En resumen, la «voluntad del pueblo», o como quiera llamársela, no puede determinar las tareas específicas de gobierno. Como apropiadamente observaron Sidney y Beatrice Webb respecto de los sindicatos, la «voluntad del pueblo» no puede juzgar proyectos, sólo resultados. Es inconmensurablemente mejor votando en contra que a favor. Cuando consigue uno de sus principales triunfos negativos, como derrocar los regímenes corruptos de 50 años de posguerra en Italia y Japón, es incapaz por sí misma de ofrecer una alternativa.
Y aun así, el gobierno es para la gente. Sus efectos son juzgados por lo que afecta a la gente. Por más desinformada, ignorante o aun estúpida que sea la «voluntad del pueblo», y por muy inadecuados que sean los métodos para descubrirla, es indispensable. ¿De qué otra forma podríamos definir la manera en que las soluciones técnico-políticas, por más expertas y técnicamente satisfactorias que sean en otros aspectos, afectan a las vidas de los seres humanos concretos? Los sistemas soviéticos fallaron porque no existió una retroalimentación de información entre aquellos que tomaban las decisiones «en nombre del interés del pueblo» y aquellos a quienes se imponían esas decisiones. La globalización del laissez-faire de los últimos 20 años ha incurrido en el mismo error.

La solución ideal ahora está menos que nunca al alcance de los gobiernos. Es la solución a la que recurrían en el pasado los médicos y los pilotos, y a la que sigue tratando de recurrir una parte crecientemente desconfiada del mundo: la convicción popular de que nosotros y ellos compartimos los mismos intereses. Nosotros [el pueblo] no le dijimos [al gobierno] cómo debe servirnos –carentes de pericia, no podríamos—, pero hasta que algo salga verdaderamente mal, le brindamos nuestra confianza. Pocos gobiernos (para distinguirlos de regímenes políticos) disfrutan actualmente de esta fundamental confianza a priori. En las democracias de impronta liberal, los gobiernos raramente representan la mayoría de votos, ni qué decir del electorado. Los partidos de masas y organizaciones, que alguna vez otorgaron a «sus» gobiernos confianza y apoyo constante, se han desmoronado. En los omnipresentes medios de comunicación, los directores, entre las bambalinas, y arrogándose una idoneidad competitiva con la del gobierno, no dejan de comentar críticamente los desempeños gubernamentales.

De modo que la solución más conveniente, a veces la única, para los gobiernos democráticos, es mantener el mayor número posible de decisiones fuera del alcance de la opinión pública y de la política, o al menos, dejar de lado los procesos característicos del gobierno representativo. Muchas decisiones políticas serán negociadas y decididas detrás de escena. Lo que incrementará la desconfianza ciudadana en los gobiernos y la mala opinión pública sobre los políticos.

¿Entonces, cuál es el futuro de la democracia de impronta liberal en esta situación? Con la excepción de la teocracia islámica, en principio ningún movimiento político poderoso desafía esta forma de gobierno. La segunda mitad del siglo XX fue la edad dorada de las dictaduras militares. El siglo XXI no parece demasiado favorable a ellas –ninguno de los estados ex comunistas ha elegido seguir por esa vía—, y casi todos esos regímenes militares carecen del cabal coraje de la convicción antidemocrática: se limitan a proclamarse salvadores de la Constitución hasta el día (sin especificar) del retorno del gobierno civil.

Ello es que, cualquiera que haya sido su apariencia antes de los terremotos económicos de 1997-98, ahora resulta evidente que la utopía de un mercado global de laissez-faire y sin Estado no llegará. La mayoría de la población mundial, y ciertamente aquella bajo regímenes democrático-liberales que merecen tal denominación, continuarán viviendo en estados operativamente efectivos, aun a despecho de que en algunas -y poco felices- regiones el poder y la administración estatal se hayan desintegrado virtualmente. La política continuará. Las elecciones democráticas perdurarán.

En resumen, deberemos enfrentar los problemas del siglo XXI con un conjunto de mecanismos políticos espectacularmente inapropiados para lidiar con esos problemas. Se trata de mecanismos que están, en efecto, confinados dentro de las fronteras de unos estados nacionales enfrentados a un mundo interconectado, fuera del alcance de sus operaciones. Aún no está clara la longitud de su radio de acción dentro del vasto y heterogéneo territorio que posee una estructura política común como la Unión Europea. Se enfrentan y compiten en el marco de una economía globalizada que opera a través de unas unidades harto heterogéneas y para las cuales son irrelevantes la legitimidad política y el interés común, a saber: las corporaciones transnacionales. Sobre todo, se enfrentan a una era en la que el impacto de las acciones humanas sobre la naturaleza y el planeta se ha convertido en una fuerza de proporciones geológicas. La solución, o aun la mera mitigación, precisará de medidas para las cuales, casi con certeza, ningún apoyo podrá encontrarse contando votos o midiendo las preferencias de los consumidores. Esto no mejorará las perspectivas a largo plazo de ninguna democracia en el mundo.

Encaramos el tercer milenio como el irlandés apócrifo que, preguntado por la mejor manera de llegar a Ballynahinch, y tras una breve pausa reflexiva, espetó: «si yo fuera usted, no partiría de aquí».

Pero aquí estamos, y de aquí partimos.

*Eric Hobsbawm es el decano de la historiografía marxista británica. Uno de sus últimos libros es un volumen de memorias autobiográficas: Años interesantes, Barcelona, Critica, 2003.

Sin Permiso, 30 – 11 – 08