De las primeras páginas de la causa (escritas cuando todavía se sentía olor a pólvora en el interior del cuartel y sólo en los periódicos salía que los atacantes pertenecían al Movimiento Todos por la Patria) surge que los fiscales Plée y Quiroga pidieron al juez una cantidad de allanamientos en una serie de domicilios, dando detalles de barrios, calles en distintos puntos del Gran Buenos Aires. En esos pedidos no aparece el origen de la información a la que habían accedido los fiscales, ni siquiera cómo los habían obtenido. La posterior investigación determinó que esos lugares habían sido utilizados por los atacantes y que en ellos se habrían encontrado planos y anotaciones relacionados con el ataque.

Esa documentación –de origen desconocido– fue la base de la acusación contra los 13 miembros del MTP detenidos que sobrevivieron al combate y a los asesinatos posteriores. Pero nada decía sobre cómo habían muerto 28 de los atacantes –la mayoría de ellos con los cuerpos destrozados tal como lo muestran las fotos de la causa–. Ni qué pasó con algunos de ellos que primero fueron dados por detenidos, otros como desaparecidos e incluso alguno que fue reconocido como muerto días después. Tales los casos de Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz que estaban entre los detenidos aquel día en el interior del cuartel.

“A Samojedny lo tenían al lado mío –recuerda Felicetti– y uno de los oficiales le pidió que se identificara y cuando dijo su nombre y apellido, le dijo: ‘Hijo de puta, a vos te conozco la carrera, te salvaste una vez. Vas a ver lo que es el infierno’”. Samojedny había sido detenido en 1974 en los montes tucumanos y entre los tormentos de aquella vez lo paseaban por el aire con los pies atados, cabeza abajo, desde un helicóptero.

En el caso de Provenzano, los militares empezaron a golpear brutalmente a todos al grito de “¡¿Quién es Pancho, carajo!”. Era evidente que la inteligencia militar tenía el dato de que, por detrás de Enrique Gorriarán Merlo, un tal Pancho estaba entre los responsables de la acción. “¡Yo soy Pancho!” gritó Provenzano para que dejaran de golpear al resto. Lo llevaron aparte. A la familia le negaron que estuviera detenido. Decidieron buscar entre los restos humanos para localizar, quizá, algún resto de su cuerpo. La determinación de su hermano Sergio, médico cirujano, hizo que dieran con una vértebra que reconoció porque él mismo lo había operado de una hernia lumbar 15 años atrás. El cuerpo de Francisco Provenzano había sido volado con explosivos no sólo para mostrar que los métodos usados en la dictadura estaban a la orden del día, sino también para que nadie pudiera reconocerlo.

En el caso de otros detenidos en el cuartel, como Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz, durante años los antropólogos forenses debieron trabajar sobre restos humanos para tratar de determinar si están o no desaparecidos como Samojedny. Como prueba del descuartizamiento de otros detenidos, los antropólogos dieron con un pedazo de fémur que, casi con seguridad, pertenece a Burgos.

Los fiscales Plée y Quiroga nada hicieron entonces. Su lealtad no era con la verdad, sino con el grupo de oficiales que usó métodos propios del Terrorismo de Estado. Sin embargo, casi 20 años después, Plée es fiscal de la Cámara de Casación Penal y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Quiroga es fiscal Federal de la Cámara de Apelaciones de San Martín. Ambos ascendieron en su carrera judicial.

Cabe preguntarse, estos fiscales, ¿obtuvieron la información por vías lícitas en aquel verano de 1989? ¿Por qué no consta en las actuaciones quiénes y de qué manera les dieron datos precisos? ¿Por qué no instruyeron las denuncias sobre torturas y evadieron la investigación sobre las personas desaparecidas? ¿Es posible que durante horas y horas se torturara sin que la fiscalía y el juzgado que instruían las pruebas estuvieran en el limbo?

Rodolfo Yanzón, abogado defensor de las víctimas de La Tablada mantuvo, en el año 2000, una conversación reveladora con el entonces procurador de la Nación Carlos Becerra que tiene a su cargo el Ministerio Público, o sea los fiscales federales de todo el país. Yanzón le planteó las irregularidades de la causa y Becerra lo cortó, con toda franqueza: “Mire Yanzón, hay tres fiscales que trabajan directamente para el Ejército, dos de ellos son Plée y Quiroga”.

El Argentino, 20 – 10 – 08