Última Actualización Agosto 12th, 2018 2:02 PM
La duda como herramienta contra las operaciones mediáticas y judiciales
Lula y Dilma en Brasil, Cristina y sus funcionarios en Argentina, Correa en Ecuador, todxs son objetos de ataques judiciales sin precedentes por parte de las derechas empoderadas en sintonía con los nuevos designios estadounidenses y del neoliberalismo mundial. Todo este entramado sistemático de persecución política tiene trasfondos claros, objetivos precisos y la necesaria colaboración de los medios de comunicación hegemónicos y del establishment del que son parte y al que sirven. En la resistente Bolivia también se consigue.
Por Sebastián Moro.
El “lawfare” o “guerra jurídica” se trata de una nueva táctica de guerra no convencional dirigida a perseguir a líderes políticos y referentes populares, así como el derrocamiento de los gobiernos no alineados con Estados Unidos. Desde 2001 el término “lawfare” comienza a ser utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses para designar un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como medio para conseguir un objetivo militar. La estrategia se aplica de Norte a Sur ya que Estados Unidos es el principal proveedor de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y su Departamento de Justicia ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región bajo la excusa de luchar contra la corrupción. De hecho, el llamado proyecto “Puentes”, consistió en cursos de asesoramiento a integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países. El juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato y quien condeno a Lula, es el “abanderado” de esta escuela de cacería.
Una mancha que se extiende
La guerra jurídica se expande en Latinoamérica de la misma manera que bajo las dictaduras cívico-militares de hace décadas se aplicó el llamado “Plan Cóndor”. El puntal del ataque imperialista es Brasil, donde sin pruebas de ningún tipo se destituyó primero a Dilma Rouseff y se procesó y recluyó en prisión a Lula Da Silva, máxima figura política del país y seguro ganador de las próximas elecciones presidenciales. En Argentina hay una infundada persecución penal permanente a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner y la mitad de los exintegrantes de su gabinete han sido encarcelados. La Venezuela de Nicolás Maduro también es objeto de un sistemático hostigamiento, tanto como el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Y en Bolivia también existe: Motivado por mezquinos intereses políticos y de favorecimiento a sectores de la oposición, el funcionario de la Organización de Estados Americanos -OEA-, Luis Almagro, encabeza el ataque pseudo judicial contra el Estado Plurinacional y el presidente Evo Morales, aun desconociendo la propia Carta del organismo que integra. También son distorsionadas, generalizadas y aprovechadas por sectores políticos contrarios al proceso de cambio los coletazos locales del caso Odebrecht. En todo este contexto juegan un rol fundamental los medios de comunicación.
La derecha ha adoptado el lawfare como efectivo mecanismo para derrotar gobiernos populares y denostar a sus referentes, con el objetivo de suplantarlos en el gobierno, encarcelarlos o desprestigiarlos ante la opinión pública. El modus operandi abarca uso indebido de instrumentos jurídicos para la persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario político. Y combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. Las consecuencias son un menoscabo sin cálculos de la democracia fáctica, con poderes judiciales desestabilizadores y contrarios al equilibrio de poderes como partícipes necesarios, que además no rinden cuentas a nadie. Y precisan de medios cómplices que trabajen en absoluta concordancia con el objetivo de despedazar a las expresiones populares, con políticos que participen del ataque, siempre propalado generosamente por esos medios, y luego capitalicen los resultados de derrocar, inhabilitar y desprestigiar a las representaciones populares que se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos. Así se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a Dilma en Brasil y se encarceló al vicepresidente de Ecuador Jorge Glass.
Manipulación a cara descubierta
Se cuentan por decenas las operaciones políticas desestabilizadoras y denunciadas livianamente ante una Justicia que les da lugar, e inmediatamente se potencian en los medios de comunicación. Uno de los ejemplos más groseros fue la “embajada paralela” que funcionó en Argentina durante el segundo gobierno de CFK: “denunciadores seriales” como la legisladora Elisa Carrió, el periodista Jorge Lanata y el empresario de medios concentrados Héctor Magnetto, entre otros, frecuentaban a diario la Embajada de Estados Unidos. De allí salía la información falsa, denuncias y difamaciones que en gran medida determinaron el triunfo electoral de Mauricio Macri. Incluso un editorialista de Clarín caracterizó este accionar como “periodismo de guerra” y se mostró orgulloso de ser un buen soldado.
En la era de la post-verdad y de la híper-concentración de medios de comunicación, la manipulación mediática y la justicia teledirigida son un cóctel letal para la democracia, sus instituciones y la soberanía popular. En este marco, para desmontar la mentira, una comunicación responsable es un requisito de defensa indispensable, tanto por parte de los Estados como de parte de los distintos actores sociales involucrados. La vigilancia ciudadana es clave y se ejerce día a día, desconfiando de lo que se ofrece como verdades consumadas, consultando diversas fuentes, oficiales y no oficiales, y generando redes y espacios propios, tanto de información como de debate e intercambio de ideas.
Un ejemplo “práctico”
Por estos días en los que gobierno de Macri hace agua por todos lados y se avizora que definitivamente la encerrona de entrega y sumisión al FMI; el híper endeudamiento; el ajuste brutal; la licuación del poder adquisitivo de la clase trabajadora entre nuevos tarifazos, más inflación y la presión desocupacional; la represión planificada con los milicos como garrote amenazante a cualquier resistencia; y la corrupción y el saqueo galopantes de propios y aliados -esta vez sí con probanzas contundentes-. llevan al país y al pueblo a un colapso mucho peor que el de principios del milenio, los operadores judiciales y medios hegemónicos retomaron la persecución gremial y política a fin de desarticular todo intento de reagrupamiento de fuerzas opositoras y de tapar el sol con una moneda. O varias monedas. Y por supuesto, esto ha sido reflejado acríticamente por el resto de los medios de la derecha de la región, como en Bolivia, en este contexto de guerra jurídica para desestabilizar gobiernos populares y perseguir a líderes políticos:
Diario El Deber, de la radicalizada oposición a Evo en Santa Cruz, y la Red Erbol (https://www.eldeber.com.bo/economia/Escandalo-de-corrupcion-en-Argentina-implica-a-dos-empresas-que-operaron-en-Bolivia-20180803-0012.html), se hacen eco del “escándalo de los cuadernos” y del cerco sobre Cristina en base al diario La Nación como fuente, “que reveló la trama”, que no es otra cosa que una opereta barata -digna del Clarinete- de enormes dimensiones y sólo sostenible en un momento de descomposición política y judicial como la de la Argentina macrista, con fiscales como Stornelli y jueces como Bonadío. A partir de ahí buscan, tergiversan y amplían conexiones para perjudicar al gobierno boliviano. También se repite y se repite en estos medios la farsa comprobada de los bolsos de dinero que no existieron nunca, de la misma manera que las cuentas de “los K”, tan mentadas por los medios argentinos y que nunca fueron encontradas. No contraponen jamás la fantochada de pruebas inventadas para la causa, como los propios cuadernos de tan puntilloso arrepentido, que parece anotar todo como en un aleph más o menos desde el 25 de mayo de 1810… Cuadernos que además, una vez comprobada su falsedad, se evaporaron como por arte de magia de la mano del juez… (https://www.pagina12.com.ar/132690-pesca)
Pero nada dicen los medios de la derecha boliviana que Macri asumió la presidencia con 214 causas graves que fueron borradas de un plumazo, ni del alevoso caso del Correo Argentino que es un desfalco mil veces millonario al Estado en pos de la familia presidencial, ni de la aberración sistemática de aportantes truchos para las elecciones en que Cambiemos obtuvo los triunfos de 2015 y 2017.
De allí es que tristemente, también acá, se escuche que “los Kirchner se robaron todo” y que “hay que darle una oportunidad a Macri”… Pero más triste es que muchos de los que así opinan, son autoproclamados “viejos militantes de izquierda”, hoy desencantados de todo y serviles a la derecha. Eso sí, con algún que otro cargo en órbitas estatales en poder de la oposición. Colonizados que se les dice, colonizados que nunca dejaron de serlo.
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