento y el pago de servicios y con cláusula amplia de rescisión. Por entonces la Municipalidad de Capital comenzó a reclamar deudas atrasadas por 754 mil pesos.

En 2017 el superintendente Sergio Marinelli de Irrigación dictó la resolución 715 que rescindió el comodato y emplazó a la CGT para la entrega al tiempo que radicó denuncia en la Justicia..

El 21 de noviembre de 2018 se produjo el primer intento de desalojo en la sede de la CGT, por orden del Octavo Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción Judicial.

Y el 11 de agosto de 2021 y frente a la sentencia de desalojo la CGT Mendoza reunió a los secretarios generales de todos los gremios en una convocatoria firmada por el delegado regional, Luis Márquez y el delegado regional adjunto, Oscar Arancibia. El encuentro se llevó a cabo en la puerta de la sede de la central obrera, en 25 de Mayo 1245 de la Ciudad de Mendoza. Allí se recibió el informe sobre el estado legal de la causa y se rechazó de plano ‘el despojo a la CGT Mendoza de su propia casa’.