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Dic 09, 2018 La Quinta Pata Latinoamérica Comentarios desactivados en Democracia, autonomías y plurinacionalidad: un proceso en tránsito
La plurinacionalidad supone construir un modelo alternativo de democracia comunitaria, que sea incluyente y participativo, y que fortalezca la identidad de los pueblos originarios. Se trata de una experiencia única en Sudamérica y el mundo.
La fuente principal de este artículo es el libro “Territorialidad y Autogobierno: Las Autonomías Indígena Originario Campesinas en el Estado Plurinacional de Bolivia” (2016), cuyo autor es Gonzalo Vargas, licenciado en Antropología y, desde 2013, Viceministro de Autonomías Indígena Originario Campesinas y Organización Territorial. La obra reflexiona sobre las Autonomías Indígena Originario Campesinas en el Estado Plurinacional de Bolivia a partir de una retrospectiva histórica para comprender la lucha de los pueblos ancestrales por el reconocimiento y consolidación de sus territorios y la especificidad de su organización.
Vargas considera que el derecho a las autonomías es un ejercicio de libre determinación que permitió la supervivencia contra todos los intentos de aniquilación cultural. Esto implica un desafío actual para construir entidades territoriales gubernativas que es “la razón del Estado Plurinacional”.
A partir de la nueva Constitución Política del Estado aprobada en 2009, Bolivia se establece como un Estado unitario, social de derecho, con descentralización, autonomías y fundamentalmente Plurinacional, lo cual plantea la desconcentración del poder político, otorgando a los pueblos indígenas la capacidad de decisión sobre su propia organización y gestión de territorios y, consecuentemente, su propio desarrollo económico y social territorial. La descentralización es posible mediante la construcción de las autonomías en el proceso de cambio y en la Revolución Democrática Cultural.
El Estado incorpora a las naciones y pueblos indígenas como parte del pueblo boliviano y base sustancial de su Plurinacionalidad, trascendiendo así la antigua visión folclórica que se tenía de las naciones y pueblos indígenas hacia la configuración de autogobiernos que reciben competencias establecidas en la CPE y las proyecta en línea a sus propias pautas culturales, su cosmovisión, su justicia comunitaria y sus sistemas de gobierno.

El carácter inédito de la AIOC, tanto para Sudamérica como para el resto del mundo, es el modelo autonómico que permite la construcción de sus propias instituciones de gobierno y la elección de autoridades por normas y procedimientos. Actualmente las AIOC están en proceso de desarrollo, que inician con la certificación de ancestralidad y continúan por la certificación de viabilidad gubernativa, según los fines comunitarios sean de conversión en municipios o como territorio indígena originario campesino (TIOC)
Según los datos consignados en el libro, del registro del Ministerio de Autonomías, hay 34 procesos en desarrollo y constitución, de los cuales 3 AIOC alcanzaron el referéndum y consulta de acceso y aprobación de estatutos. Son Charagua Iyambae en Santa Cruz, Uru Chipaya en Oruro, y Raqaypampa en Cochabamba, siendo la cruceña la primera AIOC de conversión en municipio.
La normativa constitucional, reglamentaria y legislativa que sustentan al proceso autonómico, sustentando y respaldando los derechos indígenas así como su funcionamiento, normas y procedimientos propios, hacen que Bolivia esté abriendo un camino, un modelo de referencia para la región y el mundo. Este modelo de AIOC es revolucionario e innovador y en el andar va adquiriendo identidad y características propias. Pero también es vital comprender el tránsito que los pueblos indígenas tuvieron de primacía en el dominio del territorio, sea el imperio de los incas en el Tawantinsuyu o la narrativa de los pueblos y naciones indígenas de tierras bajas.

Del colonialismo al liberalismo: El ordenamiento postcolonial realizado por las oligarquías en la región andina causó políticas de eliminación de derechos de los pueblos indígenas. Algunos de sus efectos fueron: desigualdades sociales, étnicas y racismo; desfiguración territorial que provocó desarticulación de la cosmovisión ancestral; y debilitamiento jurídico e institucional entre pueblos y Estado.
Estado Plurinacional Comunitario: El reconocimiento de los territorios ancestrales se ampara en el modelo comunitario, que es el proyecto civilizatorio de la nación indígena originario campesina, a quien la CPE garantiza sus derechos a la autonomía, el autogobierno, a su cultura e instituciones, y a la consolidación de sus entidades territoriales.
Froilán Laime es sociólogo e integra el área técnica del Viceministerio de Descolonización, otra de las instituciones que por su trabajo de campo en localidades como Batallas y Pacajes resulta fundamental para abordar el tema de las AIOC. Entrevistado por Prensa Rural, Laime resaltó que “hay procesos muy interesantes” y recomendó “no crear nuevas instancias ni dividir a las comunidades”.

Explicó que “como Estado nos dedicamos a fortalecer los cargos y las organizaciones que existen desde hace muchas décadas y hemos tenido encuentros de intercambio con ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que tienen la idea de fortalecer la justicia indígena. Sin embargo, choca con nosotros que pretendan crear nuevas instancias como tribunales y consejos indígenas que serían creaciones paralelas a la organización que tradicionalmente existe”.
“Por ejemplo, en las centrales agrarias el que maneja la parte de justicia es el secretario de justicia, aunque también es normal que los ejecutivos y demás dirigentes conformen una especie de tribunal. Eso es lo que normalmente funciona. Pero estas ONGs tratan de conformar otras instancias y eso genera conflictos, incluso hay varias comunidades que han terminado por dividirse porque un sector que ha seguido las sugerencias de las ONGs conforma su propio Consejo de Justicia y enfrenta a la parte más tradicional de la comunidad”.
“Sin embargo, una región no está obligada a constituirse como autonomía indígena para fortalecer su justicia. Por ejemplo, incluso en pequeños centros urbanos hay un nuevo conflicto, el de que ´nosotros ya no somos originarios, no somos campesinos’. Y la organización pasa a ser Junta de Vecinos. En el caso del municipio Batallas, en la comunidad de Peñas, funciona la justicia originaria dentro de los vecinos, situación que es muy interesante también”.
Marcelo Carpio es Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), donde integra la Comisión Desarrollo de Ayllus y Proyectos, y explicó los orígenes, derechos y límites de las autonomías indígenas originarias. Destacó que ven “con mucha preocupación que agentes externos se metan en las autonomías de los pueblos indígenas originarios”.
En primer lugar puntualizó que “los pueblos indígenas originarios siempre han sido autónomos, pero a partir de la invasión española y luego con el capitalismo y el neoliberalismo dominando nuestro Estado, fuimos perdiendo esa autonomía plena en decisiones políticas y económicas. La autonomía indígena originaria se basa siempre en el Buen Vivir. En la actualidad vemos positivamente que en algunos suyus y municipios se esté practicando la autonomía, cuya elección de autoridades se hace mediante el thakhi (camino a recorrer)”.

Respecto a la normativa y los requerimientos explicó que “más allá de lo político, la autonomía tiene que basarse en los usos y costumbre de la Nación Indígena Originaria. En nuestros ayllus y markas practicamos la autonomía desde una autoridad que tiene que cumplir el thakhi. Es decir que son decisiones orgánicas. Ya hay dos municipios en Oruro que se están enmarcando en autonomía y otros también en La Paz. Hay casos en los que se dice ‘gobierno autónomo de tal’, pero no tienen autonomía plena porque los recursos económicos están controlados por el Gobierno central. Cuando un municipio es netamente autónomo genera y administra sus propios recursos y fuentes laborales”.
“La autonomía plena es un tema orgánico. Hay que saber cómo se va a trabajar el sistema económico, cultural, social y sanitario, además de generar empleos para la comunidad. Sin ese trabajo orgánico dentro del ayllu, difícilmente entendamos lo que es una comunidad autónoma. Está la experiencia de cómo se organizaban antiguamente nuestros abuelos y cómo sabían lo que tenían que hacer. Es el ejemplo de la Escuela de Warisata, donde se practicaba el ayni (cooperación)”.
“La autonomía tiene que hacerse con los verdaderos actores, no con externos. Los intereses neoliberales están atacando la autonomía plena de cada ayllu y de cada marka sin respetar usos y costumbres. La política se está involucrando en la autonomía de cada nación. Por eso orientamos para que no se involucren en las decisiones soberanas de ayllus y markas, no puede venir un ente externo comandado por un partido político o por el gobierno de Estados Unidos y orientar hacia otra vía”.
Carpio destacó que hacen intercambios “con nuestro hermano presidente, ya que es hijo originario, wawa del ayllu de J’acha Carangas, del suyu de Oruro, y sabe cómo es la autonomía indígena originaria”. Actualmente coordinan “de manera muy concreta con ministros y viceministros que saben que cuando tomamos una decisión orgánica no hay política que nos tuerza el brazo. Por eso consultamos siempre a los 16 suyus, es un proceso de construcción continuo, de consulta permanente a nuestros pueblos para no menospreciar el conocimiento ancestral”.
“Hay apoyo absoluto del Estado, nunca visto. Los medios de comunicación de la derecha tergiversan según sus criterios, pero nuestra praxis es diferente. El tema productivo mejora con maquinarias, micro-riego, semillas y apoyo económico que antes nunca llegaba. En lo educativo es igual: en las unidades educativas hay aulas modernas y en condiciones, antes los niños tenían que sentarse sobre adobe. Lo mismo respecto a la identidad: el Ministerio fomenta el arraigo de nuestras danzas, músicas, lugares sagrados y vestimenta. CONAMAQ se caracteriza por eso, por mantener la indumentaria originaria y no dejar de lado nuestra cultura”.

Consultado sobre los alcances y eficacia de la Justicia Indígena Originaria, Carpio reconoce “algunas deficiencias” porque “la ley 073, de deslinde jurisdiccional, no se está aplicando plenamente”. Explicó que dicha ley “nos da esa visión de que los pueblos tenemos nuestra propia administración de justicia, que una autoridad originaria puede tener el mismo rango que un juez y puede solucionar problemas dentro del área rural. La justicia ordinaria se basa más en el ámbito urbano, el juez no puede meterse mucho en el tema de tierras o peleas entre familias colindantes, eso puede arreglarse en el marka”.
Sin embargo, aclaró que “nosotros no podemos definir temas penales como asesinatos o violaciones, ahí sí se coordina con la justicia ordinaria y la policía para que intercedan en situaciones muy graves y llegamos a expulsar a los responsables. A veces los hermanos confunden y piensan que la justicia indígena originaria es linchar a alguien, pero esa verdadera justicia tiene que actuar de acuerdo a los usos y procedimientos de los ayllus en coordinación con los jueces, que no pueden desconocer la normativa”.
Información, consultas, contactos
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