El acuerdo -cuyo contenido definitivo y completo todavía es secreto (violentando uno de los principios de la democracia, que es la publicidad de los actos de gobierno)- revierte la retórica anti-imperialista agitada por el gobierno cuando expropió a Repsol del control de la empresa YPF. Quienes eran los enemigos del Pueblo se convierten en sus socios deseados, inevitables, fundamentales. De buenas a primeras, Chevron se convierte en quien aportará recursos financieros y el saber técnico (´know-how´) para la explotación de hidrocarburos en el nuevo siglo. Sin embargo, la inversión de 1300 millones de dólares apenas representa 5% de las inversiones necesarias para el desarrollo de los yacimientos. La mayor parte del resto del capital será aportado por la propia YPF, según el propio plan de inversiones presentado por la empresa. Queda la duda –entonces- sobre el por qué de la imperiosa necesidad de incorporar a la empresa estadounidense. Por su parte, YPF ya hace uso de las tecnologías de punta en el campo, por lo que no está claro que aportará en tal sentido Chevron; además, el acuerdo no hace explícito los mecanismos para la transferencia de cualquier nueva tecnología que pudiera aportar.

Hasta la salida de Repsol, la estrategia gubernamental había sido mantener el esquema de concesiones petroleras al capital privado creado en los años noventa. Erróneamente, se esperó (por casi 10 años) que esas empresas invirtieran en ampliar la base de reservas mientras el gobierno decidía simultáneamente mantener bajos los precios de los combustibles a través de una política de subsidios masivos cuyos efectos pretendió ser ocultada con la creación de la empresa fantasma (importadora de combustibles) ENARSA. Al igual que Repsol, la empresa Chevron desinvirtió y fugó capitales durante la primera década del gobierno kirchnerista. El resultado fue el agotamiento de las reservas, la multiplicación de las importaciones de combustibles y la creación de matriz de generación de energía eléctrica (y patrón de consumo) que se apoya cada vez más en el uso de combustibles fósiles.

En 2012, con la re-estatización parcial de YPFSA, el kirchnerismo dio un inesperado golpe de timón. A partir de allí, la empresa sería la base de una nueva estrategia: convertir a la Argentina en país exportador neto de combustibles a partir de las explotación del llamado “gas/petróleo de esquisto” (o no convencional) con las técnicas de la factura hidráulica (o ‘fracking’), cuyo elevado costo socio-ambiental ha forzado a varios países centrales a prohibirla. Más allá de cualquier beneficio económico mediato o inmediato de la nueva orientación de la política petrolera, cabe poner en debate –primero y principal- la conveniencia de la explotación misma, más cuando Argentina cuenta con alternativas energéticas más convenientes que se encuentran poco exploradas.

Ignorando la realidad de las denuncias de organizaciones socio-ambientales y la decisión de pueblos que -en distintas regiones del país- han votado contra el uso del fracking, el gobierno avanza con esta primera ‘alianza estratégica’. Chevron entra al negocio no sólo reclamando derecho a la exploración y explotación, sino que ha conseguido un acuerdo que le permite hacerlo en condiciones excepcionales, con exenciones impositivas multimillonarias, libre uso del 20% de la producción en el corto plazo (luego del quinto año del acuerdo) y posibilidad de remisión al exterior de todas las utilidades obtenidas. Para colmo el acuerdo, enmarcado en el decreto 929/2013, habilita a todas las empresas que ya operan en el país a avanzar en los proyectos de exploración y explotación con estas técnicas.

La soberanía popular sobre las riquezas naturales permanece en el discurso oficial pero cambia de contenido, desnaturalizándola. YPF permanece como sociedad anónima, cotizando en la bolsa de Nueva York y con accionistas privados; así, el capital financiero continúa operando sobre la dirección de la empresa. La soberanía energética se ve reducida a la capacidad de exportar hidrocarburos. A diferencia de la experiencia de países del ALBA, donde el Pueblo a través del Estado tiene propiedad absoluta sobre la producción de hidrocarburos (por ejemplo, 100% de la propiedad de PDVSA en manos del Estado en Venezuela) y sobre los bienes comunes, Argentina mantiene una política de concesiones mayoritarias al sector privado para el saqueo de nuestras riquezas: 2/3 de las explotaciones son controladas por el capital privado. Bajo un manto de (falso) federalismo, los Estados provinciales continúan avalando la depredación del subsuelo y el reciente decreto 929 del gobierno nacional crea un marco más propicio para ello. Además, la normativa continúa cediendo a la jurisdicción extranjera la resolución de las controversias entre las partes, abandonando el derecho soberano de la justicia argentina.

Más allá del neodesarrollismo. Una política energética para el bienvivir
A partir del acuerdo con Chevron, el proyecto kirchnerista profundiza una patrón periférico de inserción internacional de la economía argentina. A la sojización transgénica y la mega-minería a cielo abierto, ahora se agregarían los hidrocarburos de esquisto al eje extractivista y de producción para la exportación. La nación organizada como plataforma de exportación de productos primarios o manufacturas básicas para beneficio de las trasnacionales y nuestros “socios” comerciales (los viejos, Europa y Estados Unidos, y los nuevos, Brasil y China).
Frente a tal destino, que es presentado como inexorable pero providencial, es indispensable comenzar a caminar un nuevo camino que nos re-posicione como nación enmarcada en un proyecto popular en la Patria Grande.

Primero, la política de hidrocarburos deber reformularse, avanzando en la nacionalización de las reservas, desplazando progresivamente al capital privado, trasnacional y nacional. Esto supone suspender cualquier nueva concesión de exploración o producción, a la vez que se anulan las existentes, con YPF recuperando el control de estos bienes comunes. El ejemplo venezolano de control 100% estatal sobre todas las explotaciones de riquezas naturales o la estrategia ecuatoriana de no explotar los hidrocarburos bajo el parque nacional Yasuní para -con apoyo de la comunidad internacional- proteger su biodiversidad, son ejemplos rotundos de alternativas viables.

Luego, debe reencauzarse la política energética en su conjunto orientando recursos, hoy derrochados hoy en estos proyectos de exploración y explotación altamente costosos, hacia la investigación y desarrollo local de tecnologías de producción de energía renovable de menor impacto social y ambiental. Esto supone establecer un camino para la superación a mediano plazo de la dependencia de los hidrocarburos, la energía hidroeléctrica y nuclear. Esa reorientación general de la producción de energía puede ser impulsada por una nueva YPF (transformada en sociedad de gestión popular, en lugar de sociedad anónima) convertida en empresa de producción de energías sustentables en articulación con la red de instituciones de Ciencia y Técnica del Estado.

Tercero, el cambio en la matriz de generación de energía debe ser acompañado por una estrategia sostenida de reducción del consumo suntuario de energía, apuntando a alterar los patrones de consumo y las tecnologías de producción en empresas. Esto requerirá revisar también, entre otras, la política de transporte (para orientarla definitivamente a favor del transporte público con tecnologías ecológicamente responsables) como la política de vivienda e infraestructura urbana en pos de construir nuevas formas de vida urbana que respeten a la naturaleza y promuevan el uso racional de la energía y los bienes comunes.

En definitiva, frente al acuerdo de Chevron-YPF (que no es más que la más reciente expresión de la política del neodesarrollismo en la periferia), la alternativa es avanzar en una dirección que tenga por horizonte el buen vivir.

Fpds corriente nacional, 22 – 07 – 13