Debemos explicar que el gobierno nacional conocía desde hace años el ruinoso estado de Aerolíneas Argentinas, pero nada hizo para recuperar la empresa. Primero Iberia, luego American Airlines y finalmente el Grupo Marsans saquearon y quebraron a la compañía. Además de dejar una millonaria deuda, vendieron las oficinas que AA tenía en las principales ciudades del mundo; desmantelaron el centro de simuladores de vuelo más avanzado de América latina y un banco de pruebas de motores de alta potencia; vaciaron los talleres especializados y almacenes de repuestos; y vendieron los 28 aviones propios. Acorde con el saqueo de la privatización y la desidia gubernamental, el proyecto que el Gobierno presentó originalmente resultaba escandaloso, porque acordaron con el grupo Marsans que el Estado argentino se haría cargo de la deuda de 900 millones de dólares para luego reprivatizar la compañía; y establecía que ante un probable desacuerdo entre el Gobierno y el privado por el precio final de las acciones, un tercero internacional sería quien daría un fallo inapelable. ¿Cómo ha sido posible que en estos 16 años ningún gobierno iniciara acciones penales por el vaciamiento de AA? Además, Marsans, en lugar de invertir, hizo desaparecer los 750 millones de dólares que obtuvo para sanear sus empresas. Ahora, es una obligación para el gobierno nacional demandar a quien corresponda por este desfalco. Por ello, desde Proyecto Sur exigíamos 180 días para investigar a fondo la situación de la empresa y llegar a una propuesta seria.

Hoy, el caso de Aerolíneas Argentinas es una evidencia más del monumental fracaso privatizador. Ante esto, las organizaciones sociales y sindicales, las asociaciones de usuarios, las universidades y las fuerzas políticas tienen que discutir un nuevo modelo de control y gestión de empresas públicas de servicio, hecho que debe traducirse, en esta oportunidad, en un proyecto para el funcionamiento transparente y eficiente de nuestras compañías aéreas. Es necesario que Aerolíneas Argentinas, así como las empresas de trenes y de otros servicios, se constituya finalmente como Sociedad de Estado, situación que, distinto de las sociedades anónimas, conllevan mayores y más rigurosos controles de operación.

Se trata, en definitiva, de enterrar con decisión el mito de que el desembarco de los capitales privados en los servicios públicos asegura mayor eficiencia y transparencia de gestión. En el caso de la aeronavegación, resulta innecesario advertir que la seguridad en este servicio es esencial. Pero sabemos que el capital privado tiene como principal objetivo la ganancia y no la seguridad de los pasajeros. La recordada catástrofe de Lapa y la reciente tragedia de Spanair demuestran qué sucede cuando se intenta bajar los costos de mantenimiento u operar con aviones viejos para asegurar rentabilidad. El servicio aéreo, así como el ferroviario y el marítimo, son servicios públicos. En consecuencia, tienen que estar en manos del Estado que, además de poder cumplir con un servicio de excelencia, aportaría innumerables beneficios a la sociedad en materia comunicacional, cultural y económica.

En Argentina, después de cinco años de gobierno de los Kirchner, sólo hemos visto cómo empeora el sistema de transporte. Nunca los pasajeros han sido tan maltratados y el inviable avance del transporte automotor provoca más de 8000 muertes cada año. Ante ello, el gobierno nacional propone la construcción del elitista e irracional “tren bala”, no recrea la flota marítima y fluvial, y regaló, por primera vez, las rutas de cabotaje.

Las modificaciones que logró introducir Proyecto Sur a la iniciativa oficial para la recuperación de Aerolíneas Argentinas son una contribución al debate que nos debemos sobre el descomunal fracaso del modelo privatizador en los transportes, para avanzar hacia la constitución de nuevas sociedades de Estado con nuevos modelos de gestión que aseguren servicios públicos con participación de la comunidad.

Proyecto Sur, 26 – 08 – 08