Gobierno ecuatoriano nunca autorizó a nadie para que estableciera nexos con las FARC

Ago 01, 2009 La Quinta Pata Latinoamérica Comentarios desactivados en Gobierno ecuatoriano nunca autorizó a nadie para que estableciera nexos con las FARC

El gobierno ecuatoriano ha demandado una investigación en donde se determine responsabilidad por los sucesos del pasado 1 de marzo de 2008 en Angostura, donde tropas colombianos bombardearon un campamento temporal de las FARC y resultó muerto el guerillero Raúl Reyes y otras 26 personas.

El ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Jalkh, expresó este viernes que su gobierno no protegerá a los ex funcionarios que están bajo sospecha por sus presuntos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), «porque nunca fueron autorizados por el presidente Rafael Correa a establecer contactos con esa guerrilla».

«No se va a proteger a nadie y tampoco se va a perseguir a nadie», afirmó al referirse al caso de un ministro y un ex secretario de Seguridad mencionados en un manuscrito que presuntamente habría pertenecido al fallecido Raúl Reyes, quien fuera el segundo al mando de las FARC. El diario fue dado a conocer el pasado miércoles por las autoridades ecuatorianas.

Asimismo, sostuvo que el presidente, Rafael Correa, «no ha enviado ningún delegado para establecer ningún tipo de tolerancia en nuestro territorio de las FARC», al tiempo que agregó que por esa razón el gobierno «no tiene nada que ocultar».

En el texto -cuya autenticidad aún no ha sido confirmada- Raúl Reyes quien fue asesinado durante el bombardeo ilegal que tropas colombianas ejecutaron el territorio ecuatoriano, describe con reservas a ex funcionarios ecuatorianos.

El ministro insistió en que dicho escrito deberá ser analizado por la Fiscalía ecuatoriana para determinar si constituye una prueba, pero que por ahora está claro que cualquier eventual contacto con las FARC jamás fue ordenado por el mandatario.

Por su parte, el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, dijo que el Ejecutivo ha demandado una investigación en donde se determine responsabilidad por los sucesos del pasado 1 de marzo de 2008.
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