La hermandad de nuestros pueblos es noble y generosa.

Si en algún momento nuestros estados, no nuestros pueblos, se distanciaron, fue por el delirio que embriagaba a los usurpadores de la soberanía popular a ambos lados de la cordillera por igual. Unos y otros están en el basurero de la historia.

Presidenta Fernández, un chileno que luchó contra la dictadura recibe hoy la hospitalidad de la nación argentina. Mi compatriota Galvarino Apablaza era un estudiante universitario que fue detenido y torturado por la dictadura militar de Pinochet. Luego lo buscaron para matarlo y no lo hicieron porque no pudieron, no por falta de voluntad criminal.

La dictadura militar no se desmanteló en Chile con el fin del gobierno de Pinochet y el inicio del de don Patricio Aylwin (1990). Pinochet continuó por otros ocho años como Comandante en Jefe del Ejército, y luego pretendía hacerlo como senador vitalicio hasta el fin de sus días. Lo habría sido de no ser por su detención en Londres (1998). En aquellos días el suscrito trabajaba para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y le puedo decir con conocimiento de causa que nuestras autoridades claramente actuaban bajo intimidación militar.

Nuestra transición ha sido larga, fatigosa, y esta aún inconclusa.

Si don Galvarino Apablaza fuera entregado cautivo a nuestros tribunales, ningún abogado de Chile – yo lo soy por casi 30 años – le podría asegurar un juicio justo.

Estos tribunales nunca fueron capaces de juzgar y condenar a Pinochet.

Decenas de mapuches presos, hoy en huelga de hambre por más de dos meses, dan cuenta en carne propio de las debilidades del estado de Chile en la aplicación rigurosa de las normas del debido proceso. Los mapuches son acusados de terroristas y en más diez años de movilizaciones no han matado a nadie y de ellos han muerto varios por balas policiales, incluso por la espalda. Galvarino Apablaza está también siendo acusado de “terrorista”.

En Chile aún se aplican leyes represivas como la ley antiterrorista impuesta por Pinochet.

La oligarquía controla a este lado de la cordillera todos los medios de prensa. El señor Apablaza llegaría condenado por la prensa a los tribunales. Sería un festín mediático que presionaría a la magistratura sin contrapeso alguno.

El gobierno del presidente Piñera, sin considerar textos constitucionales expresos – separación de poderes nos decían nuestros profesores de derecho constitucional – incita desembozadamente a los medios y a quien quiera escucharlo en contra de Galvarino Apablaza. En Chile los jueces los nombra el poder ejecutivo.

Podría decir muchas otras cosas, pero no quiero distraer su atención de los altos deberes que recaen sobre su persona.

Con los testimonios de mi más alta consideración y estima,

*Abogado, Profesor de Derecho, Santiago, Chile

El Clarín de Chile, 24 – 09 – 10