Claro está que es necesario prevenir e informar a la población, pero eso no implica asustar y generar temor en la misma, como lo han hecho los medios. En ese sentido, gran parte de ellos, ya que dentro de la generalidad a veces hay excepciones, se remitieron a «informar» sobre el virus dejando de lado temas de carácter político que son de gran importancia para el país. Tal es así que en estas semanas se ha hecho poca referencia al tema del narcotráfico. De rompe y raja, los indicadores mediáticos sobre «narco asesinatos» le han cedido su lugar a las presuntas muertes por gripe porcina. Tampoco se ha mencionado con demasiada insistencia los 20 proyectos aprobados en la Cámara de Diputados mexicana el día 22 de abril. Entre los que se destaca la denominada «Ley de la Policía Federal», aprobada el jueves pasado por la Cámara de Senadores. La misma, hace referencia a la utilización de agentes policiales sin uniforme, en caso de que sea necesario para alguna investigación, como así también se pueden llevar a la práctica operaciones encubiertas y de usuarios simulados, para la prevención de delitos. En este sentido también se podrán intervenir los teléfonos, con previa orden del Ministerio Público Federal, e identificar y rastrear en Internet aquellos sitios con el fin de prevenir conductas delictivas. Punto a favor para legalizar «procedimientos en nombre de la seguridad nacional»; punto en contra para los ciudadanos que en cierta medida están siendo coartados de algunas garantías individuales. Menos aun se ha hablado de cómo México regresará los 205 millones de dólares que tan a bien prestó el «gran benefactor» Banco Mundial. Ni mucho menos de cómo se enfrentará la crisis económica que está atravesando el país.

Otro de los temas que con mezquindad robó algún recuadro o algunos segundos de aire, fue el proyecto por el cual los legisladores no pueden ganar más que el presidente. Es decir, ni diputados ni senadores podrán recibir un salario mayor a los 10.000 dólares por mes. Cifra bochornosa en un país donde reina la desigualdad y el salario mínimo es de 5 dólares. Para seguir sumando bronca, quienes no entraron en el «recorte salarial» fueron los ministros de la Corte, jueces de Distrito, magistrados electorales, consejeros de la Judicatura Federal y del Instituto Federal Electoral (IFE). llos seguirán percibiendo un sueldo mayor al del poder ejecutivo. Definitivamente se «premia» la ineficacia, ya que el poder judicial deja mucho que desear, si tenemos en cuenta algunos fallos, como por ejemplo el que se refiere a la matanza de Tlatelolco de 1968. En el mismo se determina que el asesinato de miles de estudiantes en la plaza de las tres culturas fue genocidio pero sin embargo no se identifican a los responsables ya que se declaró la absolución de Luís Echeverría Álvarez (Secretario de Gobernación durante esos años), dejándolo en libertad «bajo las reservas de ley». Tampoco hay responsables en Atenco, donde si bien se reconoció la violación a los derechos humanos, aun no hay funcionarios detenidos, es decir, quienes ordenaron y ejecutaron el ataque contra la población los días 3 y 4 de mayo de 2006, gozan de impunidad. Sin embargo, quienes sí están detenidos, son los militantes sociales que purgan excesivas condenas de 67 años en prisión y ni siquiera son respetadas sus garantías básicas.

En fin, definitivamente demasiada influenza.

ANRed, 09 – 05 – 09