Sosa, dijo que como organización, “pedimos al gobierno que pida información adicional a la empresa, para que sea analizada por un comité científico”, y que la respuesta del gobierno fue “incorporar el pedido al expediente”.

El objetivo principal es establecer la veracidad o no de las características de la cuenca; esto es, si es abierta o cerrada. “Es una cuestión técnica que deben resolver los científicos”, dijo el ambientalista.

Por otra parte, manifestó que los dictaminadores “a veces asumimos que la documentación que se nos proporciona es veraz y no se chequean aspectos que deberían corroborarse” y que por tal motivo, “pedimos la reevaluación de este estudio”.

Si bien aclaró que “no es un manto de duda para los profesionales que actuaron en el dictamen”, dijo que el “el procedimiento se basa en información brindada por la empresa y eso es una limitación”.

“Creo que el procedimiento tiene errores de base”, porque se trata de “una visión fragmentada de este tipo de proyectos”, añadió Sosa.

En ese sentido, sostuvo que cuando llega un estudio de impacto ambiental “es común que se dividan en temas puntuales que son analizados por distintos especialistas y cuando se devuelven las conclusiones, se reúne toda la información. Es probable que en esa etapa, se hayan obviado algunos aspectos”.

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