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Sep 22, 2019 La Quinta Pata Latinoamérica Comentarios desactivados en Chuñavi comienza a respirar justicia
Una sentencia resolvió el conflicto de competencia presentado por integrantes de un ayllu tras ser denunciados por diversos delitos contra la vida y la propiedad de comunarios bolivianos históricamente conformados como sindicato originario campesino. Hay diez sindicados declarados en rebeldía.
La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP 0047/2019) establecida el 4 de septiembre en Sucre ha sido el primer paso en firme para la mediación de la justicia ordinaria ante el conflicto generado desde hace unos años en la comunidad Chuñavi (http://la5tapata.net/chunavi-y-varias-comunidades-conviven-con-la-masacre-diaria/), provincia de Los Andes, departamento de La Paz.
El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional consiste, puntualmente, en declarar competente al juez de Pucarani, Mauricio Copa Ocampo, en el proceso penal instaurado por el Ministerio Público a denuncia de Félix Tinta Mamani en contra de diez personas vinculadas al Ayllu Indígena Originario Chuñavi y a su Consejo Amawtico de Justicia.
Alofia Verónica Ramos, abogada en representación de la comunidad y sus damnificados (https://www.prensarural.com.bo/comunidad/la-comunidad-chunavi-es-victima-de-violentas-agresiones/), explicó que «la sentencia declara competente al juez público mixto de Pucarani porque en la denuncia interpuesta por Félix Tinta se hizo referencia a las acciones de violencia ejercida en contra de sus hijos menores de edad y, en el marco del artículo 10 (Ley de deslinde jurisdiccional), corresponde que el procesamiento sea en la jurisdicción ordinaria penal».
En consecuencia, «una vez que el Tribunal Constitucional devuelva el expediente al juzgado de origen (Pucarani), continuaremos con la tramitación de la causa puesto que los diez sindicados han sido declarados rebeldes y solicitaremos imputación formal y la medida extrema de detención preventiva en el penal de San Pedro para ellos», explicó Ramos.
Visiblemente emocionado por lo logrado frente a tanta impunidad, Félix Tinta dijo que «la verdad tarda pero, a su debido tiempo, yo sé que llega. Tenemos documentos que no mueren y que siempre van a probar lo que hemos sufrido. Los niños más que todo, están totalmente traumados, hubo un total desbande en la comunidad. Es una pena que Chuñavi se haya vuelto así, no sé cuál ha sido el espíritu que los llevó a actuar de esta manera extrema, lamentable e inhumana, como salvajes, sin considerar siquiera a la niñez».
En relación a la sentencia señaló que «ha quedado claro que la comunidad Chuñavi es sindical originaria campesina y que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales, la familia sindical está contenta porque el fallo salió a favor nuestro. Hace un año estábamos con ansias de conocer este fallo porque la otra parte, que denunció conflicto de competencias, esperaba una sentencia favorable para sacarnos a patadas a quienes todavía estamos en la comunidad».
«Teníamos una desesperación muy grande, pero gracias a dios nos están dando la razón por nuestras demandas interpuestas en Pucarani por varios delitos que ellos querían resolver por fuera de la autoridad, ya que se han puesto por encima del Tribunal Constitucional, que les dijo ‘ustedes no son nada y lo va a resolver la justicia ordinaria'», amplió Tinta.
Respecto a los próximos pasos, Tinta aclaró que «hay elementos de aprehensión, sólo falta la imputación del fiscal. Ahora esperamos que el juez determine las medidas necesarias para hacer cumplir penas por los delitos cometidos en la comunidad, que son varios y han vulnerado derechos de la niñez, la adolescencia y los adultos mayores. Este fallo muestra la verdad, que hubo avasallamiento de tierras y demolición de viviendas, expulsiones de pobladores, secuestros, quema de cultivos, robos de bienes, amenazas de muerte e incluso el asesinato de una abuelita (Eugenia Aduviri Paredes en 2017), todos cometidos por ese grupo formado a través de Fernando Rada Arteaga y su ONG, ‘Asociación Qhana Pukara Kurmi’ (https://www.prensarural.com.bo/comunidad/los-supuestos-ayllus-se-envalentonaron-y-ya-parecen-republiquetas/)«.
Consultado acerca de cómo continúa la vida en la comunidad, Tinta lamentó que las relaciones sigan cortadas entre las partes y que «hay ciertas personas del grupo que siguen actuando con vandalismo, son dos o tres familias que están detrás del Qhana Pukara Kurmi y los instruyen Rada y Beatriz Bautista. Zanjean y obstruyen caminos para no dejar entrar a nadie y continuar la expulsión. Quieren hacer una fiscalización de tierras a la fuerza para saber quiénes son los que no están acatando, pero ya no es como antes que aglutinaban a jóvenes del colegio».
«Esperamos que ahora se dé cumplimiento a las cinco resoluciones que nos respaldan, las de la subcentral Chupamayo, de la central agraria Curapata, del ejecutivo provincial de Los Andes, de la departamental Túpaj Katari y de la CSUTCB (https://www.prensarural.com.bo/comunidad/csutcb-respalda-a-la-comunidad-chunavi-por-la-masacre-a-la-que-esta-sometida/); y convocar a las autoridades del supuesto ayllu para que justifiquen cuáles son sus intenciones al vulnerar nuestros derechos», concluyó Tinta.
Durante la audiencia especial convocada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 3 de mayo en la sede paceña de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (https://www.prensarural.com.bo/portada/realizaron-audiencia-por-conflicto-de-chunavi/), en el marco del conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Consejo Amawtico de Justicia del Ayllu Chuñavi y la Jueza de Instrucción Penal Cautelar Cuarta del Departamento de La Paz, tuvo una destacada participación el profesor Abel Aguilar, historiador de larga trayectoria académica y de lucha, quien señaló que “existen convenios internacionales que indican que todo pueblo debe ser representado y, en el caso de Chuñavi, esto se da a través de la existencia del sindicato agrario”.
Otros aportes de Aguilar fueron los siguientes: “La comunidad agraria campesina tiene características propias que vienen desde la época de Toledo y posteriormente en la reconstitución de la propiedad agraria, donde a través de la ‘Ley de exvinculación’ un grupo de personajes vinculados a Manuel Mariano Melgarejo (presidente entre 1.864 y 1.871), quien establece que sus allegados y adláteres quieren constituir una nueva oligarquía, echan mano de tierras que ellos llamaban ‘de comunidades en manos muertas’”.
“Este es el antecedente que tenemos que ver respecto a la lógica de extranjeros que vienen a mellar nuestro territorio, desde el Cuzco y otros lugares, que tienen fuerte presencia en Chile, y esto lo analizan las Fuerzas Armadas con gran preocupación. El TCP tiene que tener en cuenta que hay un interés estratégico por apropiarse de nuestra comunidad y en esencia lo que se está intentando plantear es que a través de la modificación de la CPE, poniendo en contradicción a sindicatos y ayllus, donde no han existido en los últimos 200 años elementos que nos permitan configurar la existencia de estructuras de antiguos ayllus, esconden lo que Melgarejo quería hacer, que era destruir la comunidad campesina”.
“Lo que el Virreinato y la Colonia no habían logrado, Melgarejo trata de hacerlo a través de la Ley de Ex-vinculación de Comunidades Campesinas, y particularmente en la zona del Alto Titicaca y el área estratégica que conforma la provincia Los Andes en comunidades como Chuñavi y otras que integran los cantones. Muy cerca de allí fue destrozado el cuerpo de Julián Apaza Túpac Katari, esos mecanismos han intentado siempre destruir la comunidad campesina y al campesinado porque es la fuerza que salva a la patria. Por eso imponen ayllus con personas que no pertenecen a la comunidad, sino que son traídas del mundo urbano”.
“Por eso Melgarejo básicamente ataca y trata de destruir, eliminan, asesinan, como hoy una ONG, bajo el amparo de una supuesta justicia, a la que como dice nuestra Constitución reconocemos los principios de la justicia comunitaria, pero las leyes y los principios de la Chacha Warmi plantean que el principio fundamental es la defensa de la vida. No puede ir una norma constitucional ni una acción de ninguna instancia que apela a la constitucionalidad en contra de ese derecho y aquí se cercenó la vida de una inocente, una anciana. Es un delito penal que no concierne al sentido estricto de aquellos aspectos que la Constitución plantea claramente, como que en el ámbito de la justicia comunitaria corresponde la defensa de la vida en primer lugar, lo que también se condice con la norma y principios de los Pueblos Aymara”.
“Es inconcebible que ninguna autoridad ni mallku, jillacata o lo que fueran, de cualquier organización, vaya a ejercer una acción en contra de una anciana indefensa, sacrificando su vida de la forma más cruel y pretendiendo soslayar este delito de carácter penal, que no puede ser amparado bajo el marco de una justicia comunitaria ni pretender que sólo fuera un problema de deslinde entre ayllu y sindicato”.
“El llamado Ayllu, que no sólo se está dando en Chuñavi, se está intentando en otras regiones, dirigiendo los sindicatos agrarios para imponer artificialmente estructuras que no son naturales y con personal extranjero. Yo quisiera saber qué tiene que ver la comunidad alemana de Qhana Pucara Kurmi, que viene y propicia una serie de acciones contra nuestro pueblo. ¿No será parte de la estrategia del imperialismo para dividir y destruir a nuestro pueblo?, ¿no será una estrategia de la guerra irrestricta que está desarrollando el Ejército de Chile, que ha planteado que deben polarizar Bolivia para dividir y enfrentar a nuestro pueblo?”.
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