¿Por qué las universidades reciben fondos de esa empresa? Ymad percibe el 20 por ciento de las utilidades de la explotación de la mina. El 60 por ciento de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40 por ciento va para la Universidad de Tucumán; el resto se distribuye entre las demás casas de estudios nacionales, según dispone la ley 14.771. Por primera vez desde que la mina se puso en actividad, el año pasado llegaron al sistema universitario 50 millones de pesos. Y hace apenas algunos días llegó una segunda partida, por 36,8 millones. Antes de arribar a las casas de estudios, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que integran los rectores de todas las universidades públicas, debió acordar el reparto de los fondos.

“Los rectores nos limitamos a discutir la distribución que nos pedía el ministerio”, explicó el actual presidente del CIN, Darío Maiorana. “Eventualmente, las universidades podrían negarse a recibir los fondos, pero hay una responsabilidad derivada de la ley que los asigna”, argumentó otro rector. La principal discusión entre los rectores se centró en los montos correspondientes a cada universidad. Menor interés despertó la propuesta de unos pocos rectores, quienes pretendían definir un destino global para los recursos: finalmente, sólo se acordó “sugerir” que los fondos de la minera se aplicaran “a proyectos institucionales”, es decir, no a un mero refuerzo presupuestario para afrontar gastos corrientes.

Tras la resolución del CIN, entre fines del año pasado y los primeros meses de 2009 cada universidad fue aprobando en sus consejos superiores el ingreso a sus arcas de la partida inicial de La Alumbrera. En la UBA, por ejemplo, los 3,4 millones que le tocaban se aprobaron este año como recursos propios, sin debate alguno. Lo mismo ocurrió en la mayoría de las casas de estudios. En otras universidades nacionales, como las del Sur, Mar del Plata y la Patagonia (SJB), hubo mociones de rechazo presentadas por profesores y estudiantes, pero resultaron minoría. Las principales objeciones a la vinculación entre universidades y minería fueron planteadas por organizaciones sociales y, desde la comunidad académica, por los investigadores críticos del modelo de desarrollo vigente, extractivo y exportador de materias primas, avalado por el Estado y las grandes corporaciones.

“En el peor de los casos, las universidades deberían usar esos recursos para investigar seriamente las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto, una forma de explotación que, a mi juicio, va a dejar sin agua potable a las poblaciones cercanas y que no es conveniente para los intereses del país”, dijo Abraham Gak. “Es inadmisible que las universidades acepten esos fondos –estimó Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba–. Los rectores no pueden ignorar la procedencia de estos fondos; de hecho, algunos lo conocen perfectamente, porque hay universidades que les venden sus servicios a estas empresas. Por otro lado, hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades.”

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