Prohibido prohibir

Ago 22, 2008 La Quinta Pata Nacional Comentarios desactivados en Prohibido prohibir

Hoy en día se estima que el 10% de los argentinos, es decir, 4 millones de personas, son consumidores habituales de marihuana y más de la mitad son jóvenes de entre 16 y 20 años. Por lo tanto la policía debería encerrar hoy a mas 2 millones de chicos.

Existe un gran número de prejuicios sociales en torno a los consumidores de drogas.

Las estadísticas oficiales de la Justicia Federal indican que del total de los consumidores, solo el 7% tiene algún problema de adicción, solo el 0,1% de los consumidores de drogas tienen alguna relación con el delito. El 97% de los detenidos por tenencia de estupefacientes para consumo personal no estaba cometiendo ningún delito, el 87% tenía menos de 5 gramos de droga y el 98% no había sido detenido anteriormente.

La ley de drogas 23.737 vigente en nuestro país, no solo es inconstitucional por sancionar en modo ilegal una conducta como es la del consumo de drogas, que no lesiona bienes jurídicos de terceros e implicar una clara intromisión a la privacidad de las personas (art. 19 de la Constitución Nacional), sino también porque lesiona un derecho fundamental como es el derecho al acceso a la salud, garantizado en numerosos Pactos y en la Declaración de los Derechos Humanos.

Todos los alimentos y demás productos que consumimos son controlados por el Estado que regula e informa lo perjudicial que es el alcohol o el tabaco y los prohíbe en ciertos lugares o áreas públicas. Pero no prohíbe al ciudadano que fume o tome porque toda persona es libre y responsable de sus acciones. La mencionada norma penal es actualmente violada en su totalidad, y hasta es reconocido su fracaso oficialmente tanto en relación con el bien jurídico que busca proteger (la salud pública), como en relación con la privacidad de los hombres.

A pesar de los 17 años que lleva en vigencia esta ley, no se necesita mucha sagacidad para advertir el fracaso de dicho instrumento penal, tanto en relación a los hechos que penaliza, como en relación con la salud publica que busca proteger. Esto se debe a que a la respuesta penal limita el contacto del consumidor de drogas y al drogadependiente
con las instituciones sanitarias u otros organismos en caso de presentársele la posibilidad de ser detenido, sumándole a esto el cargar con un antecedente que le impide conseguir trabajo en un país en el que la desocupación oscila entre el 25% y el 30%.

También es importante advertir que en los últimos años, más del 40% de los casos de SIDA se debieron a la utilización compartida de material de inyección.

La mencionada norma penal convierte al consumidor en “delincuente”, condición que lo marginaliza, haciendo muy difícil cualquier intervención en materia de asistencia y prevención.

El Estado debe por lo tanto adoptar una política respetuosa de Derecho Humanos, descriminalizando a los consumidores de drogas que esta legislación considera ilegales, para, libres de persecución penal, puedan acceder a mayores ofertas de ayuda y a integrase a un sistema de protección.

Se hace evidente la necesidad de modificar la ley 23.737. Dejar las cosas como están implica seguir con la discriminación y la hipocresía de un Estado que castiga y no cura. Aquel que es realmente drogadicto es un enfermo, no un criminal. La prisión no le enseña al adicto mas que miedo, condena social y dolor.

*La autora de este artículo tiene 14 años, por lo que se reserva su identidad.