A su juicio, «lo importante es que a raíz de la experiencia de este año se ha definido desde ya, de una manera imperativa, la necesidad de realizar esta línea de base, tema en que todos los actores estamos conscientes y ha implicado que se defina el trazado de manera más temprana».

Pero él mismo ha señalado que «cualquier daño al patrimonio arqueológico es invaluable e irreparable».

El Consejo ya elaboró una propuesta técnica y económica de medidas de compensación por los daños y otra para concretar en el plazo de un mes la Línea de Base Arqueológica una vez que sea adjudicada vía licitación pública.

Con la Línea de Base «podremos requerir la modificación del trazado propuesto para la carrera» y «establecer un número mayor y más cercano de portales o ‘check point’ para evitar que los competidores se desvíen» de la ruta, explicó.

Desde que se informó del arribo del Dakar a Chile y Argentina, organizaciones ecologistas de ambos países manifestaron su oposición a la carrera, cuya versión 2010 contará con un aporte financiero del gobierno chileno cercano a los seis millones de dólares.

Luis Mariano Rendón, presidente de la no gubernamental Acción Ecológica, contó que en marzo, tras el primer informe del Consejo de Monumentos Nacionales, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público para que la justicia investigara los destrozos.

Ante los nuevos antecedentes, la próxima semana presentarán una querella criminal, seguramente contra el Subsecretario de Deportes, el ex futbolista Jaime Pizarro, «para llevar hasta las últimas consecuencias la investigación y la sanción».

Sobre la posibilidad de que el propio gobierno se hiciera parte en acciones legales, Acuña sostuvo que «no está contemplado», agregando que «existe la clara voluntad de la organización de llevar a cabo las compensaciones por el daño arqueológico acaecido».

Según Rendón, quien espera que la edición 2010 de la carrera sea suspendida, «afortunadamente Chile cuenta con una ley de monumentos nacionales que sanciona fuertemente la destrucción de sitios arqueológicos».

«Nosotros somos absolutamente contrarios a la realización del rally Dakar, no solamente por los impactos locales que provoca, los cuales han quedado comprobados en estos informes del Consejo de Monumentos Nacionales «, planteó.

«Nuestra objeción fundamental contra el Dakar tiene que ver con que constituye una promoción publicitaria del uso de vehículos cuatro por cuatro de enorme consumo de combustible», enfatizó.

«A fines de año los gobiernos del mundo van a discutir cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero y vemos que Chile, en vez de hacer un aporte en esa línea, hace todo lo contrario, dando todas las facilidades e inclusive entregando recursos públicos» a una actividad contaminante y destructiva como el rally, acotó.

Desde su perspectiva, el rally no contribuye a la imagen turística del país. «Si esto es así, es una imagen muy pobre la que se vende, la imagen de un país donde se puede venir a pasar por encima del territorio, del patrimonio, con todas las facilidades de las autoridades».

Consciente de las debilidades institucionales, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al parlamento un proyecto de ley que crea el Instituto del Patrimonio Cultural, el cual no ha estado exento de críticas.

Se trata de un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por la actual Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y el Consejo de Monumentos Nacionales, más el nuevo Consejo del Patrimonio Cultural.

Una de las novedades más importantes es la creación del Fondo del Patrimonio Cultural, que financiaría proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección y conservación.

«Nosotros somos un tanto escépticos respecto de la creación de nueva institucionalidad», observó Rendón.

«Claramente esta puede ser perfeccionada, pero lo que vemos es que hay una total falta de respeto de las normas e instituciones existentes porque prima un criterio frívolo en las autoridades sin importar ninguna otra consideración» patrimonial ni ecológica en la toma de decisiones, concluyó Rendón.

IPS, 25 – 07 – 09