La votación
Desde el comienzo se intentó desmontar un enfrentamiento entre sectores y se buscó destacar la posibilidad de discusión que la Universidad Nacional se dio hacia su interior con este tema, que trascendió largamente las fronteras del campus. Incluso en el comienzo de la sesión se leyó la Resolución 381 que el Concejo Deliberante aprobó por mayoría donde expresó su disconformidad con el origen de los fondos.

La concejal Viviana Yawny, impulsora de esa declaración, fue la que se comunicó ayer por la mañana con el representante de los graduados en el Consejo Superior, integrante del Partido Socialista, para que estuviera presente en la sesión y votara contra la aceptación. Así, Raúl Héctor Garay, que en un momento fue el voto clave que podía empatar las posiciones, también integró la mayoría.

Lo cierto es que los dos sectores se basaron en posiciones bien claras. El oficialismo, al que se sumaron cuatro decanos (Económicas, Exactas, Agronomía y Veterinaria, e Ingeniería), planteó, amparado en un dictamen de la Dirección de Jurídica de la Universidad, la legalidad de los fondos, fijados por una ley nacional aprobada por el Congreso en 1958. Si bien compartieron las preocupaciones ambientalistas, admitieron que no se podía desobedecer lo dispuesto por una norma nacional y que a su vez se podía estar cayendo en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Nadie está a favor de la contaminación, pero si la empresa comete delitos, debe ser controlada y sancionada por autoridades competentes. La universidad lo que debe discutir es si se acata una ley nacional o no”, explicaban casi de manera uniforme. Sumado a esto, agregaban que “el rechazo de los fondos no cambia en nada las condiciones que se denuncian en La Alumbrera”.

Por el otro lado, sobre el eje ético-ambientalista, el rechazo se planteó como denuncia de las irregularidades que se describieron en torno a la explotación minera catamarqueña, y su impacto ambiental, social, económico y político. Además, se remarcó que la aceptación, de alguna manera, implicaba “cierta complicidad con esas irregularidades y un condicionamiento para el trabajo futuro de la Universidad”.

A su vez, se reiteró que “es necesario dejar en claro que debe ser únicamente el Estado el financiador de la educación pública y no empresas multinacionales”, en alusión a Xstrata Copper, Goldcorp Inc. y Yamana Gold, integrantes de La Alumbrera.

Al final, llegó el momento de votar. Se pidió que fuera nominal y allí se fueron sumando uno a uno los votos que terminaron por definir el “no a los fondos mineros”.

Diario Puntal de Río Cuarto, 21 – 10 – 09