Audiencia 93: Muertes, presos y desapariciones

Ago 09, 2015 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Audiencia 93: Muertes, presos y desapariciones

Se cerró la ronda de testigos propuestos por la Fiscalía con la declaración de Patricia Talquenca, hermana de Julio y Hugo Talquenca, ambos desaparecidos. A ésta se sumó la de la hermana de Juan Carlos Nieva, detenido ilegalmente por 18 horas. Inmediatamente después testimoniaron por la Defensa, Luis Alberto Leiva y Juan Carlos Aguinaga, quienes no coincidieron en varias apreciaciones claves.

Patricia Mónica Talquenca se presentó a declarar por la causa de las desapariciones de sus dos hermanos, Julio Félix, de 24 años y Hugo Alfredo, de 21 años.

En 1976, su padre y su madre, los dos varones y ella, de 13 años, vivían en Julio A. Roca 445, de Gutiérrez, Maipú. El hermano mayor trabajaba con su padre en la construcción y el menor, Hugo, estudiaba el último año del Colegio Pablo Nogués y estaba empleado en la Bodega Furlotti.

Patricia dijo que el único que tenía ideas políticas diferentes, hacia el socialismo, era Hugo, y no sabe con certeza si militaba en alguna agrupación o partido.

Relató cómo el 14 de mayo de ese año, a las 2 de la mañana, fuerzas conjuntas de militares, policías y personas de civil, se llevaron a sus dos hermanos. Un numeroso grupo había partido la puerta para irrumpir en la casa, vendarles los ojos y la boca a sus padres, ordenarle a ella que se quedara boca abajo en su cama, amenazándola con un arma larga, para luego revisar todo en el domicilio, y llevarse casi todas las fotos que tenían y una cámara fotográfica.

Por boca de los vecinos, luego supieron que durante el operativo habían rodeado la cuadra, se habían apostado en los techos y que Julio y Hugo fueron sacados envueltos en sábanas e introducidos en automóviles Ford Falcon.
Al amanecer, sus padres presentaron una denuncia de secuestro en la comisaría de Gutiérrez, sin resultados.

Además, continuaron la búsqueda en el Comando, presentaron Habeas Corpus en la Justicia en cinco oportunidades, sin resultado alguno. Nunca fueron citados por la Justicia, sólo tuvieron noticias de esa institución cuando comenzaron los actuales juicios.

Ante la pregunta de la fiscalía sobre la interpretación de la testigo acerca de los hechos, la misma contestó que “todos sabemos que fueron torturados y matados: Hugo por ‘tener una idea’ y el Julio, por compartir la habitación y reclamar a los secuestradores ¿Qué le están haciendo a mi hermano?!!”

Ruido de avionetas

Cristina Berta Nieva fue citada a declarar por la detención, en agosto de 1976, de su hermano ya fallecido, Juan Carlos Nieva.

Invitada por la Fiscalía para que relate lo sucedido, la testigo dijo que por aquellos días se presantaron fuerzas con armas largas en la vivienda de Guaymallén que habitaba ella junto a su hermano Manuel y sus padres. Rompieron la puerta, inmovilizaron a la familia y pidieron por Juan Carlos. Como no vivía en esa casa, se llevaron a Manuel y bajo amenazas consiguieron que los guiara hasta el domicilio de su hermano en el Barrio Fuchs de Godoy Cruz y una vez allí, cumplieron su objetivo.

Juan Carlos Nieva era estudiante de la UTN y delegado en YPF. Según su hermana, no tenía militancia política. Permaneció secuestrado por 18 horas y fue sometido a torturas en un lugar donde se escuchaban frecuentes ruidos de avionetas y sus integrantes “se trataban de Comandante”, en referencia a grados de jerarquía militar.

Fue echado de YPF por estar incluido en una lista negra y rodó por varias provincias tratando de insertarse laboralmente después de aquel episodio. Falleció tiempo atrás cuando había conseguido volver a trabajar como petrolero.

En el expediente obra una denuncia realizada por la testigo ante la Seccional 7ma de Godoy Cruz, fechada el 27 de agosto de 1976, referida al avasallamiento que sufrió su hermano.

Testigo de la Defensa

En la fecha se inició la ronda de testigos propuestos por los defensores particulares y oficiales de los acusados en este IV Juicio por delitos de lesa humanidad.

El primer convocado fue el exjuez Luis Alberto Leiva, quien a la hora de prestar juramento aclaró que era amigo personal de Otilio Romano y conocía a los otros exmagistrados procesados pero aclaró que esto no le impedía decir la verdad.
Sentado frente al Tribunal con las piernas abiertas y los brazos en jarra, alternado con algún gesto que le requería mover la mano derecha, sostuvo la postura durante todo su testimonio. El interrogatorio inicial estuvo a cargo del abogado del exjuez Miret, Juan Day y el de Otilio Romano, Ariel Civit. Sus preguntas dieron pie para que Leiva relate que entró en Tribunales Federales en 1976 como Prosecretario durante un año y pasó a la Secretaría Penal, hasta 1978.

Asimismo, respondió que sobre el terrorismo de Estado “… por entonces no se sabía absolutamente nada”, aseguró. Citó a Zaffaroni y recordó a su padre, quienes trajeron las primeras noticias de los crímenes después de haber viajado por Europa.

En un ping pong de preguntas con respuestas previsibles, el testigo dijo que los jueces no tenían jurisdicción para intervenir cuando los implicados eran fuerzas de seguridad y fuerzas armadas porque la normativa de la época las sometía a la justicia militar.

Afirmó, que “no había manera de saber”, ni advertir irregularidades a pesar de la reiteración de Habeas Corpus por personas detenidas. Dijo, además, que la justicia estaba amenazada por izquierda y aún más temible era el GOJ – Grupo de Oficiales Jóvenes – que presionaban a los funcionarios.

Al mismo tiempo, recordó que se desempeñó como juez entre 1993 y 2002 y aprovechó para recordarle al fiscal Dante Vega que él fue su Secretario. En esa ocasión, desestimó un pedido de Gómez Saá para que evitara un escrache que planeaba H.I.J.O.S. contra ese oficial de inteligencia del Ejército. Luego aportó otras anécdotas con la clara intención de alejar cualquier sospecha de connivencia con los militares.

En un tramo de su declaración hizo mención a los dichos del empleado de Tribunales Simoni, en el sentido de que Luis Leiva comentó que a la desaparecida Adriana Bonoldi le esperaba la muerte después de dar a luz, versión testimoniada por su hermano Juan en una de las audiencias anteriores. “Es una canallada”, lanzó Leiva y derramó elogios sobre Adriana a quien conocía, “yo le tenía cariño “, agregó.

También negó rotundamente que las respuestas a los Habeas Corpus se colgaran de un gancho, ni que el pago de las costas por la gestión rechazada tuviera un efecto intimidatorio sobre las familias de los desaparecidos. Al turno de la querella, Carlos Varela, le obligó a admitir que las respuestas fijadas en sede judicial de los Habeas Corpus quedaban colgadas para ser consultadas.

Al terminar su testimonio, el Presidente del Tribunal, le preguntó a Leiva por qué no declararon la incompetencia en las causas, a lo que respondió en forma difusa. El Dr. Alejandro Piña se estaba refiriendo a que durante la Dictadura se constituyeron Consejos de Guerra Especiales Estables para la Subzona 33, conocidos como Tribunales Militares que otorgaba la potestad a las FFAA para el juzgamiento de las “conductas subversivas” y adjudicar las penas a los aprehendidos.

Juan Carlos Aguinaga

Luego de la declaración de Luis Leiva, llegó el turno de Juan Carlos Aguinaga, propuesto por la Fiscalía y la Defensa. Apenas se leyó la lista de acusados afirmó conocer a Romano, Carrizo, Petra, Miret y a Paulino Furió, con quien tuvo trato al realizar gestiones en el Comando del Ejército.

Ameno y distendido, Aguinaga contradijo la versión de Leiva en el sentido de que no se conocía nada durante el terrorismo de estado. “Había mucho comentario… era un hervidero”, recordó que a su correligionario Antulio Santamaría le llevaron las dos hijas. “Algunos morían, otros estaban presos (…) había desapariciones”, dijo y agregó que no se contaban con datos precisos, “la confirmación llegó después”.

Se refirió al poder de los militares como muy avasallante y precisó que los exjueces podrían haberse declarado incompetentes, en referencia a los hechos donde habían intervenido los grupos de tareas de la represión ilegal.
Comentó que, en dictadura, había llevado a cabo la defensa de tres personas detenidas: Luz Faingold; a la que se refirió como “Lucecita” y de dos personas, González y Machuca; al respecto relató pormenores de las actuaciones.
Por otro lado, quiso resaltar la actuación de Miret con respecto al Habeas Corpus tramitado sobre el paradero del Chino Moriña, cuando llamó desde su casa al Comando 8° preguntando dónde estaba preso el Chino y le informaron que se había fugado. “Cuando me dijeron que Moriña estaba prófugo pensé que algo le estaba pasando, que por algo no lo querían mostrar”, dijo, más tarde, respondiéndole a Varela.

Con respecto a las amenazas recordó que Santuccione le puso una bomba a su estudio y afirmó que desde la época predictatorial había una “policía brava”. Se refirió al Comando Moralizador Pío XII y agregó que no le parecía que mataran gente, sino que eran más bien intimidaciones contra las prostitutas. Con respecto el G.O.J. (Grupo de Oficiales Jóvenes), mencionado por Leiva, dijo no conocerlo.

Admitió haber sabido de algunos espacios de detención como el Comando, no así el D2, y, al referirse al predio del ejército sobre Boulogne Sur Mer, aseguró haber visto a las personas “paseando por los jardines”.

En referencia a la creación del Fuero Especial en la época de dictadura de Onganía, el Fiscal le pidió opinión preguntando por qué no se habría creado algo similar en la dictadura del ’76, a lo que respondió que fue porque los militares “no querían ningún juzgamiento, querían el aniquilamiento de la guerrilla, esa era la política del gobierno argentino”.

Al cerrar su declaración, Juan Carlos Aguinaga consideró que los exjueces acusados no fueron cómplices de la Dictadura, sino que actuaban bajo presión.

Finalmente, cabe destacar otra perlita del dúo de defensores Day-Civit. Tanto a Leiva como a Aguinaga, les hicieron una pregunta que hiere la inteligencia. Indagaron con respuesta negativa, si en Tribunales Federales se realizaban reuniones con los militares. En medio de la represión clandestina, no se realizaban reuniones a la vista del público. Además, no hacía falta, compartían otros ámbitos: el exjuez Miret, años atrás, se declaró amigo personal de Juan Pablo Saá, Jefe del Ejército en los años de plomo.

Las audiencias continuarán el lunes 10 y el martes 11 de agosto con los testigos ofrecidos por la defensa, a partir de las 9.30 hs.

Fuente: www.juiciosmendoza.wordpress.com