DD.HH: pedirán a la Corte que se cumpla con la televisación del juicio a Jorge Olivera Róvere

Feb 06, 2009 La Quinta Pata Nacional Comentarios desactivados en DD.HH: pedirán a la Corte que se cumpla con la televisación del juicio a Jorge Olivera Róvere

La Asociación de ex Detenidos hará la solicitud en caso de que el Tribunal Oral Federal Cinco, a cargo del juez Guillermo Gordo, deniegue el pedido de ingreso de camarógrafos, tal como lo hizo en octubre en el juicio por la Mansión Seré. Así lo anticipó, Liliana Mazzea, abogada de la organización querellante en el proceso contra el represor y cinco subordinados.

La Asociación de ex Detenidos pedirá a la Corte Suprema de Justicia la publicidad del juicio a Jorge Olivera Róvere, en caso que el Tribunal Oral Federal Cinco deniege el pedido de ingreso de reporteros y camarógrafos.

Así lo señaló Liliana Mazzea, abogada de la organización cabeza de querella en el juicio que comenzará el martes en los Tribunales de Comodoro Py contra Róvere y cinco subordinados por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar.

«Pediremos que se cumpla la acordada que dictó la Corte en la que solicitaba que se garantice la difusión radial y televisiva de los juicios», explicó la abogada.

En octubre de 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó la acordada para que el tribunal no pusiera restricciones a la prensa.

En respuesta, el tribunal presidido por Guillermo Gordo estableció que algunos tramos del juicio, como la sentencia fueran filmadas por cámaras de la Policía Federal que fueron distribuidas a los medios.

«No alcanza con que disponga el medio de la Policía y se permita pasar lo que filman y en los tramos que ellos quieran», se quejó Mazzea. Agregó que «la publicidad es entendida de otra forma, de manera que se puedan escuchar a los procesados, la declaración indagatoria, los alegatos y no solo una parte de la sentencia, como ocurrió con el juicio por los crímenes en Mansión Seré.

La semana próxima comienza el proceso oral al represor por crímenes de lesa humanidad

El juicio comenzará el martes y se dividirá en dos etapas. La primera se concentrará en el ex subjefe del Primer Cuerpo del Ejército y la segunda a cinco jefes de área de Capital Federal. El Tribunal Oral Federal 5 anticipó que no se permitirá el ingreso de la prensa al recinto, en contraposición con lo dispuesto por la Corte.

El ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército, Jorge Olivera Róvere, comenzará a ser juzgado la semana próxima acusado de cuatro homicidios, un centenar de casos de privación ilegal de la libertad y un caso de tormentos, durante la dictadura militar.
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El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal Cinco y se concretará desde el martes 10 de febrero en una primera etapa para Olivera Róvere -de 83 años-, y en una segunda -a partir de mayo o junio- a cinco jefes de área de Capital Federal por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Róvere fue segundo de Carlos Guillermo Suárez Mason al frente del Primer Cuerpo de Ejército y se desempeñó como jefe de la subzona Capital Federal durante la dictadura.

El juicio oral y público se enmarca dentro de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército y contará con más de cien casos, entre ellos el homicidio del legislador uruguayo Zelmar Michelini y la desaparición del escritor y periodista Haroldo Conti.

El Tribunal porteño también entiende en la otra gran causa que investiga los crímenes cometidos en la ESMA, pero el ex capitán Alfredo Astiz y una veintena de represores deberán esperar a que transcurran entre seis y nueve meses, tiempo estimado para que concluya el proceso contra Róvere y sus subalternos.

Bajo la carátula 14216/03 «Suárez Mason, Carlos y otros sobre privación de la libertad, homicidios, etc», el tribunal integrado por los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado comenzará las audiencias el martes 10 de febrero en los Tribunales de Comodoro Py, programadas para los días martes, miércoles y jueves.

Olivera Róvere será juzgado por la privación ilegal de la libertad y homicidios de Raúl Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Alen Whitelaw, todos dirigentes uruguayos.

Además se lo acusa de la privación ilegal de la libertad en 116 casos y una seguida de tormentos a Elpidio Eduardo Lardies.

Los delitos que se le imputan fueron cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que incluye la mayoría de campos de detención de la provincia de Buenos Aires, Capital y parte de La Pampa.

En una segunda etapa, prevista para mayo o junio, el tribunal comenzará a juzgar al general de brigada Teófilo Saa, teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y al general de división Rodolfo Whener por su responsabilidad como jefes de área en la zona Capital.

Se espera que Róvere, que se encuentra actualmente excarcelado y con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, asista al inicio del juicio, ya que hasta el momento la querella no fue notificada de ninguna circunstancia que se lo impida.

El CELS es uno de los querellantes en el juicio a Róvere y cinco militares y a su vez patrocina a las familias de los legisladores uruguayos asesinados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de Graciela Mellibosvsky, desaparecida en septiembre de 1976.

En cuanto a la cantidad de testigos, el fiscal Félix Crous presentó al Tribunal una extensa lista con testimonios de familiares de las víctimas, compañeros de cautiverio, vecinos y personas que aportan información sobre los hechos.

El tribunal que tendrá a su cargo el juicio, ha anticipado que no se permitirá el ingreso de la prensa al recinto, en contraposición con lo dispuesto oportunamente por una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de mediados del año pasado.

El juez Gordo había impedido en el mes de noviembre de 2008, el ingreso de camarógrafos y fotógrafos al juicio al coronel (r) Alberto Pedro Barda y solamente permitió la toma de imágenes por circuito cerrado de televisión, de la lectura de la sentencia que el magistrado permitió la toma de imágenes por circuito cerrado de televisión, de la lectura de la sentencia que el magistrado realizó.

Télam, 06 – 02 – 09