En ese país agroexportador sólo cabría “un habitante por cada cuatro vacas”, según expresaran varios presidentes de la SRA. En la nueva versión, la Argentina debería ser un país agroindustrial-exportador, dando cabida sólo al 40 por ciento de su población, cifra correspondiente al empleo generado por toda la cadena agroindustrial. A partir de 1976 la renta agraria, que el peronismo había nacionalizado para industrializar el país, volvió a la oligarquía, tanto en capital como en tierra. Así, si en los ‘60 gracias a los Planes Quinquenales, a las leyes de Arrendamientos y del Peón Rural había 650.000 productores agropecuarios, hoy sólo restan 330.000. La oligarquía recuperó así tierras que debió vender o arrendar durante los años del peronismo, restituyendo su monopolio sobre la propiedad del suelo. Monopolio que tiene expresión concreta: el 49,7 por ciento de la tierra pertenece a 6900 familias-empresas, 936 terratenientes poseen 35,5 millones de hectáreas, cifra equivalente a toda la superficie sembrada en 2007.

Si bien en el proceso de concentración influye la mejora tecnológica, son las políticas reaccionarias implementadas desde 1976, agudizadas durante la sojización, las que lo exacerban. Así, a partir de 1995, cuando el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá autorizó la propagación de la soja transgénica, la eliminación de pequeños productores y la depredación del ecosistema se aceleraron, eliminando unos 200.000 productores, la mayoría de ellos afiliados a la FAA, que pasó de tener 400.000 miembros a sólo 100.000, concentrando el poder de los productores pampeanos atados al monocultivo sojero. De los 330.000 productores restantes en todo el país, sólo 110.000 poseen más de 100 hectáreas –cifra límite para hacer soja–, mientras que unos 220.000 que poseen menos de 100 hectáreas son los verdaderos chacareros y campesinos pobres. De los 110.000 productores que poseen más de 100 hectáreas, sólo 80.000 hacen soja. Así todo el conflicto por las retenciones refería en última instancia a unos 80.000 productores, que proyectados a una familia tipo no alcanza al 1 por ciento de la población nacional. Sin embargo ese sector ha asumido de manera notable el parasitismo histórico de la oligarquía terrateniente, que sólo en la campaña 2004-2005 recibió por arrendar sus campos 3000 millones de dólares, sin invertir, trabajar, ni arriesgar nada.

La sojización modificó la estructura de clases rural y la mentalidad del antiguo chacarero productor de alimentos. Ya no sólo no es arrendatario de la oligarquía y necesita de una organización que lo defienda como en 1912, sino que ahora es propietario de una fortuna. Una hectárea en la Pampa Húmeda vale de 12.000 a 20.000 dólares. Un propietario de 100 hectáreas posee un capital cercano a los 2 millones de dólares. La brutal destrucción de mano de obra que produce la sojización explican el escaso empleo agrícola y que sólo un tercio del mismo sea legal. Esta situación –y la no intervención del Estado– hizo altamente rentable y previsible la sojización, permitiendo el ingreso del capital financiero a través de los pools de siembra. El viejo chacarero de la FAA ha devenido en terrateniente rentista al igual que su antiguo patrón oligarca. Por eso están juntos en las asambleas y piquetes. Sus intereses son los mismos, aun cuando posean escalas y problemáticas diferentes. La sojización ha hecho que desde el punto de vista de la estructura de clases sean lo mismo. Por eso Eduardo Buzzi inaugura la muestra de la SRA y Alfredo De Angeli se junta con Mauricio Macri. Los chacareros ya no son los humildes campesinos del imaginario social y tienen mucho tiempo libre para salir a cortar rutas junto a sus socios más grandes de la SRA y CRA, para impedir que el Estado toque su renta extraordinaria para utilizarla en aras del desarrollo colectivo.

*Ing.Agr. genetista- Ex docente de la UBA, miembro del Grupo de Reflexión Rural
Prensa Agraria, 01 – 09 – 08