Lo ha logrado, por fortuna, sin una guerra de Reforma, pero padeciendo durante tres años la violencia constante de los oligarcas racistas de la Media Luna, que perpetraron la masacre de campesinos en Pando y no han dejado de conspirar para derribarlo. Con tal virulencia que fue necesaria la intervención de los jefes de Estado de la región, reunidos en la Unasur, para señalarles bien claro a los subversivos que no se tolerará ninguna maniobra para desestabilizarlo.

A partir de ahora, Bolivia (la preferida del Libertador que le dio su nombre) se autodefine como “Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía”.

La forma de gobierno es “democrática, participativa, representativa y comunitaria”. Coincidentemente con la Reforma juarista, el Estado se proclama independiente de cualquier credo reconociendo “la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones”. Un apartado que incentivó la inquina de una jerarquía católica acostumbrada a servir a los poderosos. Además, se declaran como lenguas oficiales al castellano y todos los idiomas de los pueblos indígenas y se asumen como principios éticos de la sociedad antiguos mandatos de los pueblos originarios, como la trilogía quechua: “No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón” (artículo 8 de la nueva Constitución), así como la demanda de “vivir bien”.

La inmensa mayoría de los medios, empezando por la CNN, ha tratado de bastardear esta reforma constitucional trascendente, presentándola como un intento del presidente boliviano por perpetuarse en el poder. Falacia que omite un dato fundamental, registrado por Martín Sivak en las páginas de Crítica de la Argentina: “La agenda de nacionalización y nueva Constitución Política del Estado no pertenece a Morales. Fue impuesta en octubre de 2003 por las fuerzas sociales y políticas que forzaron la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada (el presidente que hablaba con acento yanqui) y tiene distintas formas de interpretación e implementación”.

Al “autoritario” Evo le llevó tres años consagrar el nuevo texto constitucional y debió hacer diversas concesiones a la oposición para alcanzar el consenso necesario. Quedó instalada la posibilidad de la reelección por un período de cinco años. Como lo ha dicho con acierto Atilio Borón en un reciente artículo, en la “democrática” Europa van por más: “Helmut Kohl pudo ser canciller primero de la República Federal Alemana y luego de la Alemania unificada durante 16 años, el lobbista español Felipe González fue presidente durante 14 años, en el Reino Unido Margaret Tatcher fue primera ministra durante 11 años, todos los últimos presidentes de Francia duraron 14 años en el poder”.

No hay pues vicios antidemocráticos en esta reforma y mucho menos vicios de origen: Evo ganó las elecciones presidenciales de 2005 con el 54 por ciento de los votos (la mayor victoria en medio siglo); en agosto del año pasado se impuso en el referéndum revocatorio con el 67 por ciento y en el actual referéndum constitucional, el resultado es cercano a un 62 por ciento. La reducción de cinco puntos entre la penúltima elección y la última alimentó comentarios desafortunados de los observadores de siempre y excusas para que los separatistas de la Media Luna pretendan desobedecer el mandato popular, argumentando que una Constitución es un “pacto social” que aquí no se verificó, porque el “Sí” perdió en sus feudos.

Efectivamente, toda Constitución es un pacto social que establece las bases normativas de una sociedad, a partir siempre del voto de las mayorías. El 61 o 62 por ciento de los sufragios registrados a nivel nacional es lo suficientemente contundente y legítimo como para ser acatado por las minorías de los departamentos ricos del segundo país más pobre de América Latina.

Salvo que piensen, como la señorona de Cochabamba, que “los indios no son gente”.

Crítica digital, 01 – 02 – 09