Confiado en que esto último ocurriría, el Gobierno chocó otra vez con la misma piedra y, literalmente, no hizo nada de nada. Entre marzo y el voto de Cobos introdujo modificaciones de último momento al esquema de retenciones agrícolas, cuando era tarde para que la Federación Agraria –ya pequeños capitalistas de renta en gran medida, no agricultores– se echara atrás y aceptara un proyecto de ley que, hoy, abrazaría (debería abrazar) con manos y pies. Los K se dedicaron al inmovilismo; el precio de los granos bajó aunque todavía permite ganar fortunas; la sequía obró como frutilla del postre y los tipos vuelven a la carga, instigados, como desde marzo, por la falta de previsión y muñeca del oficialismo. ¿Hacía falta llegar de vuelta hasta acá? ¿Acaso no volvió a pasar que el Gobierno obró más por impulso de construcción de enemigo que por manejo de las circunstancias para dividirlo? Si las herramientas que Cobos tumbó eran aptas para guarecer a los más chicos, ¿era necesario entregarlos de nuevo a los más grandes? ¿Por qué se perdieron dos veces la ocasión de quebrarles el frente? ¿Porque no saben operar(los), o porque beneficiar a los menudos tiene la contrapartida de meter mucha más mano en las ganancias de los gigantes?

El diagnóstico o las preguntas tienen casi nada de diferente con lo que puede plantearse sobre las cadenas de formadores de precios, sin ir más lejos. Para poner en un lado se impone sacar de otro. Es donde empieza a contar el poder del Estado, y la vocación y decisión política de instrumentarlo. No es precisamente soplar y hacer botellas, y el periodista confiesa que le da pudor escribirlo desde la tranquilidad de su procesador de texto. Pero eso no quita que sea certero. Enfrentarse a las corporaciones oligopólicas es muy complicado y mucho más en una sociedad con fuertes valores de derecha, capaz de creer que son suyos, para el caso, los intereses de sembradores de soja. No se estructura de la noche a la mañana que los controles de precios dibujados por Guillermo Moreno hallen reemplazo en mecanismos de supervisión popular, ni que se achique la distancia entre los que producen bienes y los que podrían participar de esa producción; ni que la agricultura de pequeña escala, destinada al consumo propio y de las zonas adyacentes, sustituya la entrega de la tierra a exportadores voraces. Detrás de este renovado pronunciamiento agropecuario no hay más que la intención de apropiarse de una renta que el Estado debería repartir de otra manera. Un Estado que podría tener o convocar los recursos humanos para hacerlo, si es que llamara a eso en lugar de propender a un capitalismo de amigotes. Se reitera: fácil de decir, ímprobo para implementar.

Los campestres hicieron coincidir su reclamo con el tembladeral planetario y la incertidumbre acerca de cómo repercutirá en Argentina. No habla muy bien que digamos de su sentido de la oportunidad. Pero revela dos cosas complementarias: la bronca que tienen no les permite reparar, siquiera, en que pueden ganarse el descrédito popular; y justamente por eso, si se profundiza la caída en el precio internacional de los granos arreciarán con la exigencia de que el Estado les saque la mano del bolsillo. Punto donde vale machacar con que no se trata de pérdidas, sino de que la orgía de ganancias de los últimos tiempos se convirtió tan sólo en fiesta. En lo político, entonces, el Gobierno debería dejar atrás su torpeza –que huele a venganza– y proponer un conjunto de medidas que diferencie a los unos de los otros (aunque los intereses de ambos sean similares). En términos de protesta activa, no hay poder de fuego en los más grandes si quedan aislados. El nudo es que la traducción económica de eso reside en transferir ingresos de los otros a los unos, ya sean esos otros los corpulentos del palo agrícola-ganadero o los de demás sectores de las tribus dominantes. Y ahí la cosa se traba porque la apuesta oficialista se remite a extraer del “campo” y no del resto. Si la opción sigue siendo lo primero se mantiene el conflicto, y si es lo segundo se abre/n otro/s.

En cualquiera de las probabilidades, el Gobierno tendrá inconvenientes serios porque necesita recaudar de algún lado para mantener a raya el conflicto social, simultáneamente satisfacer la deuda y, encima, hacer todo eso frente a un año electoral.

¿Quién paga? ¿De dónde se saca? ¿A la sociedad le da lo mismo salir por derecha que por izquierda?

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