Con las excepciones de siempre, los abogados locales de Derechos humanos, el CELS y la CORREPI y un puñado de periodistas comprometidos, la desesperante situación de los presos de Mendoza ha dejado de estar en el ojo de la tormenta debido a que en pos de intereses mucho más redituables políticamente y al involuntario favor de organismos internacionales (Amnistía) que parecen haber sacado los pies del plato, el gobierno nacional, que hasta el año pasado solía poner presión a los gobiernos locales acerca del tema, permite ahora una especie de continuidad criminal entre la política carcelaria de Cobos y la actual de Jaque. Poco, muy poco es lo que ha cambiado. Para mejor, sólo dos problemáticas van en camino de una solución: la realfabetización o alfabetización por primera vez de más de 500 reclusos y la posibilidad para otros 14 de ingresar a la UNCuyo y, debido a la funcionalización de Almafuerte, la leve baja en el hacinamiento (a pesar que en lo que va del año ya hubo más de 400 nuevos ingresos) que permite a los presos disponer de un 50% más de espacio “propio” para realizar todas sus necesidades básicas: antes 1 m2, ahora uno y medio. Milagros de la ingeniería mendocina, se ve.

Continuidad de tierra ocupada por gendarmes, en Mendoza los presos reciben los palos de los gobiernos de Cobos y de Jaque, pero también han sido soltados de la mano del progresismo kirchnerista. El gobierno k ha ido quitando la presión sobre el problema, cada vez que las urgencias electorales lo han llevado a omitir las desastrosas políticas penitenciarias seguidas por gobernantes tan conservadores. Sucedió en el tramo final de la última campaña presidencial, con el aliado no positivo. Sucede ahora, con el actual gobernador, el aliado de plomo.

Fundamental es recordar que el colapso social en que se encuentran las cárceles mendocinas y argentinas, debe su origen al espectacular crecimiento de la brecha entre ricos y pobres que se provocó en los 90, y extendió sus consecuencias al nuevo milenio. Esto, y el desmantelamiento final del Estado sumado a un sistema penal argentino, históricamente selectivo, a la caza de negritos, llevaron la población de detenidos del país, de 20.000 en 1992 a 60.000 en 2006. Lo cual nos obliga a un breve repaso de lo que hicieron al respecto al menos los dos últimos gobiernos provinciales:

“Cachivache”
2004/2007: más de 50 muertes traumáticas en 3 años en las cárceles mendocinas, muchas de ellas provocadas por encierros y golpizas fomentadas por los mismos penitenciarios y un atroz hecho de descuartizamiento; nivel de hacinamiento superior al 300%; internos con menos de 1 metro cuadrado para vivir y con 20 horas diarias de encadenamiento; condiciones extremas de insalubridad e higiene; acusaciones a los sucesivos directores por irregularidades en el manejo de fondos; catarata de denuncias, informes y sanciones por parte de organismos internacionales; intentona cobista, a pesar del fracaso en que terminó esta clase de medidas de cuño ruckaufista, en pos de limitar las excarcelaciones, que no logró permear gracias al CELS y firma de un acuerdo de “cooperación” para las tareas de Seguridad entre la provincia (ministro Cornejo a la cabeza) y represores del proceso reclutados por las modernas agencias.

Septiembre de 2007 , Cobos en la inauguración del nuevo complejo penitenciario de Luján: “Mendoza tiene un sistema penitenciario que es modelo en el país, Almafuerte no es una cárcel”. 50 asesinados durante su gobierno son el modelo y Almafuerte no tardaría en aplicarlo.

Diciembre de 2007: denuncias sobre la gestión Cobos porque durante el último año de mandato (plena campaña) el Servicio Penitenciario fue utilizado (con la excusa de falta de personal para los penales) como bolsa de trabajo para contratar punteros para Casa de gobierno. Empleados que nunca pisaron la cárcel.

31 de Diciembre: estrenaditos, Jaque-Aguinaga brindan por expandir la continuidad: sueñan con 3 penales más para el próximo quinquenio: zonas Este, Sur y Valle de Uco. Montaña, oasis y desierto, toda Mendoza a la sombra. Nace así:

“Verdugo”
Abril de 2008: el CELS denuncia a Mendoza ante la ONU por la situación de sus cárceles, donde se violan normas internacionales, además de criticar el informe presentado por el gobierno nacional (limitado solo a reproducir fallos judiciales) y a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, por suspender la aplicación de la Ley nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de niñas/os y adolescentes. Denuncias: violación sistemática de los derechos a la integridad física y a la libertad (aplicación excesiva de la prisión preventiva) de las personas, deplorables condiciones de alojamiento y de higiene, maltratos y torturas, discriminación por parte de agentes penitenciarios de reclusos homosexuales, aumento de un 25% de confinamientos en instituciones neuropsiquiátricas, etc.

Julio de 2008: la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados constató las denuncias acerca de la escasez de recursos médicos y de falta de asistencia profesional (sobre todo en Almafuerte), incumplimiento con los horarios de visitas y continuas negativas a los internos para su acceso a la fase de confianza.

Septiembre de 2008: resurrección de políticas represivas, y comprobadamente contraproducentes, a lo Blumberg (restricción de excarcelaciones, reducción de imputabilidad y detenciones masivas por delitos leves) envalentonan a Jaque, al PD, al resto del PJ y a los radicales, provocando la estampida final de DDHH del gobierno. De aprobarse la Ley de excarcelaciones, la Argentina sería susceptible de sanciones internacionales por contrariar los compromisos firmados por la Nación y la CIDH para mejorar las condiciones de detención en Mendoza. Reaparecen los Magos Adivinos de la Santa Seguridad y pronostican: Miguel Serralta, senador PJ, calcula que con 3 mil presos más el problema de inseguridad sanseacaba. Ernesto Sanz, senador nacional cobista lo apoya. Daniel Cassia cree que se quedan cortos, faltan 5 mil presos más y nos regala: “yo soy de mano dura, esa discusión se agotó hace 30 años” (¿cuándo eliminaron toda posibilidad de discusión?) y “hay que proteger los derechos del que vive por derecha” (¿se podría ser menos explícito?).

Octubre de 2008: por iniciativa de Juan Carlos Aguinaga, el Senado da media sanción a un Código Contravencional reaccionario y medieval, cuyo objetivo mayor es criminalizar la protesta social y la pobreza, mediante una libre interpretación policíaca, para realizar arrestos sin intervención judicial.

Noviembre/Diciembre de 2008: mientras una Cámara Federal libera a los 2 últimos represores detenidos en Mendoza, el informe anual de CORREPI muestra a Mendoza tercera en el ranking de muertes por gatillo fácil en el período 1996/2008 con 123 casos (casi un asesinato por mes), y primera durante 2008 en cantidad de muertos en comisarías, cárceles o bajo custodia de agentes del Estado (la mitad de las víctimas del total del país son jóvenes de hasta 25 años); y Amnistía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vuelven a denunciar a la provincia por sus cárceles, como así también las comisiones de la ONU por detenciones arbitrarias. En un reportaje, el abogado Pablo Salinas acusa a los jueces de responder a una clase y castigar a los excluidos, retomando el concepto walshiano de la justicia de clases.

Febrero de 2009: uso indebido de subsidios otorgados por el Ministerio de Seguridad y municipios, falsificación de facturas, rendiciones incompletas, gastos no justificados, subsidios personales provenientes directamente de Presidencia: se acabaron las cruzadas de velas por el centro, Alejandro Gil (el Blumberg “bueno” de Cobos) disuelve en medio de un escándalo la Asociación de Víctimas del Delito. ¿Castigos? ¿Culpables? ¿Damnificados? No, únicamente “disolución”.

Abril de 2009: en sintonía con la caza de brujas acicateada en todo el país por los formadores de opinión, se produce una avanzada de casi todo el arco político local para llevar la edad de imputabilidad a niños de 14 años, en una provincia donde el 50 % de los chicos nacen, crecen y, muy probablemente, mueran pobres.

Palomas
“Los presos deben declarar por videoconferencia, para que los jueces no sientan el olor a preso”. Jorge Casanovas, ariete de Ruckauf y Solá, año2004. La iniciativa, por el momento, no prosperó pero no suena irreal junto con una gran serie de políticas reaccionarias afines al modelo penal estadounidense. Modelo que hace más de 40 años, con Nixon abanderado, aloja a más negros en sus cárceles que en sus escuelas primarias. Modelo exportado al mundo, que naturaliza que el Estado le quite a una persona su libertad para condenarla a muerte dentro de la penitenciaría.

“He hablado – decía Dostoiewsky, preso político en una Rusia imperial esclavista, llena de miseria, hambre y brutalidad – del verdugo. La condición del verdugo se encuentra en germen en casi todo hombre contemporáneo”. Es menester modificar toda la política penal y penitenciaria, pues las cárceles son un reflejo y una consecuencia de nuestra sociedad y de nuestro tiempo, imposible dejar cerradas sus puertas. Por eso, imprescindible será seguir hablando de los verdugos, para que la situación de las cárceles locales, después de ser constantemente centro de mezquinos tironeos políticos, no vuelva a ser la tumba de siempre, sellada a cal y canto para que los gritos de adentro no repercutan en un afuera desinteresado e hipócrita.

La Quinta Pata, 04 – 08 – 09