La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT – CHILE), entidad de defensa y promoción de los derechos humanos, nacida hace diez años, con la principal finalidad de exigir del estado verdad, justicia y reparación para los sobrevivientes de tortura durante la dictadura militar, se dirige a usted, respetuosamente, por lo siguiente:

1º Un grupo de jóvenes acusados de colocación de bombas, bajo la ley antiterrorista, se encuentra en prisión desde hace ocho meses, manteniendo una huelga de hambre desde el 21 de febrero pasado. Las celdas de seguridad en que ellos son mantenidos, implica encierro de 22 horas diarias.

2º Cuatro presos políticos mapuche, condenados por efecto de la ley antiterrorista, también han debido acudir a la huelga de hambre para exigir justicia, situación extrema que se prolonga desde el 15 de marzo pasado.

3º Ambos grupos de presos políticos solo han ingerido líquidos y, en todo el período en cuestión, no han recibido asistencia médica adecuada de parte de Gendarmería de Chile. Al contrario, los familiares de ambos grupos han denunciado continuos hostigamientos hacia algunos de los huelguistas, lo que ha incluido traslados permanentes de celda en el caso de los jóvenes en Santiago, donde se ha llegado asignar camas plagadas de parásitos.

4º El trasfondo del conflicto radica en la aplicación de la ley antiterrorista, respecto de la cual, la abogada Lorena Fríes, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha manifestado que dicha ley somete a las personas que están juzgados por ella a una serie de perversiones en términos de garantías del debido proceso, tales como los “testigos protegidos” que no pueden ser contrainterrogados y con plazos que van más allá de los estándares internacionales de detención.
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