Por su parte, el forjador de tanta alegría, el joven y eficiente empresario, argumentaba su decisión asegurando que reforzaría la autonomía metropolitana y plebiscitaría una gestión que a él le parece muy buena.

Envueltos aún en las brumas del festejo, todos los citados se despertaron el viernes con una mala noticia: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba el adelantamiento de las elecciones nacionales para el 28 de junio. No lo podían creer: el Gobierno había tomado una medida inteligente. En consecuencia, por primera vez desde el inicio de la guerra gaucha, retomaba la iniciativa.

Esto provocó la ira del radicalismo y la depresión de uno de sus próceres inesperados, Cleto Cobos. También dejó fuera de base a Macri quien, de seguir fielmente sus propios argumentos, debería trasladar las legislativas porteñas a octubre. Tal vez, en el fondo, el jefe de Gobierno de la Ciudad esté aliviado porque el Gobierno nacional resolvió a su favor el pleito con Gabriela, a quien en las tiendas del PRO ya hay quien se anima a llamar “la pequeña Cleta”.

Más allá del juicio que pueda merecer este Gobierno, con el cual he manifestado algunos desacuerdos cruciales, la convocatoria de la Presidenta para adelantar las elecciones es una medida legítima. Considerar, como lo han hecho algunas voces opositoras, que avasalla las instituciones es un despropósito. El voto constituye la base de nuestro sistema democrático y nadie debe obstaculizar la expresión de la voluntad popular por un problema de oportunidad.

Los que suelen hablar de “países serios” deberían recordar que en los sistemas parlamentarios cuando un gobierno se debilita al perder la mayoría apela automáticamente al recurso de adelantar los comicios.

Tampoco se puede cuestionar la motivación puntual de la jugada. Decir que es “viveza criolla”, como lo expresó el titular del radicalismo Gerardo Morales y no referirse en iguales términos a la movida de Macri suena injusto e inconsistente. Ambos gobiernos, el nacional y el metropolitano, actuaron en función del principio de necesidad.

No se le puede reprochar al Gobierno que intente preservar la gobernabilidad. Es su derecho pero también es su deber. En un país donde dos presidentes de la democracia –Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa– fueron obligados a recortar sus mandatos, cualquier precaución en ese sentido no parece exagerada.

La única manera de superar el canibalismo político que predomina en la Argentina, el único modo para resolver los conflictos y las tensiones sin degradarse a los odios personales, es la decisión electoral. Los malos gobernantes o representantes sólo pueden ser reemplazados a través de los mecanismos que establece con claridad meridiana nuestra Constitución.

Decir irresponsablemente que este Gobierno no llega a octubre, como lo hacen ciertos personajes mediáticos y representantes de grupos sectoriales, es atentar contra el orden social y la paz de los argentinos.

Es un lugar común, pero es cierto: la única manera de resolver los problemas de la democracia es con más democracia. Hubo que luchar durante décadas para que este principio rigiera de una buena vez en nuestro país asolado por gobiernos autoritarios o francamente dictatoriales. La divisa fue y sigue siendo el respeto a la soberanía popular.

Es bueno que Macri acepte la decisión nacional, que también lo hagan dirigentes opositores como Francisco de Narváez o Chiche Duhalde y todos acatemos la decisión de las urnas. Si la oposición tiene razón, el Gobierno recibirá su castigo electoral y deberá obrar en consecuencia.

Por mi parte, como lo hice ya en otras oportunidades, adelanto desde esta columna que mi voto en la Cámara de Diputados será a favor del adelantamiento y la unificación de las elecciones.

Crítica digital, 15 – 03 – 09