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La Asociación Xumek presentó una denuncia formal ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que da cuenta de la existencia de un plan sistemático para someter la independencia del Poder Judicial, implementado en Mendoza a partir de la asunción de Alfredo Cornejo en diciembre de 2015 y que subsiste bajo el mandato de Rodolfo Suárez.
CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA
La denuncia fue acompañada por otros organismos de Derechos Humanos como APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y AJUS La Plata.
El documento toma como antecedente el pronunciamiento de 2019 del Relator de ONU, Diego García-Sayán en que afirmó “la existencia de un Plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República de Argentina, que se estaría ejecutando por medio de una serie de actos concatenados, vinculados los unos a los otros estrechamente” durante el gobierno de Macri.
La denuncia de Xumek describe un conjunto de hechos seleccionados arbitrariamente pero que bastan y sobran para certificar el mecanismo extorsivo. Cada uno de ellos está acompañado de elementos probatorios incontrovertibles, básicamente porque son públicos y notorios.
EL TEXTO COMPLETO DE LA DENUNCIA
Así, se menciona el copamiento de la Suprema Corte por parte de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez. Se recorre la secuencia de hechos que van desde la asunción como gobernador, las presiones a los tribunos que no fueron de su agrado, hasta lograr la renuncia de alguno de ellos y la jura a escondidas de una integrante de la Corte que incumplía los requisitos constitucionales. Como dato, anecdótico si se quiere, se expone que el actual presidente del máximo tribunal mendocino es quien fuera ministro de gobierno del mismo Cornejo.
A la Corte se le suma la designación y actuación partidista del Procurador Alejandro Gullé. Al respecto se aporta material probatorio que deja expuesta la indefensión ciudadana y la falta de transparencia. Se menciona la manipulación de fiscales que evitó un peritaje por enriquecimiento ilícito del propio Cornejo o el encubrimiento al ex ministro de Cornejo, Rubén Giacchi, procesado por violencia de género en hechos que luego de la intervención de Gullé dejaron de ser violencia de género aunque consistieran en golpizas a la novia ante decenas de testigos.
Se incluyen casos sensibles para las políticas del Poder Ejecutivo mendocino. La manipulación de las Salas u otros aspectos del proceso en temas como “ítem aula”, “Código contravencional” o fracking.
También se recorren los ataques sistemáticos de Cornejo y Suárez a los jueces que no son de su agrado. Presiones que incluyeron extorsiones públicas con juicios políticos amparados en el partidismo.
El texto resume la persecución a la Organización Barrial y Política Tupac Amaru enmarcándola en el contexto de hostigamiento a opositores. Por ejemplo, por las mismas acusaciones debió responder judicialmente el intendente opositor de Lavalle pero no el propio Cornejo que realizaba en su carácter de intendente de Godoy Cruz el mismo tipo de procedimientos. Claro que al día de hoy se demostraron como falaces las acusaciones a la “Tupac Amaru”.
La presentación realizada no casualmente en el ex Centro Clandestino de Detención D2 devenido Sitio de la Memoria el 9 de diciembre constituyó uno de los hechos principales del año político. Sin embargo pasó desapercibida para los medios hegemónicos mendocinos.
La denuncia debe ser admitida por la Relatoría y, de serlo, se traducirá en un reclamo al gobierno nacional argentino para que garantice la independencia y libertad de jueces, fiscales y abogados en la provincia de Mendoza.
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