El mito de la independencia de poderes

Oct 03, 2010 La Quinta Pata La Pata Semanal Comentarios desactivados en El mito de la independencia de poderes

Ramón Ábalo

Los subterfugios leguleyos que se comprueban a diario en el accionar de la justicia y que inclinan la balanza hacia el lado de los más poderosos, testimonian claramente que los jueces, camaristas y fiscales, son personas como cualesquiera de nosotros en el sentido de que prevalece en ellos, al momento de elaborar los fallos, sus posicionamientos políticos e ideológicos. Ello es terminante al analizar los comportamientos ante la supresión del estado de derecho – golpe de Estado, dictadura – y la sumisión a los intereses del poder económico-financiero, verdadero poder.

Quienes transitamos los pasillos del Juzgado Federal de Mendoza, los familiares de las víctimas del genocidio y los abogados querellantes tenemos ejemplos de sobra para reafirmar aquellos conceptos. A 34 años del golpe genocida y pese a las políticas positivas del Ejecutivo, la justicia se multiplica, en sus representantes, para que los responsables de lesa humanidad – civiles y militares – sigan libres no obstante las pruebas contundentes en su contra. Eso prevalece al lado de complicidades más actuales, como la de dar vía libre a las decisiones de jueces de menor instancia y jerarquía con las llamadas medidas cautelares al colmo de frenar leyes aprobadas por el Congreso de La Nación, como la ley de medios que pone tope al monopolio mediático.

Otro perfil de esa justicia, pretendidamente objetiva, imparcial, independiente, es el que se configura con los pactos sanguíneos, de amistad y de alcoba. En esta semana que pasó, en el ámbito de las causas por genocidio que se tramitan en la justicia federal de Mendoza, el pacto sanguíneo consagra la fidelidad familiar del juez Petra Fernández recusando al juez Bento, el juez de instrucción que ha puesto en la picota, entre otros, al juez Petra Recabarren. La «sana doctrina» manda que, por su parentesco tan evidente con el reo, se abstenga de intervenir. Aquel Recabarren Fernández, no es ingenuo ni ignorante, por lo que su petición apunta en otro sentido: que los juicios a iniciarse en Mendoza, ya anunciado para el 17 de noviembre próximo, se aplacen hasta que se resuelva por un tribunal superior. No les importa la vida – nunca les importó – son concubinos de la muerte. El exabrupto de Hebe de Bonafine frente al palacio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando dijo que habría que asaltarlo porque de ahí lo que menos se espera es justicia, es para pensarlo, pero no tanto, porque veamos las embestidas contra la democracia y la vida de los pueblos latinoamericanos. Lo de Honduras, lo de Ecuador… ¿y después? Se extiende aquello de judicializar la política, se judicializa la protesta social, como herramienta para mantener y acrecentar los privilegios. En este caso, judicializar es sinónimo de atacar, destruir.

En el freno a la ley de medios, responden a los intereses de las corporaciones mediáticas, que son eminentemente corporaciones económicas con barniz comunicacional. ¡Minga! Y en esta de la recusación, se responde a los intereses al mismo poder por su íntima relación y potenciadora de la dictadura que ha sido – y sigue siéndolo – la matriz del genocidio.

La Quinta Pata, 03 – 10 – 10