Juicios: Otilio Romano al banquillo

Mar 20, 2011 La Quinta Pata La Pata Semanal Comentarios desactivados en Juicios: Otilio Romano al banquillo

Ramón Ábalo

Hizo trapisondas leguleyas desde los intersticios jurídicos para salvar su pellejo, pero la memoria es el poder de la verdadera justicia. Otilio Romano, otro de los jueces que utilizó su rango y su toga para congraciarse con la dictadura hasta el extremo de convertirse en uno de los genocidas, va camino cierto a terminar tras las rejas. Hace rato había presentado su renuncia como escape, pero desde las alturas – la Presidenta de la Nación – se la han rechazado y queda en el ámbito del Consejo de la Magistratura para su destitución, como ya ocurrió con Miret. Ya no podrá hacer alarde de su impunidad, y como a aquel, su destino es la cárcel.

Las corporaciones
Es que en toda la institucionalidad, las corporaciones política, profesional y empresarial fueron refugio de cómplices y ejecutores de la dictadura. Practicaron principalmente la delación y la persecución los empresarios, y la omisión y el silencio de los profesionales y ciertos políticos. Así, en varias oportunidades los organismos de derechos humanos, en aquella época, apelaron al Colegio de Abogados y Procuradores, sin obtener respuesta alguna. A esta entidad se le pedía como ente del derecho que se expidiera respecto a las groseras y claras violaciones de la Constitución, las leyes y el derecho de las personas. Más aún, su intervención constituía un imperativo en la defensa de sus objetivos y la de sus afiliados, teniendo en cuenta los riesgos que corrían abogados defensores de presos políticos, algunos obligados al exilio y no pocos desaparecidos o asesinados.

En Mendoza, los abogados Alfredo Guevara y Fuad Toum, después de ser detenidos en 1975, fueron obligados al exilio. Por su parte, Héctor Chávez y Haydee Fernández estuvieron en prisión durante todo el «proceso». En tanto que los abogados Conrado Gómez, A. Henríquez y Eduardo Valverde, están desaparecidos. Valverde, oriundo de Mendoza, fue detenido en una unidad de Aeronáutica en Córdoba, y desde ahí desapareció.
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Con fecha 22 de setiembre de 1979, La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Filial Mendoza y la Comisión de Familiares de Detenidos Desparecidos, enviaron una nota al entonces Instituto de Derecho Público, pidiéndole un pronunciamiento contrario a la aplicación de la ley dictatorial 22.068 y la exigencia de su pronta derogación. En parte de dicho documento los organismos humanitarios manifestaban: «Ha tomado estado público la sanción de la ley 22.068 que modifica el régimen legal de la ausencia con presunción de fallecimiento. La misma se presenta como una solución para los numerosos casos que se registran de personas desaparecidas…La resolución de los aspectos patrimoniales y jurídicos – por importantes que puedan ser – no constituyen el interés primordial de los familiares de los llamados «desaparecidos». Por el contrario, su derecho básico y su esperanza residen en el esclarecimiento de la situación que afecta a sus seres queridos…Resulta evidente, además, que la ley en cuestión, en lugar de sumarse al propósito de lograr efectiva jurisdicción en los casos de desamparo señalado por la Suprema Corte (caso Pérez Smith y otros) afirmando que enfrenta «efectiva situación de pérdida de jurisdicción a lo que los jueces no pueden poner remedio» producirá el efecto de frustrar el instituto constitucional del Habeas Corpus. En efecto, permite a los jueces declarar la muerte de una persona aunque el propósito y la voluntad de la familia sea la de proteger con los recursos destinados a lograr el esclarecimiento de lo ocurrido con el detenido-secuestrado-desaparecido».

La contestación a este requerimiento, totalmente legítimo tratándose de la vida o la muerte de miles de personas, fue: «…el Instituto de Derecho Público se dirige a usted a los efectos de hacerle llegar la resolución adoptada por la Junta de Gobierno de este Instituto a tal efecto. Tratadas muy atentamente las consideraciones…se resolvió derivar el tema, para su exhaustivo estudio, a la Comisión de Derecho Constitucional…» Firmaba su presidente Santiago Teruel, hombre del justicialismo, y que, en democracia fue legislador provincial por dicho partido. Pero la respuesta no llegó nunca, como si rigiera la normalidad hasta el punto que la sabiduría jurídica del Instituto fuera ajena a las urgencias humanitarias y al clamor de miles y miles de víctimas de la dictadura.

Similares comportamientos, reiteramos, tuvieron las corporaciones de los médicos, los empresarios, gremios, partidos políticos y muchos más. Las atrocidades cometidas por la dictadura cívico-militar tuvieron sostén en esas instituciones y las de sus componentes. Por supuesto, con excepciones. Enfrentarla no fue un obrar de seres sobrehumanos o de irracionales carentes de sensibilidad a todo sentimiento, incluso los del miedo y el temor. El valor fundamental fue el de un profundo compromiso solidario con la vida. Tan solo eso.

La Quinta Pata, 20 – 03 – 11