“La forma de alcanzar a los accionistas con la carga fiscal de la que la sociedad estuvo exenta es a través de la gravabilidad de los dividendos al 35% cuando la acumulación de estos supera las utilidades impositivas de la sociedad», agregó Scalone.

El profesional puntualizó que “la cuestión discutida en el fallo analizado radica en si dicha carga fiscal constituye un gravamen cuyo impacto económico recae sobre el accionista o si, en realidad, al tratarse de un proyecto de inversión, dicha gravabilidad no está afectando indirectamente a la actividad promovida que desarrolla la empresa, por cuanto la tasa de rentabilidad del inversor se ve afectada por el nuevo tributo”.

“De darse esto último se estaría afectando la garantía de estabilidad fiscal de la que goza la actividad minera”, agregó Scalone.

Luego de analizar el problema, la CSJN se inclinó por una visión interpretativa económica e integradora, al determinar que las normas de promoción de actividades no deben ser abordadas necesariamente con el sentido más restringido, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de razonabilidad.

“Así lo ha entendido la mayoría de la Corte al considerar que el propósito de la ley de promover la actividad minera se ha visto afectado por el nuevo tributo recaído sobre el accionista inversor, con lo cual la rentabilidad de la inversión se ve reducida por tal circunstancia”, concluyó Scalone.

Desde el Departamento de Consultoría Tributaria del Estudio Harteneck – Quian – Teresa Gómez & Asociados, Teresa Gómez se manifestó en igual sentido: “el impuesto de igualación, tiene un efecto equivalente al de un aumento de la tasa efectiva en ganancias que afrontan las compañías”.

“No es válido sostener que el régimen de estabilidad fiscal comprende únicamente a las empresas inscriptas que desarrollan los emprendimientos mineros sin extenderse a los accionistas de aquellas, quienes son los beneficiarios de las rentas objeto de imposición”, concluyó Gómez.

Un punto no menor que señala Tomás Wilson-Rae, socio del estudio TWR Abogados, refiere a la inclusión de las empresas mineras en el régimen de retención a las exportaciones. “Aquella decisión violó el régimen de estabilidad fiscal”, aseguró el profesional.

“Conocido el reciente fallo de la CSJN, resta esperar qué sucederá con los juicios que hoy están planteados por el tema de la retenciones”, adelantó Wilson-Rae.

Como un buen resumen del problema resuelto por el máximo tribunal, desde el Departamento Contencioso Administrativo Fiscal y Aduanero de Lisicki, Litvin & Asociados, Gastón Vidal Quera, dejó en claro que “si la ley tuvo como finalidad la de promover las inversiones en el sector minero, estableciendo la estabilidad fiscal por un determinado plazo, incluso razones de seguridad jurídica indican que todo cambio que signifique un incremento de la carga impositiva no puede ser aplicado a quienes cumplen con los requisitos”.

No a la mina, 03 – 08 – 09