Sobre esas bases firmes, el decreto del PEN recuperaba el amplio terreno para el estado y se abría un interesante debate sobre qué convenía hacer allí. Tecnópolis era una opción pero seguro que había muchas cosas mejores que ver cada año al titular de la SRA y el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, cortando las cintas de la Exposición y luego escuchar al primero leer el consabido mamotreto con mugido destituyente.

Por los amplios y sólidos reductos oligárquicos que existen en los tribunales argentinos, la entrada de Tecnópolis y otras exposiciones nacionales no se producirá pronto. Así lo dispuso la cámara que se comportó como un rebaño obediente de los cabañeros. El estado presentará su apelación mañana o pasado pero – feria mediante – las cosas se demorarán, tal como lo pretende Etchevehere. Lo apadrina el estudio de Juan Carlos Cassagne, el mismo que intervino en la privatización de Aguas Argentinas y ocupó en 1999 la presidencia de esa privatizada y de Metrogas, siendo además directivo de Telefónica y síndico de Edenor y Edesur.

Malaya triste destino los terrenos argentinos…

Línea de Hebe
El fallo favorable a la Rural estuvo en línea con los últimos pronunciamientos de la corte suprema, que en diciembre rechazó el «per saltum» del gobierno nacional y su recurso extraordinario, por la medida cautelar de Clarín que seguía vigente y por la constitucionalidad de la ley de medios objetada por ese monopolio.

El alto tribunal se granjeó así la abierta simpatía de la oposición conservadora y los medios concentrados, que con anterioridad le desconfiaban por antecedentes progresistas de ciertos integrantes y por supuesta afinidad con Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Los supremos desconocieron su propia resolución del 22 de mayo último, cuando habían puesto – negro sobre el blanco del papel – que la cautelar del holding fenecía inexorablemente el 7 de diciembre de 2012. Expirando el año, en cambio, convalidaron la continuidad de ese blindaje judicial dispuesto por la cámara civil y comercial.

Hubo numerosas críticas a ese proceder de la corte suprema. Sin nombrarla, la presidenta le dio un fuerte tirón de orejas en un acto, donde exhortó a la justicia a trabajar más y mejor, teniendo en cuenta sus significativos sueldos y abultado presupuesto anual. No se olvidó de reprocharles a los magistrados que no abonan el impuesto a las ganancias.

Los sectores más democráticos de la justicia dieron un paso al frente con una solicitada en dos diarios y que tuvo difusión importante a nivel nacional. Centenares de jueces, magistrados, fiscales, camaristas, defensores, juristas, catedráticos, etc., firmaron la declaración. Han puesto proa a un encuentro nacional «Por una justicia legítima», que se realizará el 27 y 28 de febrero próximo en la Biblioteca Nacional.

Una de sus ideas fuerza es la democratización del poder judicial. Los cambios allí no han llegado hasta el hueso sino apenas a la epidermis y en algunos casos ni siquiera a eso sino al cambiante maquillaje. Los firmantes de la iniciativa recalcaron su concepto de que la justicia no solo debe ser independiente de los otros poderes del estado sino también, y fundamentalmente, de las corporaciones empresarias.

Evidentemente no comparten el punto de vista de Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal, que en el brindis de fin de año aseguró que los jueces trabajan por el interés de toda la sociedad.

Una de las reacciones más críticas a la corte fue de las Madres de Plaza de Mayo. Hebe Bonafini llegó a las puertas de tribunales el jueves 3 y les dijo de todo a los supremos. Avisó que cada semana las Madres llegarán con el reclamo de la ley de medios y que si es necesario entrarán a tribunales. Ya había planteado algo similar en un acto público en ese lugar, en setiembre de 2010, sin tanto apoyo. Ahora puede tener más.

Operaciones de Magnetto
Entre las muchas operaciones políticas de Clarín hay que detenerse un momento en una que levantó bastante humo sobre el filo del fin de semana. Dirigentes de dos entidades de derechos humanos (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Hermanos) y un sector gremial (ATE Ministerio de Justicia), denunciaron al ministro Julio Alak por haber organizado «un asado» en la ex ESMA.

Golpear al gobierno en un flanco relativamente fuerte de su gestión – los derechos humanos – era una oportunidad que Magnetto no iba a perderse. Las tapas de su diario, las noticias de Mitre, TN, Canal 13 y las 250 licencias ilegales del cable, más los aportes de sus aliados de La Nación y Perfil , pusieron ese asunto como prioridad nacional.

Los políticos que militan con poco suceso y votos en la oposición, casos de Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer, Victoria Donda y Patricia Bullrich, reclamaron la renuncia de Alak. Stolbizer indicó que el gobierno debía echarlo «a patadas» y el resto destiló su veneno.

La explicación del gobierno sonó creíble. Aclaró que la actividad se había realizado el 27 de diciembre en la Casa de la Militancia, sede de H.I.J.O.S. en el predio de la ex ESMA, para la presentación del plan estratégico del ministerio, 2012-2015, con asistencia de 2.000 personas, muchas de ellas empleadas de justicia.

Ese fue el motivo de la reunión: un asunto político propio de la cartera. Además de otro bien entendible, de brindar por el fin de año, con sándwich, patys y choripanes.

De esa parte gastronómica, algunas mentes híper críticas y retorcidas hicieron un forzado paralelo con los «asados» de la muerte que realizaban los oficiales de la marina de tiempos de Massera. Pero son cosas considerablemente distintas.

Como bien han recordado los organismos de derechos humanos, luego de la recuperación del lugar en marzo de 2004 por parte de Kirchner, hubo un debate sobre el destino a darle. Una minoría, la que hoy denuncia a Alak, propuso que toda la superficie quedara como museo. La mayoría, que terminó imponiéndose, dispuso reservar a tal fin solo la parte del ex casino de oficiales, donde se realizan visitas guiadas y punto.

En el resto de las 14 hectáreas y varias edificaciones, en cambio, se apostó a la vida, concediendo sedes a organismos de derechos humanos y varios espacios culturales, donde se pasan películas, presentan libros y actúan artistas. ¿Eso está mal? ¿Que la vida y la democracia superen ese pasado de horribles torturas, es un delito? ¿Si no se sigue llorando, no hay memoria?

Con solo formular esas preguntas de obvias respuestas se puede mensurar lo equivocado que están los detractores de Alak y Martín Fresneda. Lejos de arrepentirse, ATE Justicia (de CTA Micheli), AEDD y Hermanos van a escrachar a ambos funcionarios el martes 8, con amplia cobertura del multimedios Clarín.

Evidentemente no les molestó el asado. Esa fue la excusa. Los incomodó mucho la actuación de Alak en defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisuales, además del acto y el plan 2012-2015, que tienen no en la parrilla sino en la cárcel y prisión domiciliaria a 378 represores, según la estadística de la unidad fiscal de Jorge Auat, otro de los muchos firmantes «Por una justicia legítima».

La Arena, 06 – 01 – 13