Israel Lotersztain, un historiador con dotes de investigador privado, elaboró una tesis de maestría que tituló “La corrupción en la Argentina de Miguel Juárez Celman”, donde quedan pocos títeres con cabeza, incluyendo a encantadores escritores y políticos de la época como Eduardo Wilde y Miguel Cané. La investigación, que pronto aparecerá en forma de libro, demuestra –entre otras cosas– que los delitos perpetrados desde la función pública están ahí –en polvorientas actas del Banco Nación y del Provincia– y no fueron investigados por la Justicia de entonces ni por los historiadores que se sucedieron hasta nuestros días. Hay, desde luego, numerosas descripciones y calificaciones de la corrupción juarista, tanto en los revisionistas como José María Rosa, en los hombres de FORJA como Raúl Scalabrini Ortiz y en historiadores marxistas como Milcíades Peña, pero es escaso el aporte de pruebas concretas, demostrativas del gigantesco despojo del patrimonio público que significaron los grandes escándalos de la época, como el negociado de funcionarios y terratenientes con las famosas cédulas hipotecarias, la privatización de Obras Sanitarias, el subsidio a concesionarios de ferrocarriles, el sobreprecio monstruoso de los terrenos adquiridos por el Estado para erigir, entre otros edificios, el del Congreso Nacional, la calesita especulativa de los títulos públicos y el correspondiente endeudamiento externo que pesaría sobre las generaciones futuras, para citar solamente algunos títulos de la “fiesta”.

El autor no se limita al aspecto indecoroso de la Generación del 80, también rescata sus aportes al desarrollo y la modernización de la Argentina. Tampoco cae en un moralismo ramplón: más que el juicio de la conducta individual, le interesa determinar en qué medida la corrupción política –que no es un dato del pasado– determina las decisiones estratégicas del Estado y cuál es su contracara de sufrimiento y marginación para los excluidos de la fiesta.

Pero algunas anécdotas son ilustrativas del cinismo que otorga la impunidad del poder.

En 1889 se adquirió el terreno que ocupa el actual Congreso de la Nación a un precio absolutamente fabuloso, el equivalente de unos 150 millones de dólares actuales. Entonces era una manzana de tierra situada casi en los arrabales de Buenos Aires. Consta en el Diario de Sesiones: en la sesión del 5 de julio de 1889, el presidente de la Cámara de Diputados, Lucio V. Mansilla, apuró a los legisladores para que aprobasen la compra sobre tablas, diciéndoles: “El Ejecutivo nos propone un negocio, y aquí todos entienden y tienen algún negocio. O me van a decir que están aquí por los 700 pesos por mes que les pagan”. La coima figura en los archivos del viejo Banco Nacional: fue al menos un 15 por ciento.

En 1888 se privatizaron, con gran indignación de los porteños, las Obras Sanitarias de la ciudad. Fue a favor de la banca Baring, que por el empréstito entró en crisis en 1891 y Pellegrini debió reestatizarlas en 1892. Los accionistas minoritarios de la Baring quedaron furiosos con el acuerdo y uno de ellos, míster Burstall, mirando la rendición de cuentas, le preguntó cándidamente a Lord Baring: “Las 322 mil libras que se le pagaron a Mr. Celman y Mr. Wilde (Eduardo Wilde fue ministro de Interior y de Obras Públicas), ¿podremos recuperarlas?”. Es fácil imaginar la respuesta de Lord Baring.

El Banco Provincia de Buenos Aires, el primero en magnitud en ese momento, registra los siguientes créditos impagos en 1885:
Julio A. Roca (presidente de la Nación): 1.148.000 pesos oro.
Miguel Juárez Celman (concuñado del anterior y futuro presidente): 720.000 pesos.
Carlos Pellegrini (futuro vice y luego presidente): 193.000 pesos.

La provincia de La Rioja tomó en 1888 un préstamo de cinco millones de pesos oro para su recién creado banco. Lo simpático es que el presupuesto anual de la provincia era por entonces de 133.000 pesos. La plata obviamente se “prestó” a los amigos y a los dos años el banco quebró. Nunca se recuperó un centavo.

En 1894, a raíz del hipotético conflicto con Chile, la Argentina le compró dos cruceros a los astilleros Ansaldo de Italia. El representante local de la firma, señor Perrone, tuvo a bien detallar (y se encuentra en los archivos) los distintos destinatarios de las coimas que debieron pagar. El más beneficiado, con un 5%, fue el “conquistador del desierto” Julio A. Roca; le seguían el almirante Betbeder y otros funcionarios, hasta completar un modesto 10 por ciento.

Como dijo Mansilla en el Congreso: “No hablo de patriotismo porque el patriotismo no tiene nada que hacer cuando se habla de dinero (risas). Porque el patriotismo es una cosa y el bolsillo otra…”

Crítica digital, 26 – 10 – 08