La lonco Juana Calfunao no es la única que se encuentra detenida en su familia. El werken Antonio Cadin el papá de Relmutray y su hermano Jorge (24) también están privados de libertad. Waikilaf (27), el hijo mayor, salió en libertad hace unos meses, pero puede volver a caer en cualquier momento. Hasta ese día, su hermana Carolina (20 años) se tuvo que hacer cargo de asistir a su familia presa y de cuidar a Relmutray, que en vez de ir a jugar a un parque se la pasaba de cárcel en cárcel.
«Hay una violencia y una persecución sistemática de parte del Estado hacia la familia Cadin Calfunao, porque siempre han manifestado sus conflictos territoriales y han tratado de defenderse. Si hay una vulneración sistemática de los derechos humanos de toda una familia, y ahora hay un niño que está en posible posición de vulneración de derechos, por lo que está pidiendo asilo, lo mínimo que tiene que hacer Chile es responder y prestar las medidas necesarias para que no se vulneren sus derechos», argumenta Hernando Silva, coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, ex Observatorio de los Pueblos Indígenas.
Al respecto, el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, señala que «en Chile existe un Estado de derecho que es respetado, por lo que no se reúnen los requisitos para que alguien solicite refugio político». Y agrega que si Suiza pide los informes correspondientes a Chile, «nosotros haremos ver nuestra posición al respecto y entregaremos la información».

Puerta de escape
«El problema de Relmutray es producto de las tierras y de que nosotros estamos detenidos», explica la lonco Juana Calfunao. Un camino construido en 1946 por el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene a esta familia enfrentada con el Estado chileno desde ese entonces. El título de merced, que data de 1913, les da la propiedad de esos terrenos en la comuna de Cunco. Según la familia, las tierras donde se construyó el camino nunca fueron expropiadas ni pagadas, por lo que siguen siendo de ellos. Según el MOP, esas tierras fueron expropiadas de manera legal.

El año 1999 la familia pidió en tribunales la demarcación del terreno, pero según ellos nunca les dieron respuesta. Justo después de eso, la empresa Frontel instaló 20 postes de luz en el camino. El año 2005, con ramas, piedras y carteles, comenzaron a impedir el paso de vehículos por el camino y los tribunales comenzaron a enjuiciarlos por desórdenes públicos. Desde entonces, toda la familia ha estado entrando y saliendo de las dependencias de Gendarmería.

«Los niños mapuches son los más afectados por los allanamientos, junto a los ancianos. Cuando se realizan los allanamientos, con orden de los fiscales, lo hacen de una manera violenta y sufren esta violencia: la utilización de gases lacrimógenos, daño psicológico porque les dicen indios de mierda o ven cómo le pegan a sus familiares. Incluso hay casos en que se actúa violentamente sobre niños», asegura Hernando Silva.

Así también lo demuestra un informe sobre la comunidad José Guiñón, de Ercilla, que realizó el servicio de siquiatría del Hospital de Angol en 2004. «Son niños que han presentado y presentan algún tipo de sintomatología somática asociada al conflicto territorial y judicial; ya sea dolores de cabeza, ojos enrojecidos, sueño poco reparador, cansancio, pesadillas, dolores de estómago, todo esto es ocasional. Presentan, además, baja en rendimiento escolar, problemas de concentración, dificultades en las relaciones interpersonales y resentimiento, entre otros. Todo esto sumado a la vulneración y al contexto en el cual se encuentran inmersos aumenta los factores de riesgo en su desarrollo y les hace vivir una vida diferente de la llevada por otros niños de su edad y condición social», dice el informe.

El documento detalla algunos casos. Por ejemplo, el de Jorge, un niño de 15 años que ha sido golpeado innumerables veces por Carabineros y que incluso en una oportunidad fue detenido; o el de Freddy, de 13 años, que fue amenazado con un arma de fuego. Matías y Jeisi, aunque no han sido agredidos físicamente, han visto cómo golpean y amenazan a su madre, sin poder defenderla.

Por esta razón, organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación al respecto. Uno de ellos es el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que en 2007 recomendó al Estado de Chile «asegurar que los niños y jóvenes indígenas no sean víctimas de brutalidad policial».

Fuente: Memoria Indígena.blogspot.com