Tal vez las acciones y movilizaciones más fuertes para lograr lo que ahora se pide como democratización de la justicia, se desarrollaron en esta provincia desde los primeros momentos del terrorismo de estado que se instaló, incluso, mucho antes de la fecha clásica del 24 de marzo de 1976. Así, los dos o tres organismos de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que antes de esa fecha ya organizaba a las víctimas y sus familiares. Al momento del 24, ya se tenía la información de las persecuciones, las detenciones y las desapariciones, como asimismo se tenía la percepción de que lo peor aún no llegaba, por eso, por ejemplo, la Liga, filial Mendoza, con la presidencia de Marta Rosa Agüero, hace pública la actividad y abre un local en un complejo de oficinas en la calle Urquiza, a metros de la avenida San Martín. Ya tienen presencia la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico, como también los familiares empiezan conformar su orgánica con la colaboración de la Liga, y en su local. Allí se conforma posteriormente la Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos por Razones Políticas. No importaban los riesgos de vida que ello conllevaba.

Lo primero que se hacía era presentar los respectivos habeas corpus y el pedido de audiencias a los jueces en los estrados federales como también de la provincia. No obstante el ahínco que poníamos, y la esperanza, ya percibíamos que los estrados a los que acudíamos por justicia, esto era, como concepto, un escenario donde el drama que nos acompañaba naufragaba en negación y menosprecio.

Y así fue todo en esos años negros. Y también inmediatamente después de recuperada la democracia. Acudimos a la suprema corte provincial y al ministerio de gobierno, planteando la necesaria purga en la justicia provincial. Afirmábamos que el 100% de los magistrados locales habían jurado por las llamadas actas de la dictadura en flagrante contradicción con su identidad de hombres de derecho. Hubo una sola excepción, la del juez Patricio Buteler, quien de inmediato fue jubilado. Pedíamos que se los declarara en comisión y la exigencia de que cada uno justificara tanta falacia. No hubo respuesta. Hace unos cinco años atrás pude hacer un relevamiento de los jueces en actividad y comprobé que el 70% provenía de la época nefasta…y de antes. Pretendí hacer lo mismo en el juzgado federal, y se me negó facilitarme el listado, pero lo que quedó en evidencia después, ya lo expresaba años antes en nuestro libro el Terrorismo de Estado en Mendoza (1a. edición, 1997), como asimismo señalaba a la totalidad de los responsables, aquí en esta provincia, del terrorismo de Estado, mucho más de cientos de genocidas, algunos de ellos están siendo juzgados recién desde hace tres años a la fecha.

Recuerdo, en cuanto a lo que promueve la presidenta, que en la década del ‘50 del siglo pasado, se destacaba como defensor de los militantes sociales, muy maltratados por el aparato represivo estatal, el abogado y presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fuad Toum, había iniciado una campaña para que los jueces sea nominados por medio del voto popular. Claro, era una utopía que se enmarcaba en la lucha por cambiar el sistema político, económico, social e ideológico. Socialismo por capitalismo. Y pese a las persecuciones, paulatinamente la Argentina viene profundizando los cambios de la estructuras del estado, aún dentro de ese mismo marco del estado burgués. Es que, además, el poder hegemónico tiene incorporado, aquí en este país, lo que los empresarios de la década del ‘40, escucharon de Perón, antes de las elecciones del ‘46, cuando lo creían comunista: » Yo vengo a parar al comunismo, pero para ello tenemos que dar algo para que no nos quiten todo». Es lo que ahora les reitera Cristina: «…cambien, porque si no…».