Según antecedentes del gubernamental Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), casi la mitad de las mujeres chilenas reconocen haber sufrido episodios de violencia en su vida y en 90 de los casos el victimario es la pareja o la ex pareja.

La Red presentó en julio de 2007 la primera etapa de la campaña «¡Cuidado! El machismo mata». Este jueves se lanzará la segunda fase, recordando a las víctimas de femicidios con memoriales montados en Santiago y en otras 15 regiones del país. La tercera y última parte tendrá lugar en 2009.

Las activistas se aprestan a empapelar la vía pública con carteles que insisten en la idea de que los agresores, violadores y femicidas son «delincuentes» y no «psicópatas». Catalogarlos «como personas enfermas sólo contribuye a ocultar este grave problema», dice uno de los textos.

«Estamos hablando de violencia que se genera por relaciones de poder. Estamos hablando de hombres comunes y corrientes, buenos vecinos, buenos miembros de partidos (políticos), buenos padres y apoderados», explicó Gloria María, otra de las coordinadoras de la Red.

El movimiento de mujeres reconoce avances en la sensibilización pública del problema –en 2007 los medios de comunicación empezaron a hablar de femicidios y no de crímenes pasionales– y también en apoyo gubernamental –se han abierto 25 casas de acogida para víctimas–. Pero la respuesta de la sociedad y del Estado es aún ineficiente, recalcan.

Los datos así lo demuestran: de las 42 mujeres asesinadas en 2008, al menos 16 habían denunciado ante los organismos competentes ser víctimas de violencia por parte de sus parejas y siete de ellas contaban con una medida cautelar que prohibía el acercamiento de sus agresores.

Las organizaciones femeninas exigen una legislación global sobre violencia contra las mujeres, que incluya todos los delitos asociados a ella. Hoy existe la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar de 2005, que sólo tipifica el delito de maltrato habitual (físico o psíquico) y establece medidas cautelares para las víctimas.

Esta normativa abarca a cónyuges, convivientes o parejas que tengan hijos en común, pero excluye las relaciones de noviazgo, quedando estas mujeres desprotegidas ante la ley. En otras normativas están tipificados los delitos sexuales y el acoso sexual, considerado únicamente como falta.

Para denunciar agresiones, las víctimas están obligadas a recurrir a los Tribunales de Familia. Sin embargo, éstos no están facultados para conocer casos de maltrato habitual, delito que sólo puede ser investigado por el Ministerio Público.

Según las activistas, esta burocracia sólo demora la respuesta judicial, más aún cuando los Tribunales de Familia han colapsados desde su entrada en funcionamiento en 2005, por subestimación del número de causas, falta de personal y recursos limitados.

Peor aún, dicen, las casas de acogida dispuestas por el gobierno de Michelle Bachelet sólo reciben mujeres que cuentan con órdenes de las fiscalías, las cuales desestiman 50 por ciento de las causas de maltrato habitual presentadas, según un estudio de la no gubernamental Corporación Humanas de 2007, citado por la Red.

«Una mujer que tiene que escapar de su pareja con sus hijos a las dos o tres de la madrugada debe quedarse en la calle si no tiene la orden» del Ministerio Público, graficó Patricia Olea, también de la Red.

Por otra parte, el movimiento de mujeres reclama al gobierno desagregar por género no sólo la violencia doméstica vista por los Tribunales de Familia sino también los casos de lesiones, violaciones y homicidios investigados por la justicia penal.

La falta de información «imposibilita dimensionar la magnitud de la violencia contra las mujeres. Si esto se llevara a cabo de manera rigurosa, probablemente este sería el delito de mayor connotación social de Chile», planteó Rojas.

«No hay una mirada intersectorial. Todo lo que hay son políticas fragmentadas, intervenciones aisladas», sintetizó Olea.

IPS, 22 – 07 – 08