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Las 10 de Lesa
Por Oscar Guidone
La Cámara del fuero deberá decidir si la causa se tramita en Córdoba, donde estaba trabada, o pasa a los tribunales de Comodoro Py
La justicia federal evalúa otra denuncia contra Clarín por «asociación ilícita»
En el expediente se acusa al Grupo de haber adquirido medios con «maniobras defraudatorias y de criminalidad económica». También se le atribuye haber montado un aparato de propaganda para favorecer a la dictadura militar.
La justicia federal de la Capital Federal intenta que se investigue al Grupo Clarín por haber montado una asociación ilícita para –mediante maniobras defraudatorias y de criminalidad económica– quedarse con el control de una serie de medios de comunicación en el interior del país. La denuncia, originada en el 2012 en la provincia de Córdoba contra el multimedios encabezado por Héctor Magnetto y José Aranda, apunta también a dilucidar si montaron «un aparato de propaganda» destinado a apuntalar a la dictadura militar desde 1976 en adelante. La fiscalía a cargo de Leonel Gómez Barbella apeló el viernes una declaración de incompetencia para que la causa regrese a la justicia federal de esa provincia, y que de esta forma permita que se puedan investigar varias causas conectadas con delitos económicos que tienen al holding en la mira.
La causa, que Tiempo revela en exclusiva, se originó el 21 de marzo de 2012 a raíz de una denuncia del dirigente kirchnerista Carlos Moscatelli ante la Fiscalía Federal Nº1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari. Allí se señaló a Magnetto como el jefe de una asociación ilícita con vinculación con empresas como el diario La Voz del Interior, Canal 12 y Radio Mitre de Córdoba, todos comprados por el Grupo Clarín. Pero la denuncia fue más allá y solicitó que se investigue penalmente su rol como «partícipe y cómplice de los hechos delictivos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976».
18-05-15
Por: Gabriel A. Morini
EN BAHIA BLANCA, UN JUEZ DECLARO ILEGAL LA DESIGNACION DE DOS FISCALES QUE ACTUAN EN CAUSAS DE LESA HUMANIDAD
Jugada en defensa de los cómplices civiles
El juez Santiago Ulpiano Martínez, investigado por obstaculizar causas por violaciones a los derechos humanos, anuló la resolución de la procuración. “Por este camino vamos a pagar con moneda de impunidad”, advirtió Jorge Auat, de la Procuraduría de Lesa Humanidad. “Hay sectores del Poder Judicial alineados en contra de las causas por crímenes de la dictadura”, dijo Auat.
Principio del formulario
Final del formulario
El juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez, investigado por el Consejo de la Magistratura por obstaculizar las causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, declaró ilegal la resolución de la Procuración General de la Nación que en 2013 designó como fiscales federales ad hoc a Miguel Palazzani y José Nebbia. La decisión tuvo lugar una semana después de que la Cámara Federal dejara cesante a Alvaro Coleffi, el primer funcionario del Poder Judicial local que se animó a investigar el rol de la Iglesia Católica y del diario La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. “Es parte de la maniobra que venimos denunciando desde el año pasado. Martínez y su séquito hacen una defensa corporativa de los cómplices civiles de la dictadura”, reflexionó Nebbia, y recordó el antecedente de Carlos Blaquier, quien de la mano de su defensor Jorge Valerga Aráoz logró apartar a Pablo Pelazzo, el fiscal ad hoc que había impulsado la acusación contra el dueño del Ingenio Ledesma. “Hay sectores del Poder Judicial de Bahía Blanca en los que se advierte una especie de confabulación, un alineamiento en contra de las causas por los crímenes de la dictadura y más aún cuando se trata de imputaciones a sectores civiles o grupos de poder económico. Por este camino inevitablemente vamos a pagar con moneda de impunidad”, consideró el fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad. El Consejo de la Magistratura, en tanto, tratará el 4 de junio el pedido de remoción de Martínez y la designación como juez ad hoc de Claudio Pontet, el abogado que en tiempo record y pese a haber sido recusado dictó la falta de mérito del empresario Vicente Massot, director de La Nueva Provincia.
18-05-15
Por: Diego Martínez
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272926-2015-05-18.html
Prevenir es curar, también en política
Rumbo al freno para los indultos a delitos de lesa humanidad
El proyecto de Ley para prohibir los Indultos, las Amnistías y la Conmutación de Penas en Delitos de Lesa Humanidad obtuvo hoy dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
El proyecto establece que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6,7 y 8 del Estatuto De Roma de la Corte Penal Internacional y en los Tratados internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”.
La iniciativa que fue aprobada por Diputados indica que cualquier intento de establecer una amnistía en delitos aberrantes contra la humanidad será considerado de “nulidad absoluta e insanable”.
El debate se llevó a cabo en una reunión parlamentaria de la que participó la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto. “Este es un momento histórico. Será una forma de asegurar que no nos olvidemos del pasado para no repetir la historia”, señaló la dirigente.
La titular de Abuelas subrayó que “esta Ley asegura que no tengamos un retroceso con el gobierno que venga”, para luego afirmar que “esto es por los niños de hoy y del futuro”. “Garantizar esto es una gran tranquilidad. Qué suerte tenemos de poder mirarnos a los ojos y poder decir: ‘misión cumplida’”, finalizó.
En tanto, el senador kirchnerista por Buenos Aires Juan Manuel Abal Medina indicó que el proyecto “prohíbe los indultos y las amnistías por delitos de genocidio”. “De esta manera, le damos una ratificación contundente de los tratados nacionales e internacionales para que nunca más ocurran aquellas cosas”, enfatizó.
El radical Angel Rozas adelantó que su bloque adhería al proyecto. “Compartimos los argumentos que se han vertido aquí. Si bien esa decisión está consagrada en el Derecho Internacional Público, es una expresión categórica del Parlamento argentino”, sentenció. En ese sentido, ponderó que “podemos decirle al mundo que Argentina, en derechos humanos, es un ejemplo”.
21-05-2015
Fuente: Página12
NUEVO JUICIO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
Quince militares acusados en Mardel
Final del formulario
Cerca de una quincena de militares que actuaron en diferentes centros clandestinos de detención de Mar del Plata comenzaron a ser juzgados ayer por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra 124 personas. Se trata del tercer debate oral que evaluará hechos comprendidos en lo que se conoce como la megacausa Base Naval de la ciudad balnearia.
Los imputados –once de ellos cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos– deberán responder por haber mantenido secuestrados, haber torturado y, en algunos casos, haber asesinado a más de un centenar de hombres y mujeres en centros clandestinos que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en el cuartel de Prefectura.
En una sala colmada, representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de víctimas y de imputados, así como los acusados y los jueces que integran el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Mario Portela, Néstor Parra y Alejandro Esmoris, oyeron la elevación a juicio que imputa por “privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita” a catorce ex militares que actuaron en centros clandestinos de detención que controló la Fuerza de Tareas 6, entre ellos la Base Naval de Mar del Plata, la ESIM y la Prefectura, en la jurisdicción de la Subzona Militar 15, que dependía de la agrupación de artillería antiaérea del Ejército AADA 601.
El banco de los acusados lo integran Juan José Lombardo –quien saludó a las cámaras de los fotógrafos sacando la lengua–, Justo Ortiz, Roberto y Luis Pertusio –los cuatro cargan con dos sentencias previas a prisión perpetua–, Alfredo Arrillaga, Raúl Marino, Mario Forbice, Rafael Guiñazú, Juan Mosqueda, José Lodigiani, Ariel Silva y Julio César Fulgencio Falcke –todos con una condena–. Los acompañan José Bujedo, Daniel Robelo, Francisco Rioja y Aldo Máspero, quien no pudo ser juzgado en la denominada causa Base Naval 2 por haber sufrido un accidente cerebrovascular a fines de 2011. Roberto Pertusio y Rioja permanecen en Buenos Aires, así que participarán del debate vía teleconferencia. Ortiz estuvo conectado desde San Luis. Narciso Racedo, imputado también en esta causa, falleció el pasado 26 de abril.
Las imputaciones de la fiscalía, representada en el juicio por Pablo Larriera, María Eugenia Montero y Walter Romero, continuarán hoy y durante las próximas audiencias. Recién la segunda semana de junio comenzarán los testimonios. Fuentes judiciales calculan que el debate se extenderá hasta fin de año.
21-05-2015
Fuente: Página 12
LA CAMARA FEDERAL CONFIRMO LA IMPUTACION CONTRA EX AGENTES DEL SERVICIO PENITENCIARIO
Procesados por la fuga de dos represores
Los procesamientos por el delito de “evasión producida por negligencia de un funcionario público” alcanzan a directivos y agentes que se desempeñaban en el SPF en julio de 2013, cuando se escaparon del Hospital Militar Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de ex miembros del Servicio Penitenciario Federal por la fuga de los represores condenados Gustavo De Marchi y Jorge Olivera del Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013. La sala integrada por Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun le encomendó al juez Claudio Bonadio, que instruye la causa, profundizar la pesquisa para determinar “qué personas allegadas efectuaron algún tipo de averiguación respecto de la presencia de De Marchi y Olivera en el Hospital Militar el día de la evasión”. También sostuvieron que el juez debe determinar cuál era la situación de salud de ambos represores y la “modalidad en que se obtuvieron concretamente los turnos médicos”.
Los procesamientos son por el delito de “evasión producida por negligencia de un funcionario público”. Incluyen a los entonces director principal de Seguridad del SPF, Carlos Rodríguez; director y subdirector de Traslados, Jorge Trska y Alejandro Galeano; jefe de la División de Traslados, Ariel Maciocha; jefes de Sección y responsables de Traslados y Custodia de Hospitales; Diego Gutiérrez y Héctor Alcaraz, director general del Cuerpo Penitenciario, Jorge Cevallos, y agentes que custodiaban ese día a los detenidos.
En el caso de quien era titular del SPF, Víctor Hortel, que fue procesado por Bonadio y acreditó el pago del máximo de multa dispuesta para el delito, la Cámara no se pronunció y le encomendó al juez responder a un planteo de su defensa para que se declare la extinción de la acción penal.
Los camaristas advirtieron que los funcionarios incumplieron las normas que regulan traslados y que “las decisiones que adoptaron incrementaron los riesgos inherentes a la escasez de los recursos humanos con los que contaban”. El día de la fuga “se dispuso un traslado múltiple de once detenidos, sin atender al horario de los turnos en un hospital de grandes dimensiones, permitiendo que la espera del horario de atención se realizara en distintas habitaciones en las que, si bien consecutivas, sus puertas sin llave abren a un pasillo de tránsito común y sin exigir el uso de medidas de sujeción, admitiendo –incluso– la visita de familiares dentro del nosocomio”.
“La falta de Olivera como la de De Marchi no fue conocida sino hasta el mediodía, cuando se pretendió llevar al primero al servicio de dermatología y como consecuencia de su ausencia se pasó lista sobre los internos y se advirtió, también, que el otro tampoco se encontraba entre los presentes”, reconstruyó la Cámara. Ambos represores “no se encontraban asegurados con medidas de sujeción y los custodios no mantuvieron el debido control visual”, añadió el fallo.
La Cámara resaltó que quienes ocupaban cargos jerárquicos “conocían del estado en el que se encontraba en ese tiempo la División Traslados y Custodias relativas a la real escasez de recursos humanos y materiales”. Y remarcó que un año antes el Departamento de Inteligencia había elaborado un informe que ponía en evidencia “el bajo nivel de seguridad adoptado” en el movimiento de “los internos detenidos por delitos de lesa humanidad que concurrían al Hospital Militar Central”.
De Marchi y Olivera fueron condenados a prisión perpetua el 4 de julio de 2013. El 16, por orden del juez Leopoldo Rago Gallo, fueron trasladados al penal de Marcos Paz. Después, el juez civil Miguel Angel Gálvez autorizó el traslado al Hospital Militar, donde ambos tenían turnos que había gestionado la esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, empleada del hospital.
Olivera tuvo a cargo las tareas de Inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22. Tras la dictadura se recibió de abogado, defendió a Carlos Suárez Mason y participó del levantamiento carapintada de 1987. De Marchi es el hermano del empresario y capitán Juan Carlos De Marchi, ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, condenado por delitos de lesa humanidad a 25 años de prisión.
21-05-2015
Fuente: Página12
H.I.J.O.S. CONVOCA A UNA MANIFESTACION PARA EL SABADO
El regreso de los escraches
La nulidad de las leyes de impunidad y el comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron la construcción de un paisaje en el que los escarches de H.I.J.O.S. fueron mermando su presencia. A poco más de una década, la organización anunció el regreso de la intervención pública y colectiva, en esta ocasión, contra “los genocidas civiles Vicente Massot y Carlos Blaquier” por considerar que “representan una situación inaceptable de impunidad para los empresarios que financiaron los crímenes de lesa humanidad y se enriquecieron con ellos”, denunció la agrupación de 20 años de existencia.
“Ante la impunidad impartida y garantizada por el Poder Judicial vamos todos a escrachar a la corporación empresarial genocida”, manifestaron los H.I.J.O.S. La convocatoria es en la Plaza Vicente López en Barrio Norte. Desde allí partirá la movilización, a las 14 del sábado, para “escrachar a sus casas a dos de los genocidas civiles que fueron el brazo empresario del terrorismo de Estado que masacró a nuestro pueblo”.
El director de La Nueva Provincia, órgano de propaganda del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, está acusado de participar de los crímenes de dos obreros gráficos que trabajaban en ese medio, pero, afirma H.I.J.O.S., “su impunidad judicial fue garantizada hasta ahora por el juez Santiago Ulpiano Martínez, del juzgado Nº 1 de Bahía Blanca, quien rechazó sistemáticamente todos los pedidos de la fiscalía para avanzar con el juicio y castigo para esos genocidas civiles”. El ex presidente de Ledesma está acusado de ser cómplice de 29 secuestros en Jujuy. Su empresa dispuso sus vehículos para los operativos represivos en Libertador General San Martín y Calilegua. “Los responsables de su impunidad judicial son los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, quienes dictaron la falta de mérito” a Blaquier.
21-05-2015
Fuente: Página12
ABOGADOS DE JUICIOS DE DERECHOS HUMANOS ENTREGARON UN PETITORIO ANTE LA CORTE SUPREMA
Un reclamo de autocrítica en tribunales
El documento repudia las resoluciones que obstaculizan el juzgamiento a responsables civiles del terrorismo de Estado. Y exige “una profunda” revisión del rol de jueces y funcionarios del Poder Judicial durante la última dictadura. Incidentes en la Corte.
El cartel peregrino de los juicios a las empresas cómplices de la dictadura esta vez se detuvo en la plaza Lavalle. A las doce y media abogados y abogadas de las causas de lesa humanidad se concentraron para entregar un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El documento repudia las últimas resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el juzgamiento a los responsables civiles de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El texto lleva unas 60 firmas de abogados, y está acompañado por firmas de víctimas, querellantes y organizaciones sociales y políticas. También expresa una vuelta simbólica a la calle, un terreno que permite sacar afuera lo que sucede en los tribunales. Los y las abogadas dejaron el texto en la Mesa de Entradas y cuando intentaron pedir una entrevista con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, les salieron al encuentro custodios de la Secretaría General de la Corte.
“Estamos en un punto de inflexión que considero que está poniendo en peligro la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad”, explicó Hugo Cañón, ex fiscal e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. “Hay un juego de pinzas realizado por los grupos de poder real, me refiero al poder económico, el poder periodístico monopólico y también sectores de la Iglesia que pueden aparecer involucrados y desde ese lugar se busca una vuelta de página para cerrar la historia por caminos diversos, desde una ley de amnistía o terminación de los juicios. Y creo que esto hay que replantearlo porque es una política de Estado que debe darse permanentemente.”
Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría por Crímenes contra la Humanidad, escuchaba al lado. “A la luz de la última reunión de abogados, se vio una preocupación creciente a raíz de los últimos fallos –dijo–. Sobre todo el fallo de Casación por (el dueño del Ingenio Ledesma Carlos) Blaquier, Papel Prensa, el caso (del director del diario La Nueva Provincia, Vicente) Massot, lo que nos está pasando en Bahía Blanca”, señaló en relación con la decisión de la Justicia local que primero fue contra el juez que abrió el camino para dar los primeros pasos en esa causa que investiga el asesinato de dos trabajadores del diario Nueva Provincia y ahora cuestiona la legitimidad de los fiscales. “Esto formó parte de la agenda de la última reunión de abogados y creo que es legítimo extender a la Corte esta preocupación, que es el lugar al que tenemos que acudir. Las únicas herramientas que hay es golpear las puertas a cada agencia que tiene responsabilidad para asegurar esto que el propio presidente de la Corte dijo que es política de Estado y no tiene vuelta atrás. Si esto es así, es legítimo que los organismos, los abogados que advierten este cambio de escenario, vayan a la Corte a instalar esta preocupación y comprometerlos en su propio discurso.”
El cartel tenía los nombres iconos de algunas de estas demandas. Mercedes Benz, Ford, Astilleros Astarsa. Entre los que se acercaron hubo ex trabajadores de las empresas, víctimas de los secuestros. Estuvo Beinuz Szmukler, titular de la Asociación Argentina de Juristas, que señaló “que se han prendido las alarmas”. También acompañaron Elizabeth Gómez Alcorta, del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia; Carolina Varsky de la Procuración; Ana Oberlín y Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación; Eduardo Tavani y Victorio Paulón, entre los muchos de la CTA, Genoveva Ares, de la Comisión del Vesubio, Mirta Mántaras, Pablo Llonto, Adriana Taboada y Graciela Rosenblum, Pedro Dinani y José Schulman por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
“Los últimos fallos más resonantes, prácticamente la liberación de culpas de personajes siniestros como Massot, Blaquier, la muerte impune de Alcides López Aufranc, muestra la persistencia de una cultura represora que viene de lejos pero se potenció durante el terrorismo de Estado. Creo que durante un tiempo la presión del movimiento popular y la carga del gobierno nacional crearon un clima social que obligó a un Poder Judicial siempre remiso a avanzar en los juicios. Creo que hoy hay una combinación de cambio de humor social y de llegar a un límite en que el poder no admite para nada superarlo. Eso hace que volver a la calle sea el camino jurídico más inteligente que tengamos”, dijo Schulman.
El documento tiene dos partes. La primera vincula el freno a este tipo de juicios con la morfología que persiste en el sistema de justicia. “Impugnamos –dice–, con igual fuerza, a los sectores reaccionarios y antidemocráticos enquistados en el Poder Judicial que intentan frenar el juzgamiento de esos crímenes.” Y exige a la Corte Suprema, “una profunda autocrítica del rol cumplido por los jueces y funcionarios del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, muchos de los cuales nada investigaron y sólo se limitaron a rechazar los miles de hábeas corpus que inundaban los tribunales del país en ese período”.
La segunda parte es programática. La autocrítica debe incluir, señalaron: pedido de perdón y “una investigación sobre el rol del Poder Judicial en la dictadura que concluya en un documento y la identificación de quienes con sus fallos impidieron las investigaciones de los crímenes y ahora alientan la impunidad mediante injustificados dictados de falta de mérito, son reticentes a llamar a indagatoria, requieren de estándares probatorios diferenciales e imponen trabas procesales que imposibilitan el debido juzgamiento de los estamentos del poder económico, judicial, mediático y eclesiástico, que contribuyeron y se beneficiaron con los asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas de miles de hombres, mujeres y niños”.
Este último párrafo es un resumen exacto de lo que sucede con las causas. En un documento adjunto, la presentación recuerda que hay 57 integrantes del Poder Judicial investigados en la Justicia, entre ellos jueces, secretarios de juzgados, asesores de menores y fiscales de los cuales 23 están con procesamientos.
Con los papeles en la mano, la cosa siguió en procesión hacia el Palacio. Los abogados intentaron dejar el documento en la Mesa de Entradas planta baja. No los dejaron. Los mandaron al cuarto piso, uno por escalera. Subieron todos. En el estrecho pasillo, cuyas salidas dan a los suntuosos patios de la Corte, les salieron al encuentro tres enormes custodios, de traje de buen corte.
–Yo voy a ir a hablar con el secretario de la Corte –dijo uno–; pero a todos no los va a recibir. Yo les pediría que bajen y se organicen en la planta baja, este lugar está restringido.
–¿¿¡Pero este no es un espacio público!?? –preguntó uno.
–No, y no puede estar acá.
–Perfecto –dijo Mántaras–: que entre el grupo y esperamos acá.
–¡¡Acá no se puede, señora!! –dijeron y se sumaron dos policías.
–¡Es el Palacio de Justicia! –dijo Tavani– ¡Es la primera vez que me entero que es un espacio restringido!
–Esto es por una disposición nueva del doctor Lorenzetti.
En esa Corte, ahora, custodiada como si fuera un signo de los tiempos, los y las abogadas finalmente lograron que un secretario los atendiera. Un grupo entró. Otro bajó. Los que quedaron arriba pidieron la entrevista con Lorenzetti.
21 de Mayo de 12015
Por:
Alejandra Dandan
Fuente: Página12
Opinión “EL CRUCE DE LO PARTICULAR Y LO COLECTIVO EN EL ESCENARIO DE LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD”
Ave Fénix
La psicoanalista y testigo en juicios de lesa humanidad Ana María Careaga plantea que los campos de concentración del nazismo y los centros clandestinos de detención en Argentina y el Cono Sur ponen de relieve los efectos que esas prácticas pueden tener no sólo en lo jurídico, sino también en el plano de la subjetividad.
En el año 1920, con su obra Más allá del principio del placer, Sigmund Freud conceptualiza la pulsión de muerte. Atravesado en su existencia por las dos guerras mundiales –nació en 1865 y murió en 1939–, e interrogado desde su propia circunstancia y por intelectuales y protagonistas de esa época, Freud desarrolla el concepto del mal, en relación con la condición humana. Y es este “mal intrínseco” el que se manifiesta en la historia de la humanidad frente a genocidios, torturas, crímenes masivos, como expresión de lo peor que los seres humanos pueden poner en juego por sus propios intereses y en defensa de posiciones de poder económico, político, social, cultural o de otra índole.
Los campos de concentración del nazismo en Alemania y en otros países de la región, los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y el Cono Sur, entre otras experiencias de crímenes aberrantes, ponen de relieve los efectos que esas prácticas pueden tener, su imprescriptibilidad en el tiempo, no sólo desde el punto de vista jurídico por tratarse de delitos de lesa humanidad y genocidio y ajustarse desde esa perspectiva a la jurisprudencia internacional, sino también en el plano de la subjetividad.
En los estrados judiciales argentinos tienen lugar en el presente los relatos de las víctimas que fueron atravesadas por esas experiencias. Cada una de ellas, desde sus marcas, desde su singularidad, intenta poner palabras a algo que se torna del orden de lo indecible, precisamente porque todo lo que se dice parece insuficiente para ligar algo del horror de esa experiencia traumática. Sin embargo, el efecto aliviador puede situarse en el intento mismo de la palabra, en una instancia pública de juzgamiento ejemplar de algunos de los autores materiales de estos delitos.
Así como en el espacio analítico se trata en muchos casos de que las víctimas del terrorismo de Estado advengan primero como tales, para luego desde su condición de sujeto “poder hacer” con esa experiencia; en este movimiento, en el cruce de lo particular y lo colectivo que implica el escenario de los juicios, se pone en juego la singularidad de cada sujeto que narra su vivencia traumática, y cada uno de esos testimonios va reconstruyendo, en su repetición, una porción de ese relato histórico, acaecido en la noche más oscura de la historia argentina, que va reescribiendo e inscribiendo otro modo de decir, en una instancia pública en la que el Estado asume su responsabilidad.
Las vivencias de dolor, de pérdida de un ser querido, de búsqueda infructuosa, de desaparición, tortura y muerte, tienen y han tenido efectos inmensurables en miles de seres humanos, familias, sociedades en su conjunto.
Hitler proclamaba a viva voz “¿quién se acuerda del genocidio armenio?” para alentar a sus secuaces a cometer los delitos más atroces. Esas prácticas aberrantes, manifestaciones de intolerancia, segregación, discriminación, racismo, tienen consecuencias. “Somos intolerantes”, sostenía a viva voz en sus discursos de aquellos años ante una sociedad anestesiada.
Uno se pregunta, por el contrario: ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar aquello que en sus efectos y repetición, insiste?
Hoy tenemos presente en la memoria el genocidio armenio, los crímenes del nazismo y los estragos del terrorismo de Estado; las secuelas que en los planos político, social, económico y cultural, y en el de la subjetividad, han dejado en estas sociedades.
A lo largo de la historia, diferentes intentos de respuestas y “de hacer con eso” tomaron y toman forma en ámbitos de debate, y en distintos escenarios, desde variadas disciplinas y diversos discursos, y también desde disímiles productos artísticos y culturales.
El cine es uno de ellos. En la película alemana Phoenix (2014), traducida aquí como Ave Fénix, se ponen de relieve cuestiones muy profundas de la experiencia concentracionaria tomadas de la vivencia real del campo. La protagonista, recién liberada de su cautiverio, despojada de su condición de sujeto, arrancada de su identidad en su propio rostro baleado, desfigurado y reconstruido por una operación, necesita de un otro, su marido en este caso –portador de parte de su identidad en la medida en que afirma su condición de sobreviviente por su existencia–, “si no hubiera sido por él, no hubiera sobrevivido”.
Ella se mira al espejo y el espejo le devuelve un rostro que no reconoce. El hilo conductor que asimila el hecho traumático en el submundo de la reclusión no tiene fronteras. Acerca de las condiciones de reclusión y sus consecuencias en los centros clandestinos de detención de la última dictadura en Argentina, numerosos son los relatos que evidencian el intento de arrasar con la identidad de la víctima.
“Cuando estaba en la celda vinieron a buscarme para cortarme el pelo, me lo cortó otra detenida-desaparecida. Al terminar me hizo mirarme en una especie de trozo de metal pulido que hacía las veces de espejo. No me reconocí”, reza un testimonio.
La angustia ante la pérdida de la identidad, de la condición de ser humano. El desaparecido reducido a la posición de objeto, despojado de su nombre, llamado por un código, un número, es además desfigurado de los rasgos que hacen que pueda re-conocerse a sí mismo.
De esto también dan cuenta testimonios de la experiencia argentina: “Nos pusieron a varios en una sala, todos parados, con cadenas en los pies y los ojos vendados. El guardia salió de esa celda colectiva y dijo que no debíamos mirar. Asomé la mirada por debajo de la venda. La escena que vi –un grupo de seres flacos, enjutos, harapientos y rapados, todos iguales–, en medio de ese lugar maloliente y nauseabundo, me devolvió la imagen de una foto de un campo de concentración nazi”, rememora una declaración.
En la película, la protagonista se plantea: “Me van a preguntar por lo que viví”. Para recordar una ocasión en donde una niña la mira mientras ella tiene puesto el vestido de su madre.
Nuevamente, la simetría con lo ocurrido en nuestro país: “Una vez me vinieron a buscar para torturarme. Como estaba embarazada siempre tenía puesto el mismo vestido que estaba sucio, mugriento, el mismo que tenía cuando me secuestraron. Me lo sacaron y me pusieron por un día el vestido de otra embarazada que se habían llevado”, narra una vivencia que da cuenta de la repetición de lo siniestro.
La identidad aferrada a lo conocido, detenida en una marca, un objeto, un nombre –propio o de un ser querido–, la mortificación del cuerpo que evidencia desde lo peor la mortificación de la existencia. “Nadie te va a preguntar por lo que pasó”, escucha el personaje del film. La palabra queda suspendida.
Con el número que los nazis habían tatuado en su brazo, que el vestido de mangas tres cuarto deja ver en parte, enfocado por la cámara, ella empieza a cantar. Poco a poco retorna su voz, el canto es lo que la hace recuperar su condición de sujeto de la que había sido despojada. Punto de inscripción de su identidad que la hace volver a su dignidad como respuesta a la indignidad del mal.
La voz funcionando allí como registro de su propio cuerpo, de su identidad perdida que en ese acto recupera. Ese desecho que camina, habla y escribe como una autómata, que no puede registrar mediante las emociones la noticia de las pérdidas, canta, y al hacerlo se restituye.
La paradoja de necesitar de un otro para volver a ser uno mismo, momento inaugural del ser humano que es hablado por ese Otro de los primeros cuidados que lo introduce en la cultura, que lo concibe, que elige un nombre para él, que lo espera frente a la soledad de la existencia puesta de relieve en su crudeza, pero frente a la cual el sujeto apela a sus propios y más genuinos recursos, ubicando un objeto en el campo del Otro que lo aloja.
Esas marcas en el cuerpo atormentado tienen su correlato en otras marcas, las de la subjetividad, desde las cuales se instala la dialéctica necesaria para ese movimiento de lazo al Otro.
Si bien Freud se va a dedicar al final de su obra a profundizar acerca del malestar en la cultura, ya en los albores de su construcción teórica sitúa a la palabra como sustituto de la acción, planteando que si no se puede abreaccionar un trauma psíquico, su recuerdo conserva el afecto que en su origen tuvo.
La exclusión del otro como diferente, la negación de la pluralidad, la no aceptación del otro como diverso, implican la anulación de la singularidad, el rechazo al advenimiento del sujeto alojado en otro en y desde su singularidad. La alienación del sujeto al otro es lo que a su vez inaugura la inscripción de la particularidad de su historia en lo universal de su condición.
Como el ave fénix, en los campos de concentración el sujeto vejado, reducido a puro resto, resiste desde sus marcas singulares, y es desde esa impronta que re-inventa su existencia.
Volver de la muerte implica re-conocerse en ella para salir de ella, subjetivar las marcas del cuerpo mancillado desde otras marcas más primitivas, que contribuyan a restituir la identidad perdida.
Las madres de los desaparecidos lo hicieron una y otra vez, y continúan haciéndolo desde hace 38 años, al ser resignada parte de su propia identidad en la desaparición de sus hijos, se reinventaron como Madres dándole a esa entidad el estatuto de un símbolo que las atravesaba en el hecho traumático irreparable de pérdida de su ser querido y las introducía en un significante colectivo que ligaba ese agujero negro a una búsqueda imprescriptible como la propia desaparición.
21 de Mayo de 2015
Por: Ana María Careaga
Psicoanalista, docente, testigo en los juicios de lesa humanidad.
Fuente: Página12
TABARE VAZQUEZ FIRMO UN DECRETO QUE CREA EL GRUPO DE TRABAJO POR VERDAD Y JUSTICIA
Uruguay ya tiene su propia Conadep
La comisión investigará los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado entre 1968 y 1985. Y estará integrada por la diputada Macarena Gelman y Felipe Michelini, referentes en la lucha contra la impunidad.
El gobierno del presidente Tabaré Vázquez creó por decreto una comisión que investigará las denuncias contra el Estado uruguayo por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1968 y 1985. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que toma bajo su órbita a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente creada durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010), sistematizará información relacionada con los crímenes de la dictadura y la pondrá a disposición de la Justicia.
La comisión tendrá como principal objetivo “investigar los crímenes de lesa humanidad por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado”, señala el decreto presidencial. Si bien la dictadura uruguaya comenzó en 1973, el grupo de trabajo decidió tratar las denuncias correspondientes a casos entre el 13 de junio de 1968. En esa fecha comenzaron a regir las llamadas “medidas de seguridad”, equivalentes a un estado de emergencia, en un contexto de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y las guerrillas. El período que se investigará incluye el de la dictadura, entre 1973 y el 1° de marzo de 1985, cuando asumió Julio María Sanguinetti como presidente electo por la ciudadanía y puso fin al gobierno de facto.
El decreto que lleva la firma de los ministros que integran el gabinete de Vázquez señala que este grupo contribuirá a “dar luz a esos hechos en pos de la verdad histórica y promover la justicia en el marco del estado de derecho”. Señala que “están presentes aún las consecuencias de la acción ilegítima y del terrorismo de Estado sufrido por el país” en esos años. Parte de la tarea será organizar todos los testimonios de quienes “deseen prestarlo voluntariamente” y relevar aquellos ya existentes y registrados “dentro o fuera del territorio nacional”, según sus cometidos fijados en el decreto oficial.
El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia estará compuesto por siete integrantes nombrados por Vázquez, que buscan representar a diferentes sectores sociales del país, incluyendo familiares de víctimas y organizaciones contra la discriminación hacia la población negra, hasta colectividades religiosas. Una de las integrantes será la diputada Macarena Gelman, nieta del fallecido poeta Juan Gelman, quien afirmó que “hay muchísimo trabajo por hacer”. Gelman, que obtuvo una banca en noviembre por el gobernante Frente Amplio (FA), expresó que una de las tareas será “recabar testimonios de víctimas y familiares que estén dispuestos a proporcionarlos”. El equipo evaluará también el estado de situación del cumplimiento de las leyes reparatorias. Especialmente sobre la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios, y la reparación a víctimas contemplada en la Ley 19.596. “También se avanzará en temas que hoy no se han implementado”, agregó Gelman.
Otro de los integrantes del grupo, Felipe Michelini –hijo del asesinado legislador Zelmar Michelini–, dijo que considera la iniciativa “un paso más contra la cultura de la impunidad”. Sin embargo, advirtió el representante de la organización Familiares, no será una “varita mágica” para resolver casos que datan de hace tantas décadas.
En tanto, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, enfrentó al FA y a organismos defensores de los derechos humanos a los que acusó a “estigmatizar” a los militares por su pasado reciente y los crímenes cometidos durante la dictadura, y amplió la polémica al asegurar que el golpe de Estado de 1973 no sólo fue militar, sino también civil. “Acá el golpe de Estado fue civil y militar. En realidad, fue civil y lo dirigió una embajada extranjera con gente de traje de alpaca y perfumería francesa. Todos civiles. Y lo dirigieron políticos civiles y grandes medios de prensa civiles. Las cámaras empresariales pidieron el golpe de Estado”, dijo Huidobro tras participar de un acto en Montevideo.
La noticia coincide con la celebración realizada ayer de la vigésima marcha del silencio en reclamo de que se investigue el paradero de los detenidos-desaparecidos en Uruguay durante el gobierno dictatorial. Estas marchas se realizan en silencio cada año desde 1996 por el centro de Montevideo. El martes, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desa- parecidos inauguró una muestra fotográfica a cielo abierto en la zona costera de Montevideo, que recuerda 20 marchas del silencio. Las imágenes, colocadas en orden cronológico, incluyen desde panorámicas que muestran el crecimiento del número de participantes del evento hasta los cambios del simbólico acto a lo largo del tiempo, con manifestantes portando velas o pancartas con los rostros y nombres de sus seres queridos.
21 de mayo de 2015
Fuente: Página12
PIDEN AMPLIAR LAS ACUSACIONES A LOS REPRESORES DE LA ESMA POR DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL
Los crímenes que fueron invisibilizados
La fiscalía pidió que las denuncias de seis mujeres que fueron violadas y que lo contaron en el juicio no se deriven a primera instancia, sino que sean tratadas en este debate oral.
En la sala de audiencias se sentó Ricardo Cavallo, ese hombre multifacético de la estructura de la unidad de combate de la Escuela de Mecánica de la Armada. No dejó de teclear su computadora personal como suele hacerlo en el juicio, ni siquiera cuando los fiscales iban leyendo uno a uno los nombres de las seis mujeres sometidas a violaciones o abusos sexuales que le fueron imputando también a él.
“Los delitos de abuso sexual han recorrido un largo peregrinaje hasta instalarse en cada uno de los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando. Las víctimas se empoderaron para afrontar el dolor y decidieron relatarlo en estas audiencias”, dijo la fiscal Mercedes Soiza Reilly en la audiencia. El contexto fue un pedido al Tribunal Oral Federal Nº 5 para que los acusados sean alcanzados también por este delito, relevados cada vez más frecuentemente en las escenarios de juicios.
El tercer juicio oral por los crímenes de la ESMA lleva dos años de audiencia en el que se juzga a los acusados por delitos como la privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y desaparición forzada. No están acusados, hasta ahora, por los delitos de violencia sexual que como aclararon los fiscales vienen denunciándose desde el juicio a las Juntas, pero entonces eran tomados como parte de los tormentos y ahora intentan ser entendidos como delitos autónomos.
La fiscal Mercedes Soiza Reilly presentó estos hechos como casos que deben ser leídos en “continuidad” con el resto de los crímenes. Este es un pedido y un desafío a los jueces. En el juicio pasado, ESMA II, la sentencia tomó las denuncias por violencia sexual pero no las juzgó durante el debate, sino que las derivó a la etapa de instrucción para ser investigadas nuevamente en esa instancia. Ese es el subtexto de esta presentación: fiscales y querellas están esperando que el TOF se pronuncie sobre esto en este mismo debate porque las víctimas eligieron contar sus casos en estos juicios, para evitar revictimizarlas al obligarlas a volver a cero y reiniciar otra causa, pero además para evitar la persecución eterna para los ejecutores de la represión.
El otro punto clave de la presentación es que las imputaciones no van dirigidas sólo a autores directos. Con antecedentes como el fallo del TOF de Santiago del Estero, que condenó por primera vez a autores mediatos, los fiscales intentan una línea distinta de acusación. No piensan en autorías directas o mediatas sino en coautoría funcional para todos los integrantes de lo que denominan “empresa criminal”. Una perspectiva compartida por Justicia Ya!, cuya representante, la abogada Liliana Alanis, encabezó el pedido, seguida por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y el CELS. Entre los acusados se escucharon los nombres de Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vañek, Alfredo Astiz, los mellizos García Velazco y, entre muchos otros, el propio Cavallo.
“Durante el transcurso de las audiencias hemos escuchado extensos testimonios hablar de los delitos de índole sexual: asistimos, como espectadores, a una reconstrucción real de las atrocidades que allí ocurrieron. Pudimos conocer nuevas circunstancias y una más amplia información sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los acusados, pero antes de analizar cada una de las cuestiones es necesario tener presente que los delitos de índole sexual fueron frecuentemente silenciados por la Justicia y un tema de difícil abordaje”, dijo la fiscal.
La empresa criminal
En el caso ESMA, recordó Soiza Reilly, la primera denuncia judicializada es de 2011, después del segundo juicio oral, en el que los jueces derivaron los casos al juzgado federal 12 de Sergio Torres. Desde entonces, en ese expediente declararon sólo dos mujeres, explicó la fiscalía: “Hemos analizado la causa y advertimos que uno de los problemas es que las víctimas que ya han declarado en juicio oral y público sobre estos hechos no quieren volver a declarar una y otra vez ante los operadores judiciales de la instrucción”. Ese camino las haría volver a un juicio oral, “donde la víctima sería nuevamente compelida a comparecer a prestar testimonio en una audiencia oral, para una vez más reproducir sus dichos. Hoy tenemos la posibilidad de que esto no ocurra al menos con estas víctimas”, les dijo la fiscal.
La acusación por los crímenes de violencia sexual está basada en un mandato que responde a compromisos que asumió el Estado argentino. “No basta la empatía, ni demostrar solidaridad con las testimoniantes por los hechos padecidos, tenemos el deber de investigar estas conductas. Y no es por capricho de estos acusadores, es una obligación legal que responde a los compromisos que el Estado Argentino ha asumido a nivel nacional e internacional.”
Entre las víctimas, cinco de las seis mujeres relataron situaciones de acceso carnal, torturas, abusos, tocamientos y violencia en las audiencias. Muchas lo habían hecho en el juicio a las Juntas o Conadep. Una de ellas logró contárselo a su esposo antes de morir, y fue él quien narró los hechos primero en la Conadep y luego también en este juicio.
Una de las primeras discusiones jurídicas que abrió este tema es si deben ser imputados sólo los autores directos. O si una violación debe ser leída como hecho individual o práctica y ataque sistemático y por lo tanto en el contexto de lesa humanidad. Esas discusiones a esta altura parecen saldadas. Hubo fallos en todas las instancias incluso en Casación que explicaron que el mero hecho de apariencia individual debe ser leído incluso en el contexto del ataque. Los fiscales se encargaron de listar la evolución de los últimos fallos, muchos de los cuales empezaron a condenar también la intervención mediata a través de la teoría de los aparatos organizados de poder o la coparticipación funcional de la “empresa criminal” que entiende que la maquinaria funcionó porque todos hicieron su aporte.
“Las acciones ilícitas no eran individuales, excepcionales y solitarias, fueron prácticas cotidianas tendientes a la destrucción anímica, física y moral del cautivo y cautiva. Por eso fueron una constante en todos los campos de exterminio”, dijo la fiscal.
“Ese plan sistemático consistía en que las víctimas eran secuestradas por fuertes grupos armados, llevados a los centros clandestinos, torturados física y psíquicamente para arrancarles la información, sometidas a condiciones inhumanas de cautiverio, expuestas a merced de sus captores para que sobre las víctimas se produzca todo tipo de abuso sexual. No cabe ninguna duda de que los imputados fueron una pieza vital del engranaje de ese plan sistemático de represión, conocían que los hechos debían concatenarse de esa manera y es a partir de ese conocimiento que actuaron en los sucesos por los que estamos solicitando la ampliación.”
El estado de la cuestión
La investigación y los juicios por violencia sexual y de género perpetrada durante el terrorismo de Estado recién adquirieron relevancia en los últimos años del proceso de Justicia. “En los testimonios de los ’80 la misma fue invisibilizada, no se trabajó con perspectiva de género y no se relevaron de modo diferente los casos de violaciones y abusos sexuales expuestos en los relatos, dado que se los tomó como parte de las torturas, las denuncias de violencia sexual recién adquirieron relevancia en los últimos años del proceso de Justicia.”
En 2012, la procuradora Alejandra Gils Carbó instruyó a los fiscales para que apliquen las pautas del documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, que identifica los aspectos problemáticos de la práctica judicial al momento de tratar estos delitos y ofreció pautas para evitar sus efectos perniciosos, señalaron. Además de esto, en 2013, durante la creación de la Procuraduría de Lesa Humanidad se encomendó el diseño y estrategias de actuación para superar las dificultades registradas en jurisdicción como crímenes contra la humanidad cometidos dentro de los centros de exterminio. “Por lo tanto, para este Ministerio Público Fiscal el juzgamiento de los delitos de índole sexual cometidos durante el terrorismo de Estado representa un compromiso institucional que responde a los diseños de política criminal y de persecución penal en defensa de los intereses generales de la sociedad.”
22 de mayo de 2015
Por:
Alejandra Dandan
Fuente: Página12
DETUVIERON AL REPRESOR HECTOR OSCAR CHISU
La Triple A bahiense
Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura.
Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.
Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardadas en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Acdel Vilas. El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa.
22 de mayo de 2015
Fuente: Página12
Se conocían sólo por sus voces en las mazmorras de la dictadura
Inspección ocular
Varias de las víctimas que estuvieron detenidas durante la última dictadura en la Base Naval de Puerto Belgrano, y que se conocían sólo por sus voces cuando estaban alojadas en los calabozos o en un buque que funcionó como centro clandestino de detención, se encontraron cara a cara por primera vez durante la inspección ocular que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal.
Durante el martes y el miércoles, los jueces que llevan adelante el juicio oral y público contra 25 personas acusadas de delitos de lesa humanidad participaron de la inspección ocular en el predio de la base de Infantería Baterías y de la base Naval de Puerto Belgrano. “Las inspecciones fueron muy positivas, los jueces pudieron escuchar a los propios sobrevivientes cuando identificaron los lugares y qué había sucedido en cada uno de ellos”, explicó el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integra la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Comentó que “en el caso de Baterías muchos de los sobrevivientes nunca habían regresado a ese lugar” y que “hubo un caso de una persona que estuvo detenida en un calabozo durante tres meses y encontró el calabozo”.
22 de mayo de 2015
Fuente: Página12
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