Audiencia 153 / 1976: Descenso de la juridicidad

Jul 03, 2016 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Audiencia 153 / 1976: Descenso de la juridicidad

El fiscal Dante Vega comenzó el análisis de las causas sustanciadas a partir de 1976 que involucran a los exmagistrados Carrizo, Petra, Miret y Romano. En varios casos quedó evidenciado el empeño de los exjueces por mantener a los detenidos en cautiverio, ilegalmente, hasta que surgiera algún decreto del PEN que lo sustentara.

Roberto Blanco

El fiscal puso de relieve que en la causa que incluye la desaparición de Roberto Blanco, el expediente está caratulado como falso testimonio. Blanco junto a Roberto Jalit y Héctor Salcedo habían sido detenidos en enero de 1976 por un diferendo patrimonial con Felipe Sampietro que dio origen a la mencionada causa. Sin embargo en su interior consta la denuncia de interrogatorios bajo tormentos. Jalit declaró que fue torturado para que dijera que Blanco era montonero.

El expediente también contiene el episodio denunciado por la esposa de Blanco sobre la mencionada desaparición. Roberto Blanco fue citado, por el oficial de policía Armando Fernández, para conversar en las dependencias del D2. Salcedo lo acompañó y quedó en la calle esperándolo. Blanco nunca salió del Palacio Policial.

El expediente fue sumado a la causa Rabanal y quedó en manos de Romano, quien no promovió la investigación de las torturas ni la desaparición de Blanco y se excusó diciendo que “se concentró en el falso testimonio”.

Jaime Valls y Raúl Lucero

Fueron detenidos el 4 de febrero del ‘76, en Maipú, repartiendo panfletos del Partido Comunista Revolucionario (PCR). El padre de Valls presentó un Habeas Corpus denunciando las detenciones que fueron justificadas, inicialmente, por un decreto falso del PEN. Mientras tanto, permanecieron detenidos hasta que el 3 de marzo se redactó el decreto definitivo.

El fiscal destacó que, tratándose de un caso de flagrancia, era aceptable que el decreto surgiera después de la detención; sin embargo no correspondía que se los mantuviera presos un mes sin sustento legal.

Causa Rabanal

En febrero de 1976 fueron detenidos Daniel Hugo Rabanal, Marcos Ibáñez, Rodolfo Molinas, Miguel Ángel Gil, Silvia Ontiveros, Fernando Rule, Alberto Muñoz, Stella Maris Ferrón, Vicenta Olga Zarate, Guido Esteban Actis, Ivonne Larrieu y Haydeé Fernández, con la excusa de la muerte del Cabo Cuello acaecida, el mes anterior. Los y las apresadas eran sindicalistas de ATE y miembros de la JP – Montoneros.

En el D2 sufrieron terribles torturas y ataques sexuales, incluso Miguel Ángel Gil murió a causa de los tormentos. Las y los presos fueron presentados ante el exjuez Carrizo en un estado desastroso; uno de ellos identificó a dos policías que lo torturaron. Nada de esto fue tomado en cuenta por el exfiscal Romano por aquellos días.

La reiteración de las denuncias devino en una compulsa por apremios ilegales para determinar el personal policial actuante. El exfiscal Romano, en 1978, citó a declaración informativa al jefe del D2, Pedro Sánchez Camargo, quien ofreció una explicación sobre el alcance de la lucha antisubversiva. Informó que el D2 estaba compuesto por 84 agentes que se relevaban cada 24 hs. y nada debió explicar sobre las torturas. El resultado fue que el exfiscal Romano concluyó que por “razones obvias” las torturas eran incomprobables y archivó la compulsa.

Al analizar esta causa el fiscal Vega, retomó el argumento de los exjueces imputados diciendo que ellos no eran competentes para entender en causas que involucraban a la subversión. Sin embargo, Romano se declaró competente en la compulsa por apremios y citó a declarar al jefe del D2. Asimismo, los exmagistrados libraron un pedido de informe sobre la muerte de Marcos Ibáñez en la cárcel de La Plata, recordó el fiscal.

Santiago Illa

Fue detenido el 9 de marzo del ’76, tenía 23 años y era periodista. El 15 de marzo, Elisa Nicoletti, madre de Illa, presentó un Habeas Corpus donde decía que personal del Ejército detuvo a su hijo después de que el Comando de la VIII Brigada del Ejército la envió al Juzgado Federal, quien evidentemente le reconocía competencia para entender en esa causa.

El 12 de mayo, Illa fue retirado por el oficial Fuertes de la penitenciaría con destino al Liceo y no se lo vio más. Su madre y su esposa, Silvia Faget, hicieron gestiones por su destino. El 9 de agosto informaron que Santiago Illa estaba en libertad. Hoy su nombre forma parte de un grupo de militantes sanrafaelinos desaparecidos.

A las gestiones de los familiares, Romano respondió que “no siendo el presente intermediario de información, Vuestra Señoría debe rechazar el escrito”. En su declaración indagatoria, el acusado afirmó que si ya habían matado a Illa, su acción no hubiera cambiado en nada las cosas. Sin embargo, afirmó Vega, había elementos más que suficientes para sospechar que algo grave pasaba.

José Luis Herrero

Era de San Juan y en marzo del ‘76 visitaba Mendoza por razones partidarias ya que militaba en el Partido Auténtico. El 9 de ese mes fue a la terminal de ómnibus a despedir a su esposa, Rosario Quiroga, y a sus tres hijas que habían venido a visitarlo. Volvió a la pensión, se cambió de ropa, salió con dirección al centro y no se supo nada más de él.

A las 22 hs. entraron cuatro uniformados de la policía de Mendoza con la cédula de Herrero, es decir que ya lo habían detenido previamente. Esto se supo a través de su padre, quien hizo todas las averiguaciones del caso y esa información es la única que existe acerca del desaparecido.

El 19 de marzo el señor Herrero presentó un Habeas Corpus y Carrizo lo rechazó con costas, debido a la supuesta falta de conocimiento. Al Ministerio Público Fiscal no se le dio intervención.

El 13 de abril de 1979 se volvió a presentar el padre pidiendo por su hijo ante el Juzgado solicitando un oficio dirigido a la IV Brigada Aérea. Él supo que su hijo había estado allí. El 23 de junio se respondió, nuevamente, en sentido negativo y la Justicia nunca investigó.

Carlos Alberto Verdejo

El 17 de marzo de 1976 fue apresado en su domicilio por el Ejército. Estuvo detenido 33 días en cautiverio sin que se supiera nada de él.

A los 19 días de estar detenido, su esposa, Estanislada Zulema Escudero, interpuso un recurso de Habeas Corpus. Ante la falta de respuesta, insistió por la petición. Recién el 10 de mayo de 1976, el exjuez Miret ordenó reiterar el oficio al Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña.

El encargado del Juzgado Federal solicitó el decreto de detención porque no había medida alguna contra el causante. Llevaba 87 días en esa situación. La respuesta, elaborada en serie para todas las víctimas, fue que estaba preso a disposición del PEN por las facultades que le otorga el Estado de sitio. Miret no ordenó la libertad de la víctima.

El exjuez Guzzo tomó el control de la causa y dos meses después del Habeas Corpus se informó que estaba detenido, también a disposición del Comando General del Ejército, por delitos de su competencia.

El exmagistrado rechazó con costas y no solo ignoró el trámite del recurso, sino que convalidó la detención ilegítima.

Justo Federico Sánchez

Trabajaba como ordenanza del Ministerio de Economía de la Provincia. Militares, civiles y policías lo detuvieron el 24 de marzo de 1976 en su casa. Lo llevaron caminando 15 cuadras, pegándole culatazos, a la Comisaría Séptima. Pasó por el D2, el penal de la Provincia y la Unidad N° 9 de La Plata.

Se inventó un expediente en su contra por infracción a la ley 20840. Su tía, Amalia Enriqueta Sánchez, presentó un Habeas Corpus casi un mes después. El exjuez Carrizo liberó oficios al exfiscal Romano y un mes después, el general Maradona informó la detención del hombre a disposición del PEN, aunque sin aclarar el número del decreto.

Este archivo apareció recién el 9 de junio, según dice, porque se había traspapelado. Esa hoja era del Ministerio del Interior e informaba que no estaba a disposición del Ejecutivo. Sin embargo, desde el Comando, informó Yapur, nuevamente lo contrario, aunque sin dar el número del decreto.

El 13 de julio, el exjuez federal Guzzo rechazó el recurso con costas.

Héctor Mur y Elena Beatriz Bustos

Este matrimonio fue secuestrado el 22 de abril de 1976 por personal del D2. La causa sin prueba alguna era por infracción a la ley 20840. Recién el 8 de agosto, el Comando de la VIII Brigada ordenó hacerles un sumario preventivo.

La madre de ella interpuso un Habeas Corpus, en favor de los dos, el 18 de noviembre. Guzzo ordenó librar los oficios correspondientes y desde la penitenciaría se respondió que el detenido estaba allí.
Aunque arrestado a disposición del PEN, no se conocía el decreto. El 10 de diciembre, Petra Recabarren en su función de juez no hizo lugar al recurso y rechazó con costas. No se notificó a la Fiscalía.

Mur declaró ante Guzzo en el ‘79 sin haberlo hecho previamente en la policía. Contó acerca de las torturas y no había expediente que dijera lo contrario. La Justicia no puede excusarse.

Roberto Gaitán, Edith Arito y Alberto José Scafatti

El 24 de abril de 1976 detuvieron a Gaitán y a Arito en un operativo conjunto entre el Ejército y la policía. Denunciaron secuestro, torturas y abuso sexual.

Elena Margarita Gaitán, presentó un Habeas Corpus. Miret ordenó librar oficios y desde la VIII Brigada de Infantería de Montaña dijeron que estaba a disposición del PEN. A pesar de eso, el Ministerio del Interior informó que no había medida restrictiva de la libertad.

En un intento de darles otra oportunidad, Guzzo ordenó ratificar esa información. Así, Gaitán fue detenido y puesto a disposición del Consejo de Guerra Especial y Estable. El juez rechazó el recurso con costas.

Guzzo recibió en indagatoria a los tres en Buenos Aires. En esa ocasión, cuando llevaban dos meses y medio detenidos, denunciaron declaraciones arrancadas bajo tortura.

Se corrió vista al fiscal Romano quien convalidó la tortura diciendo que eran válidas las primeras declaraciones “por ser una grave presunción que no había podido ser desacreditada por los imputados y merecían por ello fe, teniendo en cuenta además que habían sido tomadas inmediatamente después del arresto, cuando todavía no habían reaccionado y formado su sistema de defensa; más cuando en la rectificación ya contaban con el asesoramiento de sus letrados”.

A pesar de que el imputado haya dicho que en aquella época no se dudaba del accionar policial o militar, Dante Vega concluyó afirmando que esos hechos delictivos eran difíciles de detectar para quienes no tenían intenciones de detectarlos.

La próxima audiencia será el 4 de julio, en horario habitual.

Fuente: www.juiciosmendoza.wordpress.com